Miguel Sosa

En la imagen Miguel Sosa Suárez. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

El juez federal Pedro Delgado sentenció a tres años de probatoria a Miguel Sosa Suárez, coacusado por participar en un fraude en $10 millones junto al extitular del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta y otras cinco personas.

Sosa Suárez hizo alegación de culpabilidad el 12 de abril de 2018 por los cargos de fraude postal y conspiración para lavado de dinero, tras llegar a un acuerdo con el ministerio público.

Sosa Suárez fue acusado originalmente por un gran jurado el 20 de junio de 2017 por conspiración, robo de fondos federales, fraude electrónico, fraude postal y conspiración para cometer lavado de dinero.

El abogado del convicto Juan Ramón Acevedo había solicitado una sentencia de probatoria. Mientras, el fiscal Seth Erbe había pedido una pena de 12 meses y un día de cárcel.

Según la acusación, Sosa Suárez solicitó a la “Persona A” presentar servicios para dos programas de televisión distintos y luego facturar a Rosso Group por la totalidad de los servicios.

Los dos programas de televisión eran: VEA y DRD.TV.

Suárez le requirió a la “Persona A” que aumentara el monto de la factura de aproximadamente $16,750 a $39,470 por episodio, para la producción de ambos programas. De esta manera podían pagar los programas, ya que DRD.TV no se había incluido en el contrato entre el DRD y la Administración de Vivienda Pública. 

Se infló la factura para tener dos programas de televisión en vez de uno y un sobrante para repartir entre Sosa Suárez y Rosso Group. En el 2015 Sosa Suárez recibió $311,345.30.

En este caso fueron acusados además, el existente de Orta Edgardo Vázquez Morales, Oscar Rodríguez Torres fundador y dueño de Rosso Group; Juan Carlos Ortiz Nieves, propietario de Sports Consultants; Irving Torres Torres Rodríguez, quien era presidente de Administrative Enviromental and Sports Consultants Corp., y su esposa Cecilia Amador López. 

Todos los acusados se declararon culpables por este caso.

Orta fue sentenciado a 12 meses de detención domiciliaria y seis meses en prisión; Torres Rodríguez a cinco años de probatoria; Amador López a un año de probatoria; Ortiz Nieves a tres años de probatoria y Vázquez Morales a tres años de probatoria.

Según el pliego, los acusados utilizaron las ganancias de las transacciones ilegales para crear empresas, abrir cuentas bancarias, recibir y realizar transacciones monetarias, pagar “kickbacks” y pagar gastos de otros coconspiradores como mejoras al hogar y pagos de autos.

Orta Rodríguez utilizó su posición como secretario del DRD para solicitar fondos federales del Departamento de Educación (DE) y la Administración de Vivienda Pública, utilizando información falsa sobre la capacidad de su departamento para llevar a cabo las actividades sujetas a las propuestas. Orta firmó contratos entre el DRD y la compañía Rosso, sin que esta empresa entablara un proceso de licitación o evaluación para los servicios prestados en virtud de contratos con el DE y Vivienda.