Concepción Quiñones de Longo

Vista ejecutiva de la exsecretaria interina del Departamento de Salud,  Concepción Quiñones de Longo, para cursar investigación sobre controversias en el departamento. En la foto Concepción Quiñones de Longo. 

Las presuntas intervenciones de La Fortaleza para obligar a la ex secretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, a firmar dudosos contratos para la adquisición de pruebas de coronavirus (Covid-19) quedaron en evidencia durante una vista ejecutiva de la Comisión de Salud de la Cámara.

Igualmente, trascendió que el doctor Juan Salgado- uno de los miembros del ‘task force’ médico que asesora al Ejecutivo en la emergencia del coronavirus- estuvo involucrado en la toma de decisiones en Salud para la compra de un millón de pruebas rápidas valoradas en $38 millones por parte de una pequeña empresa de construcción que nunca ha vendido productos médicos y que no cuenta con el aval de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Ambos asuntos fueron tema de discusión durante la vista ejecutiva que contó con los testimonios de Quiñones de Longo y del comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead, por sus siglas en inglés), José Burgos. Fuentes de EL VOCERO confirmaron que este último confirmó a preguntas de los representantes de la minoría que Salgado intervino en la transacción de $38 millones y hasta incluso reconoció que el ginecólogo obstetra le enviaba correos electrónicos diariamente con recomendaciones de proveedores.

Al salir de la vista ejecutiva, Quiñones de Longo confirmó que recibió llamadas de Marisol Blasco, ayudante de la gobernadora Wanda Vázquez, para que firmara contratos- en un periodo de 20 minutos- relacionados a pruebas para diagnosticar el Covid-19. Aclaró que la llamada de Blasco no fue para la compra de más de 700 ventiladores a un costo de $40 millones, como había expresado anteriormente en varios medidos noticiosos.

“Me llamó (Blasco) para pedirme que firmara unos documentos en 20 minutos”, indicó la exfuncionaria luego de testificar durante más de cinco horas ante los representantes de mayoría y de minoría. “En realidad eran de pruebas. El asunto de los ventiladores fue el mismo día también”, abundó.

Quiñones de Longo mencionó que como secretaria interina se llegó a sentir como un “sello de goma” porque se le solicitó firmar documentos que no había analizado. “El documento que yo no analicé y fue erróneo, no lo firmé. Los que firmé fue porque después de yo analizar y conseguir asesoría en el departamento pues entendí que procedía”, afirmó.

Al descubierto allegados de gobernadora

La llamada de Blasco no fue la única intervención de La Fortaleza en esa agencia durante la emergencia, según el testimonio de Quiñones de Longo. La extitular de Salud detalló que el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, llamó en una ocasión para solicitarle que no despidiera a Mabel Cabeza, quien en ese momento era empleada de la agencia y luego fue ayudante en La Fortaleza, porque era una pieza “indispensable”.

Además, EL VOCERO supo que durante la vista a puerta cerrada Quiñones de Longo se refirió a Cabeza como la figura que controlaba todos los procesos en Salud y que una vez pasó a La Fortaleza intervenía a través del ‘task force’ médico. Mencionó, también, que Lilian Sánchez Pérez -otra ayudante de la gobernadora- se tornó hostil con ella durante una reunión en la que se le solicitó que continuara con la práctica de firmar contratos sin el debido análisis.

No obstante, cuando terminó de testificar, Quiñones de Longo no respondió a periodistas que le preguntaron si hubo alguna intervención del coordinador del ‘task force’ médico, Segundo Rodríguez, en los procesos de compra de Salud. “En realidad fue una situación incómoda y difícil donde mi autoridad como secretaria interina no fue reconocida”, manifestó.

Reveló, no obstante, que mientras era subsecretaria de Salud supo de irregularidades en el departamento y que se las comunicó al entonces secretario Rafael Rodríguez Mercado. Para las minorías, esa situación evidencia que también hubo negligencia de parte de Quiñones de Longo, quien renunció el pasado 26 de marzo.

El presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales, confirmó que Quiñones de Longo nombró a los funcionarios que intervenían con las compras en Salud durante la vista ejecutiva,. “Vamos a traerlos a vistas y cuando los traigamos ustedes (los periodistas) se van a enterar”, afirmó.

Hubo consultas

Del testimonio de Burgos se desprendió que el contrato para la adquisición de un millón de pruebas por $38 millones fue aprobada por varias agencias, incluyendo Salud, sin que se haya corroborado el nivel de peritaje de la empresa, que se alega está vinculada al Partido Nuevo Progresista (PNP).

“El comisionado del Nmead, José Burgos, aceptó a preguntas mías que era correcta la información de que el doctor Juan Salgado, miembro del ‘task force’ médico, le refirió suplidores de pruebas de Covid-19 durante la emergencia aun cuando no le correspondía manejar ese tipo de asuntos. Sí negó que el doctor Salgado hubiera recomendado la compañía de las pruebas fallidas por $38 millones”, reveló el representante independentista Denis Márquez.

Burgos señaló a Adil Rosa como la persona en Salud que mantiene contacto con los suplidores. Rosa acudió al Capitolio, pero se fue de inmediato porque pidió deponer en compañía de un abogado el próximo 14 de abril.

“Me aceptó (Burgos) que ningún funcionario de Salud emitió por escrito algún análisis o recomendación desde el punto de vista de salud pública de por qué contratar a esta compañía. En otras palabras, que nadie dio una recomendación”, abundó Márquez.

La comisión cameral anticipó que citarán al Departamento de Hacienda y a la Administración de Servicios Generales (ASG) para indagar sobre el proceso de compra de pruebas de Covid-19 en Salud.

Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.