Francisco Besosa

El juez federal Francisco Besosa. >Archivo/EL VOCERO

El juez federal Francisco Besosa sentenció a 10 años de prisión al exabogado Alejandro Carrasco, quien fue encontrado culpable por participar en un esquema de soborno junto al convicto exalcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa.

El 11 de diciembre de 2019, Carrasco fue encontrado culpable por un jurado por cuatro cargos por soborno con respecto a programas que reciben fondos federales.

El convicto de 65 años, brindaba servicios legales a los municipios de Barceloneta, Río Grande y Juncos.

Según la prueba presentada durante el juicio en su contra, Carrasco aceptó más de $180 mil en sobornos a cambio de ayudar al “Contratista A”, a obtener más de $2.3 millones en contratos municipales. 

La evidencia también reveló que Carrasco instó al contratista a sobornar a otros funcionarios públicos de los municipios.

Según la acusación, entre febrero de 2010 a febrero de 2012, Rivera Correa recibió aproximadamente $39 mil en pagos en efectivo de una persona conocida como "Contratista A". El ex ejecutivo municipal se declaró culpable por estos hechos y fue sentenciado a 64 meses de cárcel.

Los pagos que hacía el "Contratista A" al exalcalde eran con la intención de influenciar los negocios que hacía con el municipio.

Uno de los contratos por inspección de trabajos de construcción fue por $98 mil y otro por $171 mil y renovaciones futuras.

El exalcalde intentó extorsionar al "Contratista A". Rivera Correa le exigió $4 mil en efectivo a ese contratista para comprar boletos para una cena política a cambio de continuar haciendo negocios con el Municipio de Río Grande.

Los cargos siete y ocho explican cómo en dos ocasiones diferentes, el exalcalde obstruye la justicia mediante amenaza al "Contratista A" durante conversaciones que fueron grabadas.

El exalcalde trató de impedir que el "Contratista A" cooperara con las autoridades y de que compareciera ante el Gran Jurado.

La acusación detalla cómo Carrasco solicitó pagos al "Contratista A" en varias ocasiones, disimulados como honorarios legales, para influenciar los negocios que el empresario hacía con varios municipios.

Específicamente, en el año 2009 el "Contratista A" pagó $24 mil a Carrasco por obtener un contrato de $120 mil en el Municipio de Barceloneta por servicios de construcción.