Héctor O'Neill

Héctor O’Neill, exalcalde de Guaynabo.

La representación legal de una exempleada del Municipio de Guaynabo que demandó al ayuntamiento por alegadamente ser víctima de hostigamiento sexual por parte de Héctor O’Neill Rosa, hijo del exejecutivo municipal, Héctor O’Neill García, solicitó a la magistrada Silvia Carreño que le ordene a la Oficina de los Alguaciles Federales tramitar la citación del expolítico para que comparezca como testigo en este caso.

José Quetglas, representante legal de la demandante Inés María Jelú Iravedra, exabogada del municipio, explicó que su solicitud responde a que a pesar de haber contratado a un emplazador, no han podido dar con el expolítico tras haber cambiado de domicilio.

Observa que durante la fase de descubrimiento de prueba en este caso, la demandante entregó con éxito la citación al exalcalde. No obstante, el pasado 8 de octubre, el emplazador acudió a la residencia a donde había ido anteriormente y una mujer que no se identificó, le informó que el exalcalde ya no residía en el lugar y que desconocía la nueva dirección.

Expuso que el testimonio de O’Neill García es importante para caso de la demandante. El juicio fue señalado para el 17 de octubre.

Lo que habría acontecido

El 31 de marzo de 2016 Jelú Iravedra, demandó en el Tribunal Federal a O'Neill Rosa por incurrir en un patrón de hostigamiento que incluye contacto físico no consentido, explícitas invitaciones a sostener relaciones sexuales, persecución y acecho y llamadas a todas horas, que provocaron un ambiente de trabajo abusivo y hostil

El recurso legal indica que el demandado le decía a la demandante que si no se sometía a sus avances sexuales, iba a buscar que la despidieran porque él influenciaba en las decisiones de empleo tomadas por su padre.

La demandante alega que el ayuntamiento sabía de este patrón de conducta ilegal y que falló en tomar las acciones correctivas y apropiadas. De igual forma, alega que el municipio incurrió en un patrón de represalias.

Jelú Iravedra trabajó como abogada en la División Legal del ayuntamiento desde el 15 de julio de 2012 hasta el 15 de julio de 2015.

Mientras, el exalcalde enfrenta dos casos de agresión sexual en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.