Departamento de Justicia

Sede del Departamento de Justicia. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

El Negociado de la Policía, principalmente la División de Robos a Bancos, ha culminado decenas de investigaciones y otras están en curso en las Divisiones de Delitos Contra la Propiedad y Ayuda Juvenil en el Cuerpo de investigaciones Criminales (CIC), en relación a los casos de fraude al Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico (PUA, por siglas en inglés PUA).

Oficiales de la Uniformada han señalado que muchas de las pesquisas se quedaron en el limbo cuando los fiscales asignados a los casos, Alexis Carlo y Lourdes Acevedo, fueron designados jueces.

La fiscal Brenda Rosado, que tiene en sus manos decidir la radicación de casos contra estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola, al culminar el año no había ordenado la presentación de casos ante un tribunal.

No hay estadísticas en la Policía, más allá de 76 arrestos en 69 intervenciones realizadas por los agentes de la División de Robos a Bancos desde mediados de junio.

Las intervenciones han resultado en la radicación de cargos contra 33 individuos, de los cuales uno se declaró culpable. Los otros están pendientes de radicarse. En las 69 intervenciones se evitó la apropiación de $493,364 de fondos del PUA.

Decenas de casos, entre ellos la de empleados públicos, están en manos de agentes del NIE y otros están siendo investigados por el FBI y otras agencias federales.

Los fraudes contra el PUA continúan, aunque con menos arrestos, los dos últimos el pasado 23 de diciembre.

Los investigadores esperan que el nuevo secretario de Justicia, Domingo Emanuelli agilice los casos en la agencia, indicaron fuentes de EL VOCERO.

Este medio solicitó la reacción de Justicia, pero hasta ayer no hubo respuesta.

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