Tribunal Supremo
Tribunal Supremo de Puerto Rico. >Archivo/EL VOCERO

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), podrá continuar con el proceso de contratación para ofrecer los servicios de salud mental en las instituciones penales juveniles bajo la custodia del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ).

Ello, luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico falló a favor de la agencia, que fue demandada por la compañía Professional Consulting Pshycoeducational Services (PCPS), que impugnaba la contratación de la empresa Physician Correctional sin la celebración de una subasta.

“Resolvemos que la contratación de servicios profesionales no requiere celebración de subasta formal, ni informal. Por tanto, el Departamento (de Corrección y Rehabilitación) no estaba obligado a emitir notificación fundamentada respecto a la adjudicación del contrato de servicios profesionales de salud mental”, reza la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Afirma que en consecuencia, el recurso de revisión judicial era improcedente en derecho y procedía su desestimación. 

La impugnación del contrato estuvo durante un tiempo ante los tribunales estatales, lo que incidió en el cumplimiento del DCR con el caso presentado en el 1994 por la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ), presidido por el juez federal Gustavo Gelpí.

La impugnación provocó que se detuviera el proceso de contratación de una nueva compañía para prestar servicios de salud mental a los jóvenes ingresados.

PCPS acudió ante el Tribunal de Apelaciones, foro que  concedió la petición de la empresa de paralizar los procedimientos de contratación de la compañía Physician Correctional.

Posteriormente, el DCR presentó su alegato y sostuvo que no tenía la obligación de realizar una notificación que cumpliera con los requisitos sobre adjudicación de subasta o requerimiento de propuesta.

El 16 de noviembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso que presentó PCPS, tras concluir que carecía de jurisdicción para atenderlo.

Resolver lo contrario, no solamente está en contravención con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, sino que además atrasaría el cumplimiento del Departamento con lo estipulado en United States y. Puerto Rico, Civ. No. 94-2080, y, peor aún, sería en detrimento del deber de preservar adecuadamente la vida de los jóvenes confinados, vidas que, de perderse por una interpretación errada, sería una tragedia irreversible”, afirma la sentencia del máximo foro judicial de la Isla.

El NIJ informó al juez Gelpí que entre julio y el 15 de diciembre se han reportado 63 incidentes de comportamiento suicida o automutilación del centenar de ingresados.

Ante el incumplimiento del DCR en la prestación de servicios, el juez Gelpí convocó a la designación por parte del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, de un panel de tres jueces para determinar si procede o no dejar en libertad a uno o más jóvenes.

El panel es integrado por Gelpí, el juez del Circuito de Boston David Barron y el juez del distrito de Puerto Rico Francisco Besosa.

El panel tiene una vista de status de este caso el 11 de enero.