Orta

Ramón Orta, exsecretario del DRD. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

El exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta y su exayudante Edgardo Vázquez Morales, acusados por participar en un esquema de fraude de $10 millones, serán sentenciados mañana por el juez federal Pedro Delgado.

  Orta hizo alegación de culpabilidad el 2 de octubre de 2019 y Vázquez Morales el 13 de febrero de 2018, tras llegar a acuerdos, de forma separada con el fiscal Seth Erbe.

El abogado de Orta, Francisco Rebollo llegó a un acuerdo para que su cliente sea sentenciado a 18 meses de prisión. Este hizo alegación de culpabilidad por robo de fondos federales.

Mientras, que representante legal de Vázquez Morales, Manuel San Juan, solicitará una pena de probatoria y/o confinamiento comunitario y a restituir $5,000.

Vázquez Morales de 57 años, se declaró culpable de dos cargos por conspiración, uno por robo de fondos federales y uno por soborno. Los restantes cargos -robo de identidad agravada y lavado de dinero- le serán desestimados hoy.

Otros coacusados por este caso fueron Oscar Rodríguez Torres fundador y dueño de Rosso Group; el propietario de Sports Consultants; el contador público autorizado y contratista Miguel Sosa Suárez; Torres Rodríguez, quien era presidente de Administrative Enviromental and Sports Consultants Corp., y su esposa Cecilia Amador López. 

Todos se declararon culpables. 

El pliego alegaba que los imputados conspiraron desde 2013 hasta 2016 para obtener fraudulentamente fondos federales administrados por el Departamento de Educación y la Administración de Vivienda Pública.

La acusación contenía un total de 50 cargos. Nueve fueron por fraude electrónico, dos por fraude postal, soborno, cinco por robo de identidad agravado y 27 por lavado de dinero.

Según el pliego, los acusados utilizaron las ganancias de las transacciones ilegales para crear empresas, abrir cuentas bancarias, recibir y realizar transacciones monetarias, pagar “kickbacks” y pagar gastos de otros coconspiradores como mejoras al hogar y pagos de autos.

 

La acusación alegaba que Orta le otorgó un contrato a Sosa Suárez por servicios profesionales por concepto de consultoría por $45,000, de enero a junio de 2013.

 

Asimismo, el entonces titular del DRD otorgó a Torres Rodríguez un contrato de servicios profesionales por consultoría de propuestas por $11,700. Por su parte, como parte del esquema Amador López escribió y sometió propuestas al Departamento de Educación a nombre del DRD.