Irving Torres

Torres Rodríguez se declaró culpable en junio de 2018. >Archivo/EL VOCERO

El juez federal Pedro Delgado sentenció a cinco años de probatoria a Irving Riquel Torres Rodríguez, coacusado junto al exsecretario de Recreación y Deportes Ramón Orta, por participar en un esquema de fraude en cerca de $10 millones a los departamentos de Educación y Vivienda para la obtención de contratos y por participar en otro caso de corrupción junto al convicto exalcalde de Sabana Grande, Miguel “Papín” Ortiz Vélez.

Previo a ser sentenciado, Torres Rodríguez expresó su arrepentimiento por los delitos cometidos.

“En primer lugar, quiero expresar mi total arrepentimiento de lo que pasó. Mi intención no era hacerle daño a nadie… Es una experiencia que me costó el matrimonio y ha costado mucha pena y sufrimiento”, aseveró el convicto.

Contra el convicto pesaban cargos por conspiración, robo de fondos federales, fraude electrónico, fraude postal y conspiración para lavar dinero.

El 20 de junio de 2018, Torres Rodríguez se declaró culpable por ambos casos. Ello, luego de que su abogado Israel Roldán, llegó a un acuerdo con el fiscal Seth Erbe para que recomendara una sentencia de 12 meses y un día de cárcel.

Si Torres Rodríguez hubiese enfrentado juicio, se hubiese expuesto a una pena máxima de 10 años de cárcel, a una multa de $250 mil y a tres años de libertad supervisada.

Su representante legal solicitó al juez que lo sentenciara a probatoria, ya que además de aceptar su responsabilidad, cooperó con las autoridades en ambos casos. 

De igual forma, el letrado pidió que le permitiera cuidar a su hijo, a quien le aqueja una condición de salud por la cual tiene que ser sometido a una cirugía en Seattle, Washington.

Mientras, el fiscal Erbe indicó que Torres Rodríguez participó en sendos esquemas para la obtención de contratos con fondos federales sin pasar por el proceso de subasta. Por estos esquemas obtuvo una alta remuneración económica. 

De acuerdo al documento del acuerdo de culpabilidad, el gobierno le incautó $1,025,706.03 contenidos en tres diferentes cuentas en Popular Securities. Las pérdidas económicas de fondos federales, producto de los esquemas, fueron estipuladas por las partes en $3.5 millones.

Torres Rodríguez era el presidente y tesorero de Administrative, Enviromental and Sports Consultants Corp., a quien Orta le otorgó contratos por servicios profesionales para la consultoría de propuestas  entre enero a junio de 2013.

Desde septiembre de 2013 a noviembre de 2014 recibió $762,642,50.

La exesposa del convicto, Cecilia López Amador, también fue acusada en ese primer caso y se declaró culpable por escribir y someter propuestas al Departamento de Educación a nombre del Departamento de Recreación y Deportes. 

Mientas, por el caso de Sabana Grande, la fiscalía federal alegaba que se reunió con el exejecutivo municipal para obtener fondos federales del Departamento de Educación de forma fraudulenta. 

Los fondos se obtuvieron a base de declaraciones falsas sobre la capacidad que tenía el ayuntamiento para realizar las actividades y el alcance de las actividades sujetas a las propuestas.

Las ganancias de estos fraudes se distribuyeron entre el municipio de Sabana Grande y la compañía Administrative Environmental and Sports Conultants (AESC), compañía de Torres Rodríguez.