Ángel Figueroa Cruz

Ángel Figueroa Cruz

Ángel Figueroa Cruz, tercer acusado en el denominado caso de “empleados fantasmas”, hizo alegación de culpabilidad esta tarde ante el juez federal Francisco Besosa.

Figueroa Cruz, quien es el director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, se declaró culpable por el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, tras llegar a un acuerdo con el ministerio público federal.

Como parte del acuerdo el fiscal Timothy Henwood solicitará una sentencia de entre cuatro a10 meses de cárcel. Mientras que los abogados Juan Ramón Acevedo y Edgar Sánchez pedirán probatoria.

Si Figueroa Cruz, hubiese enfrentado el juicio y hubiese sido encontrado culpable se exponía a una pena de hasta 20 años de prisión, a tres años de libertad supervisada y a una multa de hasta $250 mil.

Asimismo, como parte del acuerdo se le desestiman los restantes 11 cargos de fraude electrónico. El ahora convicto no tiene derecho a apelar la sentencia que le imponga Besosa. Este le advirtió que no está obligado a aceptar el acuerdo al que llegó con el gobierno.

Luego de que el fiscal Henwood leyó en corte abierta los hechos del caso, Figueroa Cruz dijo a preguntas del juez que en efecto, era culpable de lo que alegaba la fiscalía.

“Cómo se declara, culpable o no culpable?”, cuestionó Besosa. Figueroa Cruz le contestó “culpable”.

Acevedo destacó que su cliente no recibió dinero como parte del esquema de fraude.

Figueroa Cruz de 58 años, dijo a preguntas del juez que tiene un curso en tecno electrónica.

La vista de sentencia fue señalada para el 16 de enero a las 9:00 a.m.

Los otros dos coacusados en este caso, Chrystal Robles Báez e Isoel Sánchez, se declararon culpables el pasado 8 de agosto.

El ministerio público había anticipado que iba a presentar 30 testigos en este caso y 5,000 páginas de prueba documental.

El trío fue acusado el pasado 30 de mayo, tras ser acusados por un gran jurado de 18 cargos. Estos son conspiración para cometer fraude electrónico, 10 cargos sustantivos de fraude electrónico, un cargo por mal uso de fondos de una entidad que recibe fondos federales -Senado-, robo de identidad agravado y lavado de dinero.

Se alega que desde el 2016 a junio de 2018 los acusados llevaron a cabo su plan de defraudar facturando, aprobando y cobrando por trabajos que no se realizaron en contravención a los términos explícitos de los contratos.

Los acusados trabajaron en campañas electorales para candidatos a cargos electos durante las elecciones del 2016.

Contra Figueroa Cruz pesan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico e intentar hacer mal uso de fondos públicos.

De acuerdo a la acusación, Figueroa Cruz, certificó falsamente como correcta la información contenida en las facturas de pago presentadas por Robles Báez como coordinadora intergubernamental a nombre de Global Instant Consulting Group, Inc.

Esta empresa tenía un contrato para ofrecer asesoría administrativa y política, talleres y relaciones públicas y consultoría.

Robles y Sánchez utilizaron la información personal de unos 25 individuos, sin el conocimiento de estos para dar la impresión de que Robles Báez como coordinadora intergubernamental había brindado los servicios a las víctimas, cuando en realidad nunca se solicitaron ni se brindaron tales servicios.