David Skeel
El presidente de la Junta de Control Fiscal, David Skeel. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel, aseguró que el organismo está listo para presentar ante la jueza Laura Taylor Swain un plan de ajuste de la deuda del Estado Libre Asociado, para el próximo 10 de febrero, que cuente tanto con el aval del gobierno como de los bonistas.

“Me sorprendería grandemente que no pudiéramos presentar los términos de un plan de ajuste (de la deuda). Pero, es una posibilidad el que pudiésemos llegar a un impasse en la mediación, ante lo cual presentaríamos el plan aprobado por los miembros de la Junta en las reuniones de octubre y noviembre, y pedir al tribunal que lo considere. O podríamos presentar un plan distinto que la Junta apruebe”, explicó Skeel, en entrevista con EL VOCERO. “Pero lo cierto es que ni siquiera estoy considerando la posibilidad de no presentar nada”, aseguró.

Skeel estimó que de la única manera en que la JCF no presentará un plan de ajuste, o al menos unos términos generales, sería que ocurriera otro desastre natural “o alguna otra cosa terrible que nadie esperase”.

El presidente de la JCF recalcó que no todas las partes tienen que estar de acuerdo con todo lo contenido en la propuesta de ajuste, o que todos los acreedores tengan que estar de acuerdo.

“Nosotros podemos presentarle al tribunal un plan aun si ninguno de los acreedores está de acuerdo con el plan. Eso se puede poner a votación (en la Junta) y es posible que se apruebe”, advirtió.

Las declaraciones de Skeel parecen dar al traste con los señalamientos de analistas financieros a los efectos de que si no se llega a un acuerdo, Puerto Rico entraría a un procedimiento de quiebra que lo dejaría a merced de los bonistas.

“Si los acreedores no se ponen de acuerdo, lo que pasaría es que el tribunal tendría que trabajar más y sería más difícil convencer a la juez de que este es un buen plan”, arguyó Skeel, quien, sin embargo, reiteró estar confiado en que la propuesta de ajuste de la JCF contará con el apoyo de un grupo de acreedores similar a la de febrero pasado.  

“Yo creo que hemos logrado mucho, pero aún tenemos trabajo que hacer. Hay asuntos importantes que estamos cerca de resolver, siendo el más importante de ellos la reestructuración de la deuda del gobierno”, añadió el también profesor de derecho.

Logros y tropiezos

Skeel defendió que la Junta ha tenido varios logros en los últimos cuatro años, entre ellos la reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), y del Banco Gubernamental de Fomento, además de adelantos —que describió como significativos— en lo relacionado a la transparencia de los ingresos que se allegan al gobierno.

“Eso es algo de lo que me siento muy satisfecho porque el gobierno no está gastando más de lo que ingresa. Hemos podido corregir aquel patrón en el que el gobierno sobreestimaba sus ingresos y gastaba en exceso”, expresó Skeel, a la vez que recalcó que muchas cosas han pasado en estos cuatro años, desde los huracanes hasta la pandemia, pasando por los terremotos de comienzos de año.

Para el presidente de la JCF los principales retos que han enfrentado en su gestión son los desastres naturales y las dificultades en torno a la necesidad de reformar el gobierno.

“Los desastres naturales complicaron mucho las cosas… pero también hemos tenido grandes dificultades para lograr reformas gubernamentales… aunque trabajamos bien con el gobierno en algunas áreas, en otras ha sido sumamente difícil. Estos asuntos han sido menos sorpresivos que los desastres naturales, pero ciertamente desafiantes”, señaló.

La definición de los “servicios esenciales”

Skeel identificó como una de las áreas de mayor dificultad lo relacionado a los servicios esenciales del gobierno y lo que cuesta garantizarlos. La controversia en este asunto parecería algo nula en la medida en que ambas partes —el gobierno y sus acreedores— coinciden en la necesidad de definir aún más el concepto de servicios esenciales. Pero las diferencias surgen al momento de determinar el costo de esos servicios esenciales.

“Yo creo que hemos (la JCF) hecho lo correcto al determinar que los servicios esenciales son el costo de correr un gobierno que ofrece los servicios que sus ciudadanos necesitan, sin entrar en los detalles específicos de cuales servicios son esenciales”, explicó Skeel. “Yo creo que sería un error entrar a definir más específicamente qué servicios son esenciales porque entonces nos pasaríamos el tiempo peleando porque unos servicios son más esenciales que otros”, especificó.

Lo relacionado a los servicios del gobierno y los recortes a las pensiones de los retirados del gobierno son los asuntos de mayor discusión entre el gobierno, la JCF y los acreedores, porque van al tuétano de cuánto dinero gasta el gobierno vis a vis cuánto dinero tiene disponible para el pago de la deuda.

“En nuestra última reunión autorizamos que se retomase el proceso de mediación y también aprobamos la presentación de un plan, si el proceso de mediación no genera cambios en el plan original”, explicó Skeel.

La propuesta aprobada por la JCF en su más reciente reunión plantea la reducción de $35 mil millones de la deuda del gobierno fundamentada en el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre la ya debilitada economía de la Isla. Además del pago en efectivo de $6,000 millones y otros instrumentos financieros, la propuesta del plan enmendado plantea una reducción del 8.5% a las pensiones que excedan los $1,500 por mes, estimándose que menos del 30% de los jubilados del servicio público de Puerto Rico se vería afectado.

Washington y la junta

Desde el verano de 2019 los nombramientos de los miembros de la JCF hechos por el entonces presidente Barack Obama vencieron. Estos se mantuvieron en sus posiciones por virtud de una orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero en espera de que el presidente Donald Trump nominara a sus sucesores. Esos nombramientos han venido a ocurrir a partir de octubre del presente año tras la renuncia del presidente inicial del ente fiscal José Carrión, y los miembros Juan Carlos García y José González.

Las vacantes han sido cubiertas por Trump con Justin Peterson, Betty Rosa, John Nixon y Antonio Medina, este último nominado esta semana. Trump renominó a Andrew Biggs a un nuevo término en la JCF.

Quedan pendientes dos asientos en la Junta, uno de ellos el del presidente Skeel. Pero, aunque no aseguró que vaya a ser renominado, Skeel —quien dijo estar disponible para continuar en la Junta— señaló que realmente solo hay una vacante por llenar.

“Todo lo que sé es que estoy siendo considerado para la denominación… Yo estoy disponible para seguir sirviendo y considero que, de ser renominado, puedo proveer a la Junta de una memoria institucional adicional”, afirmó Skeel, quien se ha reunido con el gobernador electo, Pedro Pierluisi.

Este viernes deberá celebrarse la última reunión pública de 2020 de la Junta, que será la primera para la mayoría de los miembros nominados recientemente.