Jorge Santini

Jorge Santini, exalcalde de San Juan.

La defensa del exalcalde de San Juan, Jorge Santini, solicitó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que desestime la querella que le radicó por presuntamente prestar servicios profesionales al Senado al mismo tiempo que cobraba por el trabajo que debió estar realizando para el Comando Estatal de la Guardia Nacional (GN), tras el paso del huracán María.

Los abogados de Santini, María Domínguez y Carlos Abreu, radicaron una moción en la que argumentan que la OEG no tiene jurisdicción en este caso.

A Santini se le imputa utilizar las facultades de su cargo al que fue activado en el servicio militar activo estatal de la GN, para obtener directamente un beneficio económico no permitido por la ley, al prestar al mismo tiempo los servicios objeto de su contrato en el Senado.

Los letrados exponen que en una opinión escrita por la exdirectora de la OEG, Zulma Rosario Vega del 10 de septiembre de 2018, Santini, como asesor legal de la Guardia Estatal durante el periodo de septiembre de 2017 a mayo de 2018 no era un servidor público de la rama ejecutiva, sujeto a las disposiciones de la Ley Orgánica de la OEG “y por ende, la OEG no tiene jurisdicción sobre este”.

“Surge de dicha opinión, la cual precisamente trata sobre si el licenciado Santini Padilla podía prestar servicios al Senado luego de haber sido activado en el servicio militar activo estatal conforme a la OE-2017-047, que los servicios brindados por el licenciado Santini Padilla como asesor de la Guardia Estatal tiene características de una relación contractual y no constituyen un puesto. Por ello, procede la inmediata desestimación de la querella radicada contra el licenciado Santini, presentada de forma arbitraria y en abierta contravención de la posición oficial tomada por la propia querellante, sin justificación o razón alguna”, reza la moción.

Observan que la Ley de la OEG faculta a su director ejecutivo a emitir opiniones sobre las disposiciones de ley que ejecuta.

“Mediante una opinión escrita por la entonces directora ejecutiva de la OEG, la OEG ya emitió su interpretación oficial sobre la ley habilitadora y cómo esta aplica a los hechos particulares que nos ocupan. Al así hacerlo, la OEG decretó que el licenciado Santini Padilla no era un servidor público al momento de los hechos relevantes y de esta forma, dispuso del asunto ante nos. Resulta sumamente revelador el hecho de que la querellante no haya mencionado en lo absoluto su propia opinión oficial, ni en la querella presentada ni previo a la misma”, comenta el documento.

Plantea que de haberlo hecho, la OEG hubiese tenido que proveerle una oportunidad al querellado para expresarse sobre el cambio de su interpretación oficial. 

Plantean que si ello no fuera suficiente, el foro administrativo debe de todas maneras desestimar la querella, debido a que la acción instada por la OEG está prescrita bajo el artículo 7.1 de la Ley 1-2012 de la OEG.

En cuanto al derecho aplicable, argumentan que la Ley de Ética Gubernamental, establece la jurisdicción y alcance de la OEG sobre la conducta de los servidores y exservidores públicos de la Rama Ejecutiva.

“En otras palabras, si no se trata de un servidor o ex servidor público, la OEG no tiene jurisdicción sobre la materia ni, por ende, sobre la persona. De igual forma, de no tratarse de un servidor o ex servidor público, este honorable foro administrativo carece de autoridad y poder para entender en el asunto”, indica el escrito.

Sobre la jurisdicción, los abogados destacan que el 27 de agosto de 2018, el Senado solicitó a Rosario Vega la opinión legal sobre si Santini Padilla podía prestar servicios a ese cuerpo legislativo, luego de haber sido activado en el servicio militar. 

Señalan que Rosario Vega concluyó que los servicios brindados por Santini Padilla como asesor legal de la Guardia Estatal tenían características de una relación contractual y no constituían un puesto.

“Según la propia querellante, el licenciado Santini Padilla tenía flexibilidad de brindar sus servicios de manera presencial, de forma remota, por teléfono o correo electrónico, cuando así fuese necesario y no tenía un horario fijo”, indica la moción.