abel nazario

El exsenador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario. >Archivo/EL VOCERO

El exalcalde de Yauco Abel Nazario, convicto por ofrecer declaraciones falsas sobre el uso de fondos federales del Departamento del Trabajo, fue sentenciado por el juez federal Joseph Laplante a un año y seis meses de prisión y a tres años de libertad supervisada, una vez extinga la pena de cárcel.

Durante la vista virtual de sentencia realizada ayer, el juez concluyó que el otrora senador debe pagar una restitución a las víctimas (empleados municipales). Sobre el particular, instruyó a la defensa y al ministerio público a ponerse de acuerdo en una fecha, a fin de señalar una vista en la que impondrá el pago.

Los abogados del convicto, María Domínguez, Carlos Andreu, Edgar Vega y Javier Micheo, argumentan que la restitución debe ser en unos $6 mil. Mientras, que los fiscales Scott Anderson y Myriam Fernández plantean que debe ser $27 mil.

Laplante ordenó a Nazario a entregarse a las autoridades el 19 de mayo.

El legislador tiene pendiente un segundo caso ante el juez federal Francisco Besosa por el supuesto desvío de fondos del municipio para su campaña política .

Previo a ser sentenciado Nazario dijo que aceptaba el veredicto del jurado, así como la pena que le iba a imponer Laplante.

“Me siento honrado por haber servido a mi País por sobre 30 años consecutivos y porque pude lograr los sueños de mucha gente en Yauco y tratar de hacer lo mejor de mi querido pueblo de Yauco”, expresó Nazario.

Le agradeció a su familia, amistades y a la defensa por haberlo apoyado durante el proceso judicial.

“Sé que no podré hacer lo que siempre he amado, el servicio público, pero le estoy pidiendo que me dé la oportunidad de estar con mi padre en sus últimos días de vida… Tengo la conciencia tranquila y quiero agradecer a Dios por haberme dado fuerzas durante todo este proceso”, aseveró Nazario.

Mientras, Domínguez, quien solicitó -sin éxito- una sentencia de probatoria, le planteó al juez que su cliente no se lucró, ya que no tomó el dinero del ayuntamiento para echárselo al bolsillo.

Describió a su representado como una persona trabajadora y generosa, la cual le dedicó su vida al servicio público.

Destacó que su cliente era un político atípico en Puerto Rico, ya que se redujo su salario cuando fue alcalde de Yauco.

“Abel se dio a cada uno de sus constituyentes, que eran su familia extendida”, dijo Domínguez, quien comentó que recibieron múltiples cartas a favor de Nazario.

Entretanto, el juez identificó los nombres de las personas que enviaron cartas a favor del exalcalde. Entre estos figuran: el exsenador Eduardo Bhatia, el representante José Aponte, los senadores Carmelo Ríos, Henry Newman y Gregorio Matías, el exsenador Héctor Martínez y los exrepresentantes Albita Rivera y José Rivera Guerra.

Por su parte, el fiscal Anderson pidió al juez que le impusiera cárcel a Nazario para enviar un mensaje sobre las consecuencias de mentir al gobierno y como disuasivo a otros servidores públicos.

“Debemos promover el respeto por la ley. No se puede subestimar lo que hizo por haber ayudado a su comunidad por 36 años. Fue convicto por mentir a sus constituyentes”, mantuvo Anderson.

Agregó que “el sí es el político típico. El hizo lo que hizo porque era su trabajo. Como alcalde de Yauco tenía que velar por sus constituyentes”, apuntó.

Entretanto, Laplante afirmó que Nazario cometió un delito serio.

“Me impactó una foto en la que se ve a usted repartiendo los cheques a sus empleados. Parecía que quería presentarse ante su comunidad como un benefactor, un salvador, lo que creo que no era apropiado porque no era su dinero… eran puestos públicos, eran fondos públicos”, manifestó Laplante.

En mayo de 2013, durante una auditoría rutinaria de los registros del municipio, la Oficina del Contralor descubrió que los empleados municipales tenían que trabajar dos horas voluntarias por día. Esta irregularidad fue referida a la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo Federal (WHD, por sus siglas en inglés), que determinó que este requisito de trabajo voluntario era una violación de la Ley de Normas Laborales (Fair Labor Standards Act).

En febrero de 2015, Nazario Quiñones firmó un acuerdo de pago de salarios retroactivos con la División de Horas y Salarios del WHD en el que acordó pagar salarios por un total de $588,961.43 a 177 empleados municipales. Estos pagos retroactivos incluían el período del 1 de agosto de 2012 al 31 de julio de 2014.

El acuerdo enumeraba a cada empleado al que se le adeudaba un salario, el monto que se les debía y la fecha en que cada empleado debía recibir el pago. El acuerdo permitía al municipio hasta febrero de 2018 para completar los pagos.

En agosto de 2016, durante la próxima auditoría rutinaria de los registros del Municipio, la Oficina del Contralor supo que, aunque los empleados habían recibido pagos de lo que se les debía según el acuerdo al que Yauco había llegado con el WHD, el Municipio comenzó a retener los salarios regulares de los empleados. Esto sin el conocimiento de estos o el consentimiento del WHD.