Proyecto Dignidad

Las legisladoras de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos y Joanne Rodríguez Veve. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

Luego de escuchar los argumentos de las partes, el juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, se reservó su fallo sobre la demanda incoada por las legisladoras de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Janet Burgos, quienes buscan que se declare inconstitucional las órdenes ejecutivas referente a un currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas de la Isla.

El magistrado indicó que dará a conocer su determinación por escrito.

Para no desestimar el caso por falta de jurisdicción, instruyó al abogado de las demandantes, Carlos Padilla, que enmendara el recurso legal para que el análisis “no se quede en el vacío”. La demanda original solo incluía al gobernador Pedro Pierluisi y a la titular de Educación, Elba Aponte. El recurso legal será enmendado a los fines de incluir al Estado Libre Asociado.

Las demandantes impugnan aquella parte de la orden ejecutiva que dispone el desarrollo de un proyecto piloto de escuelas conductivas a promover la equidad de género.

Según la ley, los hallazgos como parte de ese proyecto piloto debían ser presentados ante la Asamblea Legislativa, pero las demandantes aseguran que nunca se sometieron informes y nunca se implantó el programa.

Las legisladoras refutan, específicamente, el lenguaje sobre perspectiva de género en las escuelas que se incluyó en la orden ejecutiva que declara un estado de emergencia por violencia de género y que Pierluisi firmó el pasado 24 de enero. También impugnan las discusiones de otra orden ejecutiva que firmó la exgobernadora Wanda Vázquez en octubre del año pasado.

Los representantes legales de Pierluisi, Juan Carlos Ramírez, Susanne Lugo, Kristia Méndez y Tania Fernández, por su parte, solicitaron la desestimación del recurso legal al argumentar que las demandantes no tienen legitimación activa y que el caso es de “cuestión política”.

Asimismo, plantean que las demandantes no cumplen con los requisitos de un “injunction” preliminar y permanente, ni una sentencia declaratoria, debido a que lo alegado no demuestra sufrir un daño concreto y particularizado.

Afirman que las demandantes se limitaron a manifestar un desacuerdo con una política pública establecida por el estado y por la Asamblea Legislativa, previo a que fueran electas como legisladoras.

Exponen que el Tribunal no tiene la potestad para intervenir con otra rama para disponer si una política pública es o no incómoda, buena, sabia o determinar cuál es el currículo adecuado para el sistema de educación pública. Esto fue establecido por la legislatura al delegar la facultad expresamente mediante la Ley número 85-2018 al secretario de Educación.

“Las demandantes están en todo su derecho de diferir de las medidas adoptadas necesarias y apropiadas para atajar la violencia de género, pero no por ello ostentan legitimación para impugnar el ejercicio legítimo del poder ejecutivo”, reza la moción de desestimación.

Durante la audiencia, Padilla afirmó que en la medida en que la rama ejecutiva pretende mediante órdenes ejecutivas extender el proyecto de escuelas conductivas, “se vulnera el mandato que le dio la Asamblea Legislativa y en esta medida se priva a nuestras representadas a evaluar el resultado del proyecto piloto”.