Juez

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La jueza federal Aida Delgado sentenció a 18 meses de probatoria a Iovaska Claudio Vargas, exempleada de la extitular del Departamento de Educación Julia Keleher, acusada por un gran jurado por ofrecer información falsa a través de documentos oficiales de Vivienda federal y Medicaid.

Claudio Vargas, de 34 años debe restituir cerca de $3 mil. Esta se acogió a un plan de pago por el cual hará desembolsos mensuales en $100 mensuales.

La convicta fue arrestada el pasado 7 de diciembre por agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación (OIG), Claudio Vargas se declaró culpable por este caso el pasado 30 de mayo ante la magistrada Camille Vélez Rivé. La convicta hizo alegación de culpabilidad sin llegar a un acuerdo con la fiscalía por los delitos que alega el pliego acusatorio.

Si la convicta hubiese enfrentado el juicio en su contra se hubiese expuesto a ser sentenciada a un máximo de seis meses de prisión y hasta un máximo de tres años de libertad supervisada.

Claudio Vargas, quien no hizo alocución, estuvo acompañada en sala de varios familiares, entre ellos, sus hijos.

La fiscal destacó que la fémina aceptó su culpa “rápidamente”, mostró su remordimiento y expresó su intención de enmendar el error que cometió.

Mencionó que esta trabaja como empleada doméstica, ya que quiere independizarse de las ayudas del gobierno federal.

La jueza destacó que Claudio Vargas fue víctima de violencia de género, que era primera ofensora y que cualificaba para probatoria.

Delgado señaló que, como parte de sus condiciones de libertad, la convicta se tiene que registrar en un programa de estudio y empleo y a someterse a tratamiento psicológico.

“La saga para ella terminó aquí”, expresó el abogado de la convicta Allan Rivera al ser abordado por la prensa a su salida del Tribunal Federal.

Aclaró que el caso contra su representada no está relacionado al caso de Keleher, sino por mentir en relación al programa federal conocido como Plan 8 y al Medicaid por ocultar que recibía una compensación económica como asistente de la exsecretaria de Educación.

Una declaración jurada de un agente del OIG señala que Claudio Vargas recibía unos $800 mensuales de Vivienda Federal para subsidiar el apartamento en el que residía.

Informó en los formularios de HUD que no trabajaba y que solo recibía $400 mensuales por pensión alimentaria. Claudio Vargas certificó que había leído y que entendía las consecuencias de violar el estatuto -perjurio- por ofrecer información falsa en el formulario.

De igual forma, 28 de agosto de 2018 Claudio Vargas firmó un formulario de Medicaid en el cual indicaba que no trabajaba y que solo recibía $400 por pensión alimentaria.

El 6 de enero de 2017 la convicta le envió un correo electrónico a la “Oficial Público 1” del Departamento de Educación (Keleher) en el que “se le presentó y le pidió ayuda con un asunto personal.

Claudio Vargas se identificó como la esposa de la “Persona 2”, un agente de la Policía de Puerto Rico que conocía a la “Oficial Público 1” desde el 2016 y que ha sido parte de su escolta” (de Keleher).

La pesquisa reveló que Claudio Vargas y la “Persona 2”, -el exescolta de Keleher- están casados legalmente.

De acuerdo al documento, el 6 de enero de 2017 Claudio Vargas le solicitó a la “Oficial 1”, información y requisitos para solicitar el examen para obtener el diploma de escuela superior.

Se indica que ese “Oficial 1” le solicitó a sus ayudantes información sobre la petición de información de la acusada.

Poco después, la “Oficial 1” le envió a Claudio Vargas la información solicitada para la obtención el diploma de cuarto año.

La pesquisa reveló que en febrero de 2017 la “Oficial 1”, autorizó una tarjeta de crédito a nombre de Claudio Vargas para que le hiciera “recados personales”. Se destaca que algunas de esas transacciones fueron hechas “a vendedores localizados cerca de la residencia del Oficial 1”.

Entre febrero y junio de 2017 la “Oficial 1” tomó acciones oficiales para que Claudio Vargas fuera empleada del Departamento de Educación. Mientras tanto, Claudio Vargas utilizaba la tarjeta de crédito casi a diario hasta julio de 2018 para hacer compras en supermercados, restaurantes, pagos de facturas por servicios de tintorería, entre otros.

Entre diciembre de 2017 a abril de 2018, Claudio Vargas y la “Oficial 1” se comunicaban constantemente a través de correos electrónicos sobre su trabajo como asistente personal de la “Oficial 1”.

Entre sus tareas figuraban: “coordinar el mobiliario del apartamento de la Oficial 1, la compra de electrodomésticos y recoger su correspondencia.

Se detalla que como parte de la “vigilancia” por parte de las autoridades, en octubre de 2018, se muestra (en un video) a Claudio Vargas entrando al complejo de apartamentos donde residía la “Oficial 1”, estacionando su vehículo.

En los videos de las cámaras de seguridad se ve a la convicta cargando la ropa que venía de la tintorería.

El 13 de noviembre de 2018 Claudio Vargas reconoció que recibe compensación en efectivo como asistente de la “Oficial 1” desde febrero de 2017.

“Claudio Vargas reconoció que usaba diariamente el vehículo de la “Persona 2”, (su esposo y escolta de Keleher) y que tenía acceso al estacionamiento en la residencia de la Oficial 1 para poder hacer su trabajo”, indica el documento legal.

La convicta admitió además que no reportó sus ingresos a HUD ni a Medicaid mientras trabajó para la “Oficial 1”.

Asimismo, se menciona que en los expedientes del Departamento de Hacienda no figura la W-2 de Claudio Vargas.