juicio

El juez federal Gustavo Gelpí retuvo la jurisdicción en el caso incoado por parejas homosexuales contra el gobierno de Puerto Rico en relación a los derechos de matrimonios del mismo sexo y sus hijos.

“Habiendo estudiado los memorandos de las partes con respecto a la jurisdicción, la corte continuará manteniendo la misma”, señala la orden de Gelpí.

El juez había ordenado a las partes informarle en o antes del 22 de febrero si debía o no continuar con la jurisdicción de este caso que se radicó en 2014.

El gobierno de Puerto Rico, representado por el Departamento de Justicia, solicitó que el caso se cerrara por entender que el nuevo Código Civil es cónsono con las leyes federales.

La abogada Ada Conde y su esposa Ivonne Álvarez, quienes son demandantes en el caso, solicitaron al juez que retuviera la jurisdicción porque aún se mantienen artículos en la ley que violan las leyes federales.

“Lamentablemente, el Código Civil establece que cuando un hijo o hija nace de una pareja casada naturalmente se inscribe como parte del cónyuge, o sea, que ese es el progenitor. Lamentablemente, el Código Civil nuevo establece y el mismo formulario del Registro Demográfico lo dice: padre y madre. No establece persona como tiene que establecerlo, como había ordenado el Tribual Federal, que tiene que dársele al matrimonio (del mismo sexo) los mismos derechos y obligaciones que tiene una pareja heterosexual”, afirmó Conde a EL VOCERO. Insistió en que el Código Civil mantiene el lenguaje discriminatorio.

“Si la pareja está embarazada y nace el bebé, si son dos madres están discriminando contra la pareja del mismo sexo… nos estamos confrontando con el problema de que hay hospitales que no los quieren inscribir, obligando a parejas casadas a tener que ir por un procedimiento de adopción cuando eso no es así. El Departamento de Justicia actual dice que el código es suficiente y eso no es así porque no han atemperado las leyes a tenor con el Tribunal Federal”, sostuvo Conde.

El 25 de marzo de 2014, Conde y su esposa demandaron a la entonces secretaria de Salud, Ana Ríus y a la entonces directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, para que se reconociera en Puerto Rico como legal y legítima su unión, celebrada en el estado de Massachusetts, el 2 de agosto de 2004.

La demanda fue enmendada para ampliar el alcance del pleito para que se legalizaran los matrimonios del mismo sexo.

El recurso legal alegaba que la prohibición del matrimonio del mismo sexo en Puerto Rico discriminaba injustamente contra las parejas Lgbtt y sus hijos, al catalogarlos como personas de segunda clase que son “indignos de protección legal, el respeto y apoyo que las parejas de distinto sexo y sus familias son capaces de disfrutar a través del matrimonio”.

EL VOCERO solicitó una reacción del Departamento de Justicia y al Registro Demográfico, pero al cierre de esta edición no se había producido la misma.