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La jueza Aida Delgado le recordó a la Fiscalía federal que tiene que revelar toda la prueba exculpatoria favorable a los acusados. >Archivo /EL VOCERO

La Fiscalía federal solicitó a la jueza Aida Delgado que emita una orden protectora en el caso contra el exasesor del municipio de Mayagüez, Arnaldo Irizarry, y otras seis personas acusadas por participar en un presunto esquema de fraude ascendente a $9 millones en inversiones fatulas.

La fiscal Myriam Fernández expuso que el material del descubrimiento de prueba que el gobierno divulgará incluye información extraviada de dispositivos electrónicos, documentos corporativos y registros relacionados con cuentas bancarias.

Indica que muchos de estos documentos contienen nombres, números de seguro social, números de identificación del empleador, fechas de nacimiento, direcciones físicas, direcciones de correo electrónico y teléfonos.

La información fue extraída de dispositivos electrónicos que incluyen 43 cuentas bancarias. Parte del material que se divulgará incluirá información de contacto como números de teléfono, direcciones postales o direcciones físicas de terceros, de los acusados, así como de las personas asociadas a ellos.

“La divulgación pública de este tipo de información aumenta el riesgo de que se violen los derechos de privacidad de terceros y genera preocupaciones de seguridad”, señala la moción.

El ministerio público federal pide que el equipo de defensa mantenga un registro de todas las personas a las que se les haga la divulgación del material.

De otra parte, la jueza Delgado emitió una orden en la que le recuerda al ministerio público federal que de acuerdo con la Regla 5 (f) de las Reglas de Procedimiento Penal tiene que revelar de manera oportuna toda la prueba exculpatoria favorable a los acusados.

“Se le recuerda al gobierno que el incumplimiento de esta obligación constituye una clara violación del derecho constitucional del acusado al debido proceso”, señala la orden.

Además de Irizarry, fueron acusados Eugenio García Jiménez, Stephen Kirkland, Steve Minger, Alejandro Riera Fernández, Joseph Kirkland y Roberto Mejill Tellado.

Según la acusación, entre marzo de 2016 y junio de 2018 los acusados orquestaron un esquema para defraudar al municipio de Mayagüez y a Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) con fondos pertenecientes al ayuntamiento, al representar falsamente que la totalidad de $9 millones que fueron invertidos tuvieron una tasa de rendimiento significativa.

Se alega que los imputados transfirieron, distribuyeron y gastaron el dinero de maneras inconsistentes con las declaraciones hechas al municipio mayagüezano y a MEDI sobre la inversión del dinero para incluir compras de una embarcación marina, joyas, ropa, pagos de matrícula escolar, restaurantes, servicios públicos, tarjetas de crédito, decoración del hogar, así como mejoras inmobiliarias como piscinas y el pago de hipotecas de viviendas.

Se alega que mediante múltiples entidades corporativas fantasmas y cuentas financieras, los acusados recibieron colectivamente cientos de miles de dólares pertenecientes al ayuntamiento, destinados a inversiones, que luego los imputados utilizaron para gastos personales y compras de bienes muebles e inmuebles.

Asimismo, el pliego acusatorio alega que el uso de entidades corporativas fantasmas sirvió para ocultar el plan para defraudar al municipio de Mayagüez y a MEDI y permitió a los acusados “adormecer a Mayagüez y MEDI haciéndoles creer que los $9 millones fueron invertidos”.

La próxima vista de estatus del caso fue señalada para el 26 de mayo a las 2:30 p.m.