Tribunal Supremo

Tras el pedido de revisión que hizo el Senado, el Tribunal Supremo hizo valer la Constitución del Estado Libre Asociado.

En una decisión histórica, los nueve jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyeron que el abogado Pedro Pierluisi Urrutia juró inconstitucionalmente al cargo de gobernador tras la dimisión de Ricardo Rosselló.

El máximo foro judicial de la Isla concluyó que es inconstitucional la cláusula que añadió la Ley número 7-2005 al artículo 1 de la Ley número 7 de julio de 1952 para permitir que un secretario de Estado se convierta en gobernador sin que sea confirmado por ambas cámaras legislativas.

“Por consiguiente, aunque la juramentación del secretario de estado como gobernador en propiedad sin el aval del Senado, se hizo al amparo de la ley vigente entonces, el decreto de inconstitucionalidad que en este momento emitimos respecto a esa parte de la ley produce el resultado de que la toma de posesión del cargo del gobernador fue inconstitucional. Por ende, el hon. Pedro Pierluisi Urrutia no puede continuar en el cargo de gobernador a partir del momento en que esta opinión y sentencia sea efectiva”, reza la sentencia.

En la opinión de los togados, escrita por el juez asociado Rafael L. Martínez Torres, se indica que reconocen la viabilidad jurídica de que Pierluisi Urrutia juramentara como gobernador, bajo la premisa jurídica de que toda ley se presume constitucional y validada hasta que se determine lo contrario.

Aval de Cámara y Senado

La determinación concluye que el secretario de Estado no puede ser gobernador por el resto del cuatrienio sin ser antes el secretario de Estado en propiedad y que para serlo tiene que contar con el aval de ambas cámaras legislativas.

“Lo que no podemos aceptar es la argumentación del secretario nominado para aseverar que el Senado perdió su autoridad para considerar su nominación como secretario de Estado, porque como él había tomado posesión del cargo mientras las cámaras legislativas estaban en receso, se podía adelantar a juramentar como primer ejecutivo al concretarse la vacante en ese cuerpo”, precisa el escrito.

Expresa que la juramentación de un gobernador en propiedad para completar el término para el que otra persona fue elegida, requiere la participación de los legisladores electos, en representación del pueblo de Puerto Rico.

“Este principio legal no está en disputa como lo demuestra la actuación responsable del gobernador saliente de citar una sesión extraordinaria para que ambas cámaras legislativas consideraran el nombramiento de receso del secretario de Estado. Esa convocatoria no hizo más que reconocer que un nombramiento en receso no puede ser razón para trastocar el fino balance de pesos y contrapesos que sostiene nuestra estructura política”, menciona.

Mantiene que la exclusión del proceso de una o de ambas cámaras legislativas es precisamente el esquema que la Convención Constituyente quiso evitar cuando requirió que el secretario de Estado fuera confirmado tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes.

“Si tanto Cámara como Senado son excluidos del proceso se vulnera la legitimidad democrática del nuevo gobernador. Este estaría en funciones sin el aval directo o indirecto del pueblo, pues nadie le eligió ni se le ratificó previamente como secretario de Estado”, indica.

Prevalece lo establecido en 1952

Se afirma que la norma constitucional no se establece por la conveniencia del momento.

Expone que la norma imperante la estableció el pueblo de Puerto Rico en 1952, cuando ratificó la Carta Magna, con el aval del Congreso federal.

“Por lo tanto, la manera de resolver esta situación y traer el sosiego que Puerto Rico merece es ateniéndonos todos al mandato que nuestro pueblo fijó en su Constitución. El deber de este tribunal es decir cuál es el derecho aplicable cuando surge un conflicto legal entre las ramas Ejecutiva y Legislativa”, apunta.

Aseveran que son el último intérprete de la Constitución y las leyes.

“Como tal, no podemos cambiar las reglas para favorecer a alguien o para dar por concluido un proceso porque un sector esté cansado de la discusión o porque alguien, no importa quién ni cómo, ocupa La Fortaleza. Con ello, no terminaríamos la controversia: lo que extinguiríamos sería la democracia”, plantean.

La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, los jueces asociados Anabel Rodríguez Rodríguez, Mildred Pabón Charneco, Erick V. Kolthoff Caraballo, Edgardo Rivera García, Roberto Feliberti Cintrón, Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez emitieron sus respectivas opiniones de conformidad.

(7) Comentarios

Irma Cerame

BORICUAS, AHORA SIÉNTESE A ESPERAR LOS FONDOS FEDERALES. AHORA RIVERA SCHATZ Y EL SUPREMO SE VAN A SACAR LOS FONDOS FEDERALES DEL TRASERO.

Beatriz Lila Cruz

Decisión imparcial ???? Si todos lo publicaron antes de que fuera oficial

zuimaco zinato

ave maria que clase de ignorante han graduao

Beatriz Lila Cruz

9 jueces q desde el día anterior ya la Comay había dicho en su interpretación de la “bola” q esa iba hacer la decisión , la misma decisión q ya a las 12pm todos publicaban. Es obvio q eso estaba planchado.. Como es q se filtra información del TSPR????? El q tenga oídos para oír q oiga... No pensaron en el pueblo Actuaron siguiendo instrucciones y pagando favores

Alcaraz Jose Hiram

No Enganchen Los Guayucos Todavia Que Ya Mismo Vienen Los Cuatro Pelu' A Pedir La Renuncia De Vianda Vasquet..

zuimaco zinato

9 que el diablo esta esperando para el fuego eterno por la criminalidad de los abortos .que disfruten su infierno eteeno

zuimaco zinato

ahora a planear el baile de navidad y la musica trap y gay para año nuevo y a reirse de los crímenes de aborto

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