Jensen Medina

Jensen Medina Cardona se encuentra en medio de un proceso judicial, acusado de asesinato en primer grado y de infracciones a la Ley de Armas por la muerte de Arellys Mercado. >Archivo/EL VOCERO

El recluso Jensen Medina Cardona presuntamente fue obligado por otro confinado —a cambio de protección— a solicitar los beneficios del programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).

Medina, quien se encuentra en medio de un proceso judicial, acusado de asesinato en primer grado y de infracciones a la Ley de Armas por la muerte de Arellys Mercado, no fue el único recluso que supuestamente fue extorsionado en la cárcel de Bayamón.

Fuentes policiales sostienen que el recluso que ofrece protección obtuvo una sustancial suma de diversos reos y con ese dinero —que le fue entregado a familiares— le compró una guagua a su esposa valorada en más de $50,000.

Hasta ayer la Policía no había recibido el referido del caso de Medina, cuyo expediente está en manos del Departamento del Trabajo.

La secretaria interina del Departamento de Justicia, Inés Carrau Martínez, dijo en entrevista con EL VOCERO que en cuanto a las personas que han defraudado al PUA “no puedo asegurar que haya presos, no tengo la información. Esas personas que se alegan que son confinados hay que averiguar en qué momento fueron confinados. Sería irresponsable comentar”.

Por su parte, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) —que tiene bajo su custodia a Medina— emitió un comunicado ante el pedido de información y señaló que “debido a que la solicitud se refiere a asuntos bajo jurisdicción de otras agencias gubernamentales, no le corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación comentar sobre esta, toda vez que pueden versar sobre investigaciones criminales que pudieran estar o no estar en curso”.

Bajo lupa miles de personas

El lunes EL VOCERO publicó en exclusiva que alrededor de 10,000 empleados del gobierno también solicitaron el beneficio proveniente de fondos federales, lo cual será investigado. A este caso se suma el de menores que pidieron ilegalmente el beneficio destinado a desempleados por la pandemia del Covid-19, y el de personas en general que ha utilizado documentos falsos para recibir el dinero.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Justicia pretende que los casos de miles de empleados públicos que solicitaron indebidamente el PUA sea asignados al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), que opera con un puñado de agentes que se estima no llegan a 20.

Este medio pidió ayer una reacción a Pedro Janer, secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), bajo el cual opera el NIE, pero entrada la tarde no había contestado el pedido.

Mientras, Carrau Martínez admitió que “en algún momento dado habrá una avalancha de casos. Nosotros tenemos fiscales en todas las jurisdicciones, son fiscales exclusivamente para trabajar estos casos”.

La funcionaria defendió que los agentes del NIE sean los encargados de las pesquisas del alrededor de 10,000 empleados públicos que se presume defraudaron el PUA. Dijo que el NIE —agencia que perteneció a Justicia hasta que fue creado el DSP— tiene unos 50 agentes. Pero, fuentes del DSP señalan que no suman 15 los agentes activos en el NIE para realizar la fase investigativa.

“Hay una cantidad enorme de casos de empleados públicos que solicitaron y el NIE es la rama que investiga a los funcionarios. Aproximadamente unos 50 agentes en los casos de empleados públicos, de 10,000 o más casos”, dijo Carrau Martínez, al señalar que las listas de posibles beneficiarios hay que depurarlas ya que algunas personas en la actualidad no son empleados públicos.

Sostuvo que en el caso de los trabajadores de Justicia, hay personas que ya no eran empleados al comenzar la pandemia, pero la lista fue depurada.

“Lo que pasa es que si es empleado público no ha dejado de cobrar su salario, es la fuente principal de su ingreso”, respondió Carrau Martínez al preguntársele sobre aquellos funcionarios que tienen negocio y reclamaron la ayuda al verse forzados a cerrar los mismos por causa de la pandemia.

“Hay que depurar las listas de los que se sospecha cometieron fraude”, reiteró y señaló que la Policía va a investigar todos los demás casos que no sean de empleados públicos.

El caso de los menores

De otra parte, la secretaria de Justicia sostuvo que en los casos de los menores que presuntamente solicitaron de manera ilegal los beneficios del PUA, no todos han sido referidos por Trabajo a la agencia que dirige y los procuradores de menores están trabajando los expedientes que han ido llegando.

Al ser preguntada sobre el caso de Ignacio Marchán Sosa, hijo de la reportera de televisión Ivette Sosa, quien presuntamente depositó en una cuenta bancaria un cheque de $6,726 del PUA, Carrau Martínez respondió que “ese caso se está trabajando y está próximo a concluir la investigación para el trámite correspondiente”.

Marchán Sosa es uno de alrededor de 40 estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola que supuestamente hicieron reclamaciones al PUA con información falsa y obtuvieron los beneficios.

Ayer, la Policía no había recibido las querellas sobre los demás estudiantes que presuntamente cometieron fraude al PUA.

Cuesta arriba la investigación

El domingo el secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, confirmó a EL VOCERO que el pasado viernes se celebró una reunión en la que participaron la secretaria interina de Justicia, la jefa de los fiscales Arlene Gardón Rivera, varios oficiales de la Policía —como el coronel Rafael Rosa Córdova— y fiscales de Delitos Económicos, entre otros. También se ha hablado de la atención de las autoridades federales a este asunto.

“Básicamente estamos discutiendo la logística de trabajo de distintos referidos para investigar las alegaciones de fraude”, expresó entonces Rivera Santiago, al confirmar que se estiman en unos 10,000 los empleados públicos que supuestamente cometieron fraude al PUA. Otras fuentes apuntan a que la cifra alcanza los 15,000.

Tras las expresiones de Rivera Santiago, se supo que en el caso de la Policía hay un número sustancial de oficiales, sargentos y agentes que además de ser empleados públicos operan negocios y solicitaron los beneficios del PUA, recibiendo sumas sustanciales como si estuvieran desempleados.