La pandemia del covid-19, la creciente inflación y el alza en las tasas de interés que propone el Banco de la Reserva Federal a partir de marzo –lo cual incide directamente en el consumo- podrían cambiar la curva del proyectado crecimiento económico para este año en Puerto Rico.
Esos factores fueron destacados por varios representantes del sector privado, convocados por EL VOCERO a una mesa redonda –virtual- en la cual se discutió el panorama económico de la Isla a la luz de los retos actuales, el recién aprobado Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y el inicio del pago del gobierno a los acreedores.
La proyección de crecimiento para este año es de 1.1% según la Junta de Planificación, mientras la Junta de Control Fiscal estima que será 1.5%.
Los economistas Heidi Calero y Adrián Alós; el presidente del Colegio de Contadores Púbicos Autorizados, Oscar Cullen; el presidente electo de la Cámara de Comercio, Cameron McKenzie y la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Yandia Pérez, concurrieron que 2022 será un año atípico para la Isla, porque se espera un desembolso mayor en los fondos de recuperación relacionados al huracán María. Pero advirtieron que aun cuando esto deberá estimular la actividad económica –particularmente en las obras de infraestructura-, el resultado dependerá de si hay un buen uso del dinero y cuál será el efecto de los factores antes mencionados.
Calero dijo que el crecimiento económico de este año y cómo se atienden los retos será crucial para sentar las bases de lo que se proyecta en años subsiguientes, sobre todo cuando el estimado de la junta fiscal es que después del crecimiento de 1.5% para este año habrá decrecimiento en los siguientes dos años, aun con la erogación de fondos federales.
Destacó que con ese panorama llega el PAD, que requiere que haya un buen desempeño económico en Puerto Rico para que sea sostenible el cumplimiento con los nuevos acuerdos y el comienzo de pago a los bonistas, pautado para comenzar a mediados de marzo.
En ese sentido, Cullen expresó preocupación porque “el cumplimiento del plan depende del factor crecimiento económico que se tiene que dar” en la Isla.
“Hay unos elementos que despejan el camino un poco, como son los fondos federales que van a estar inyectándose a la economía por los próximos 10 años. Serán un aliciente acorde cómo se utilicen o se creará una burbuja que explotará en 10 años y si nos descuidamos en 10 años estaremos en la misma situación (de una quiebra)”, indicó Cullen.
Calero tampoco descarta que la Isla se dirija a otra quiebra. Explicó que del presupuesto anual de $10,500 millones (en promedio) en el Fondo General deberán salir $1,150 millones para el pago de la deuda y se suman $1,900 millones para el pago de las pensiones. Añadió que en el panorama está el futuro de casi $2,000 millones correspondientes al impuesto de 4% que pagan las empresas foráneas y cuyo crédito federal no podrán reclamar desde el próximo año. Del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que también nutre parte del ingreso del Departamento de Hacienda sale el pago a los acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
La economista planteó que la aritmética apunta a que el presupuesto para operar al gobierno y para los servicios esenciales se reduciría drásticamente, lo cual es una dificultad considerable.
El efecto de la inflación
Alós, por su parte, apunta a una preocupación mayor en el escenario actual por los efectos de la inflación, que ha superado el 7% en los Estados Unidos –la más alta en las pasadas cuatro décadas- y 4% en Puerto Rico, una cifra que –aclaró- ya debe ser mayor. La inflación –en parte- surge por el desequilibrio entre la producción (con las dificultades en la cadena de suministros) y la demanda de bienes durante los últimos dos años de la pandemia del covid-19, que ha provocado un alza en el costo de productos y servicios.
Si a eso se añade que ayer la Reserva Federal informó que planea comenzar a elevar su tasa de interés de referencia en marzo, lo que está a la vista es el encarecimiento en el crédito –que incluye los préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito y el financiamiento de autos, entre otros-, lo que podría desalentar el gasto de los consumidores. Esto también puede repercutir en el empleo, según los analistas.
En este punto, Calero explicó que cualquier golpe al consumo se siente en los recaudos de Hacienda, de donde sale el dinero para cumplir con el pago a los acreedores de la deuda reestructurada.
Indicó que con los acuerdos de reestructuración el 7.2% de los ingresos al Fondo General ya están comprometidos y “esto reduce a 0.8% el ingreso para servicio de la deuda futura por los próximos 10 años, por lo que hay que hacer un buen uso de los fondos federales, ya que Puerto Rico por buen tiempo no va a tener acceso a emitir deuda pública”.
“A ello se suma que tenemos una carta muy nefasta de gansería y corrupción, por lo que Puerto Rico va a tardar mucho tiempo en poder restablecer la confianza”, declaró.
Falta un plan económico de largo plazo
Todos los entrevistados en la mesa redonda virtual sostuvieron que los retos se magnifican en Puerto Rico ante la falta de ejecución de un plan de desarrollo económico que sea de largo plazo.
McKenzie señaló que un impedimento al desarrollo económico es el cambio de política económica cada cuatro años, lo cual genera cambios en las “reglas de juego” e inestabilidad para el clima de inversión, sea local o foránea.
“Si dejamos que el gobierno cree un plan de desarrollo económico, cambia cada cuatro años. Este plan tiene que venir de la parte privada y nosotros como empresas decirle al gobierno que ejecute. Nos toca al sector privado enfocar al gobierno a dónde queremos llevar a este país”, apuntó.
McKenzie hizo un llamado al sector privado a unir esfuerzos y echar a un lado los protagonismos, que –sostuvo- también lesionan la obtención de resultados. “Hay que olvidarse de las finquitas de cada asociación y estar enfocados en mantener al gobierno en la línea correcta”, agregó.
Propone que se desarrolle una base más diversa de negocios en el enfoque de crecimiento económico y que haya un mayor énfasis en la educación.
En cuanto a la educación, Cullen recomienda que se incluya el tema financiero en el currículo escolar, para lo cual hay una ley de 2018 y está engavetada.
Pérez igualmente afirmó que es el momento de unir esfuerzos en el sector privado. “Si no lo hacemos ahora, el barco se nos va. Hay que ponernos de acuerdo y trazar ese plan”, sostuvo. Concurrió en que la educación es base fundamental para el desarrollo económico.
Entretanto, Calero recordó que ha habido planes de mayor o menor envergadura, pero ha faltado la ejecución. Dijo que bajo la gobernación de Sila Calderón se creó el plan Puerto Rico 2025, que contó con la participación de todos los sectores económicos bajo el grupo Todos Por Puerto Rico, presidido por el hoy secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre.
“No es que no exista un plan. A este se le cambia la fecha y se comienza a implementar en base a la nueva realidad del País. Se trata de 189 iniciativas que se pueden comenzar a implementar poco a poco. Donde Puerto Rico está bien ineficiente es en la ejecución. Hemos perdido la capacidad de ejecutar”, afirmó.
Todos favorecen que haya una entidad independiente y multisectorial que pueda impulsar la agenda de desarrollo de largo plazo, y aunque algunos reconocieron que podría ser similar a la iniciativa de Invest Puerto Rico (inversión) y Discover Puerto Rico (turismo), favorecen que sea autosustentable, no dependa de fondos públicos y que exponga sus métricas de manera consistente.
Pérez trajo el tema de la corrupción y dijo que “ha afectado muchísimo la imagen de Puerto Rico para hacer negocios” y es importante comunicar que esas situaciones de políticos y empresarios en actividades ilícitas “no es la forma de hacer negocios en este País”.
