Ramón Orta

Ramón Orta, exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

El exsecretario de Recreación y Deportes Ramón Orta, acusado por participar en un esquema de fraude de $10 millones, fue sentenciado por el juez federal Pedro Delgado a seis meses de prisión y 12 meses de confinamiento domiciliario y a dos años de libertad supervisada.

La vista de Orta, de 40 años, se celebró de forma virtual, como medida de seguridad por la pandemia del Covid-19.

Previo a ser sentenciado, el exfuncionario expresó arrepentimiento por los actos cometidos.

“No paso ni un solo día en que no pienso en este asunto, mi arresto, las acusaciones, la cobertura de los medios, el juicio de la sociedad sobre mi persona y todo lo que he vivido hasta el día de hoy. Todo lo antes mencionado me llevan a un profundo arrepentimiento de no haber tomado un rol más activo de los procesos administrativos del Departamento siendo secretario. Mi enfoque fue trabajar con todas las agencias deportivas… mi enfoque fue el establecimiento de política pública y de proyectos de servicio directo, delegando los procesos administrativos. Esa fue mi realidad, su señoría, no es una excusa. Como antes he mencionado, estoy bien arrepentido de no haber estado presente en decisiones administrativas. Como secretario era responsable de todo pero, que no controlaba nada”, señaló Orta durante su alocución.

Afirmó que este proceso se derrumbó todo su desarrollo profesional, afectando las posibilidades de empleo.

“Aunque el gobierno al final reconoce que no hubo perdida de fondos públicos, ni enriquecimiento de mi parte y que los servicios se realizaron, no se alivia el sufrimiento, las largas noches, la desolación y tristeza por el proceso. Daría lo que fuera por retroceder el tiempo y tener la oportunidad de enmendar mis errores, que me acompañarán por el resto de mi vida y que tendré que aprender a vivir con ellos”, agregó.

Mientras, uno de sus abogados, Francisco Rebollo planteó que en este caso no hubo pérdidas de fondos públicos, que su cliente no obtuvo ni un solo centavo de ese dinero y que los servicios contratados se proveyeron.

“Orta ha sufrido suficiente. Era un joven con una prometedora carrera pero, que se desvaneció desde el momento que los cargos le fueron radicados”, manifestó.

Mientras, el otro abogado, el exjuez federal José Fusté comentó que el Negociado Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), no ha sabido manejar la situación ocasionada por la pandemia por el coronavirus, por lo que solicitó a Delgado que tuviera en consideración esta situación al imponer la sentencia.

Mencionó que el proceso de entrevista del oficial de probatoria anterior al que tiene actualmente fue “extremadamente perturbadora”.

“Para mí, una persona que he practicado la ley durante en diferentes facetas…es triste ver cómo los jueces no conocen lo que realmente pasa tras bastidores. Lo que tenemos ante nuestra consideración es otra cosa. No quisiera volver a estar en posición de sentenciar a nade. Lo hice por 30 años y le digo que es el tipo de cosa que no quiero tener en mi conciencia. He descubierto que lo que llega ante nosotros no es lo que realmente es. Le pido que considere lo que paso aquí”, acotó el exjuez.

Orta hizo alegación de culpabilidad el 2 de octubre de 2019 por mal uso de fondos públicos, tras llegar a un acuerdo con el fiscal federal Seth Erbe, quien recomendó una sentencia de 18 meses.

Si Orta hubiese enfrentado el juicio en su contra, se hubiese expuesto a una sentencia de hasta 10 años de cárcel, a una multa de $250 mil y a cinco años de libertad supervisada. 

Los coacusados Edgardo Vázquez Morales, Oscar Rodríguez Torres. Vázquez Morales era el ayudante de Orta y Rodríguez Torres era el fundador y dueño de Rosso Group, el contratista Miguel Sosa Suárez e Irvin Riquel Torres Rodríguez, expresidente y tesorero de Administrative Envorimental and Sports Consultants y los esposos Cecilia Amador y Juan Carlos Ortiz Nieves, propietarios de Sports Consultants, hicieron alegación de culpabilidad por este caso. 

El pliego alegaba que los acusados conspiraron desde el 2013 hasta el 2016 para obtener fraudulentamente fondos federales administrados por el Departamento de Educación y Vivienda Pública.

La acusación contenía un total de 50 cargos. Nueve fueron por fraude electrónico, dos cargos por fraude postal, soborno, cinco cargos por robo de identidad agravado y 27 por lavado de dinero.

Según el pliego, los acusados utilizaron las ganancias de las transacciones ilegales para crear empresas, abrir cuentas bancarias, recibir y realizar transacciones monetarias, pagar “kickbacks” y pagar gastos de otros coconspiradores como mejoras al hogar y pagos de autos.

La acusación alega que Orta Rodríguez le otorgó un contrato a Sosa Suárez por servicios profesionales por concepto de consultoría por $45 mil, de enero a junio de 2013.

Asimismo, extitular del DRD otorgó a Torres Rodríguez un contrato de servicios profesionales por consultoría de propuestas por $11,700.

Amador López escribió y sometió propuestas al Departamento de Educación a nombre del DRD.

Ortiz Nieves, creador y propietario de Sports Consultants Corp., recibió aproximadamente $72 mil.

Rosso Group, creada en febrero de 2013 para financiar proyectos otorgados por Orta. Rosso recibió $8,767,446.52 en fondos federales como parte del esquema.

Global Sports Initiative, organización sin fines de lucro y promotora de eventos de boxeo, administrada por Sosa Suárez. Global fue otra de las compañías que se utilizó para recibir dinero producido por el esquema. 

Específicamente, $300 mil de Rosso y $200 mil de Recreación y Deportes.

Mientras, que Administrative, Enviromental and Sports Consultants Corp (AESC), corporación con fines de lucro, la cual recibió $554,246.89, producto del esquema.

De acuerdo a la acusación, Orta Rodríguez negoció un contrato de arrendamiento con Ortiz Nieves para que el DRD utilizara parte de la propiedad como una instalación deportiva recreativa por cinco años a razón de $14,500 mensuales.

Esta cantidad excedía el el precio de $8,500 originalmente propuestas por Ortiz Nieves. Se alega que este último creó Sports Consultant para transferir fondos de la “Sucesión A”, para pagar los “kickback” en efectivo a Orta Rodríguez y Vázquez Morales.

Según la acusación, los imputados utilizaron la posición de Orta en el gobierno para beneficiarse, enriquecerse y defraudar a los Estados Unidos y al gobierno estatal.

Según el ministerio público, Orta Rodríguez utilizó su posición como secretario del DRD para solicitar fondos federales del DE y la Administración de Vivienda Pública utilizando información falsa sobre la capacidad de su departamento para llevar a cabo las actividades sujetas a las propuestas. Orta firmó contratos entre el DRD y la compañía Rosso, sin que la compañía entablara un proceso de licitación o evaluación para los servicios prestados en virtud de contratos con el DE y Vivienda.