Ángela Ávila

Ángela Ávila, exdirectora ejecutiva de ASES.

Un gran jurado federal acusó por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico, conspiración para incurrir en lavado de dinero y lavado de dinero a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y otros cuatro acusados.

Las exfuncionarias fueron arrestadas en horas de esta mañana. Los otros cuatro acusados son: el presidente de BDO, Fernando Scherrer y dos contratistas de Educación identificadas como las hermanas Mayra y Glenda Ponce. Fiscalía federal se apresta a ofrecer más detalles en una una conferencia de prensa más adelante.

Según el pliego acusatorio de 44 páginas, los acusados establece que el propósito de la conspiración y el plan para defraudar fue porque utilizaron el puesto de funcionarios públicos dentro del gobierno para beneficiarse y enriquecerse mediante el fraude y el robo de fondos del gobierno.

Además, el pliego señala que los acusados y otros conspiradores intercambiaron comunicaciones por correo electrónico que contenían información interna del gobierno con respecto a los contratos gubernamentales. Los saldos de contratos gubernamentales fueron revelados a empleados no gubernamentales para uso en la presentación de nuevas propuestas de contratos.

El documento indica que la información interna del gobierno fue divulgada a individuos no gubernamentales para ayudar a empresas y particulares en la obtención de contratos públicos. En ese aspecto, las entidades que buscaban contratos gubernamentales utilizaron individuos con inflluencia del gobierno para buscar y obtener contratos con el gobierno.

Asimismo, se detalla que en ocasiones los contratos gubernamentales existentes se cancelaron o terminaron para otorgar un reemplazo a proveedores respaldados y promovidos por personas con influencia del gobierno. Dichos funcionarios del gobierno, según el ‘indictment’, actuaron sobre la base de la afiliación política de los contratistas propuestos.

“Funcionarios del gobierno concedieron a personas no gubernamentales acceso a instalaciones, oficinas, información, y otras operaciones del gobierno a pesar del hecho de que los individuos eran ni empleados ni contratistas del gobierno en el momento en que se concedió el acceso”, reza el ‘indictment’.

El documento establece que esta práctica proporcionó acceso a individuos no gubernamentales para obtener información interna del gobierno y documentación. Esta práctica permitió a los proveedores obtener de las agencias información para la elaboración de propuestas de contrato.

“Funcionarios gubernamentales y empleados utilizaron aplicaciones de mensajería electrónica, incluyendo Telegram, una aplicación de mensajería encriptada que puede ser programada por sus usuarios para que se borren los mensajes de forma programada. Esta aplicación de mensajería encriptada se borró automáticamente. A menudo se utiliza para llevar a cabo negocios oficiales del gobierno”, lee la acusación. 

Otro de los datos relevantes del documento es que los funcionarios del gobierno permitieron a individuos que no trabajaban en agencias ejercer autoridad sobre funcionarios del departamento o agencia. En esa línea, se indica que las personas tergiversaron que poseían un título o cargo dentro del gobierno cuando en realidad el individuo no era ni empleado ni contratista.

Menciona, además, que funcionarios del gobierno utilizaron empleados y contratistas no gubernamentales para realizar servicios y acciones directas a ser realizadas por trabajadores estatales. Los funcionarios del gobierno instruyeron a los contratistas gubernamentales para contratar y pagar individuos para realizar trabajos bajo la dirección del funcionario del gobierno.

Según la acusación, los funcionarios utilizaron esas personas específicas, pagadas a través de contratos gubernamentales, para realizar servicios y funciones fuera del ámbito de los contratos adjudicados.

“Los funcionarios del gobierno utilizaron cuentas de correo electrónico personales e instruyeron a los subordinados para abrir y utilizar cuentas de correo electrónico privadas para realizar negocios oficiales del gobierno”, se establece.

“Los funcionarios gubernamentales enviaron información interna del departamento y la agencia de sus cuentas oficiales de correo electrónico del gobierno a sus cuentas personales de correo electrónico”, añade.

De igual forma, la acusación indica que los contratos con el gobierno se adjudicaron sin cumplir con las disposiciones gubernamentales aplicables, reglamentos y procesos de propuestas competitivas.

En esa línea, se señala que a pesar de las prohibiciones expresas de la subcontratación no autorizada y del pago a los cabilderos, los contratos gubernamentales fueron ejecutados por funcionarios gubernamentales y contratistas que tenían la intención de subcontratar los servicios y pagar comisiones por los contratos adjudicados a través e influencia con funcionarios del gobierno.

“A pesar de las prohibiciones expresas de la subcontratación no autorizada y del pago a los cabilderos, los contratos gubernamentales fueron ejecutados por funcionarios gubernamentales y contratistas que tenían la intención de subcontratar los servicios y pagar comisiones por los contratos adjudicados a través de influencia con funcionarios del gobierno”, continúa leyendo la acusación.

Sin embargo, los “miembros de la conspiración” no revelaron qué partes de los fondos asignados bajo los contratos serían pagados como comisiones por los contratistas para individuos con influencia del gobierno. No obstante, al pagar las comisiones no autorizadas, el costo de los contratos gubernamentales fue “innecesariamente inflado y aumentado”.

“Los funcionarios gubernamentales autorizaron las modificaciones de los contratos que se utilizaron para aumentar el valor de los contratos y para proporcionar empleo a individuos específicos a través de contratistas… Los demandados hicieron declaraciones falsas y tomaron medidas en violación de las leyes federales y de Puerto Rico para solicitar, obtener y adjudicar contratos gubernamentales pagados con el gobierno federal”, lee.