An elderly couple wearing a protective mask and holding hands. They are sitting at terrace of their house in Brescia, Lombardy, Italy.

Los protocolos de los departamentos de Salud y de la Familia exigen la autorización de tutores legales y médicos de cabecera antes de realizar la prueba de coronavirus en los hogares para personas de la tercera edad. Esto ha provocado lentitud en el proceso, de acuerdo con el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes.

De los cerca de 2,000 hogares para personas de edad avanzada que hay en la Isla, el cuerpo militar solo ha realizado pruebas en unos 68.

“Se requiere una aprobación por parte del custodio legal de cada envejeciente y eso tiene que estar firmado por cada custodio aprobando las pruebas. Hay muchos que no han visitado a sus familiares en semanas y meses y los hogares no tienen contacto continuo con ellos. Ha sido un gran reto lograr el contacto con los custodios legales para hacer una prueba”, expresó Reyes. “Si voy a hacer un hogar de 100 envejecientes, no puedo hacer 10 pruebas hoy y 20 mañana”, explicó.

Relató que ante el hecho de que estos hogares han estado cerrados desde mediados de marzo a raíz de la primera orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez debido a la emergencia por el Covid-19, muchas veces no pueden contactar a los tutores legales para que den la autorización, lo que complica y retrasa el proceso.

“Por cuestiones establecidas por el secretario de Salud —quien dicta la política pública— tiene que haber un referido médico para tomar la prueba a estos envejecientes. Había la opción de que los médicos de la Guardia Nacional dieran la autorización, pero los hogares no aceptaron y querían que los médicos de ellos firmaran la prueba”, relató Reyes.

“Ha sido un gran reto. Yo entendí que podía coger 100 hogares al día y terminar en 10 o 20 días. Pero se complica cuando se establecen requisitos de Salud que incluyen autorizaciones de un tutor legal, una aprobación del médico de cabecera o del hogar”, sostuvo el jefe de la Guardia Nacional.

Piden simplificar requisitos

Reyes informó que solicitó al secretario de Salud, Lorenzo González, que simplifique el protocolo para realizar estas pruebas de Covid-19, específicamente el requisito de conseguir autorización de los tutores legales y de los médicos.

“Nos hemos reunido en infinidad de ocasiones. Hay unas cosas que se negociaron que él (González) quería implementar que hubieran hecho aún más difícil esta operación. Pero hubo cosas que no eran negociables y entre ellas está la autorización familiar y la prescripción médica. Otro punto fue que se le pidió que cada envejeciente usara su seguro médico para pagar la prueba, pero eso se logró que lo pagara el gobierno y pusieron las pruebas. No hay necesidad de esa burocracia. Eso lo aceptaron y el gobierno puso 50,000 pruebas rápidas (serológicas)”, indicó Reyes.

Explicó que el proceso de realizar la prueba de Covid-19 en estos hogares comenzó en los hogares que lo solicitaran. Esto se tradujo en que apenas unos cinco centros de envejecientes solicitaron la prueba. En una segunda fase, la Guardia Nacional —junto con los centros 330— comenzaron a llamar a los hogares para ofrecer la prueba. Según supo este rotativo, algunos de estos centros rechazaron el ofrecimiento por entender que sería peligroso permitir la entrada de personal a instalaciones que han estado cerradas al público desde marzo, precisamente para evitar el contagio con Covid-19.

En total, se han realizado pruebas serológicas y moleculares a unos 3,930 envejecientes y a más de 2,000 empleados de los centros. En total, unas 134 pruebas serológicas o rápidas han salido positivas al coronavirus.

Reyes reconoció que con estas restricciones, el proceso de completar las pruebas en los hogares tomará más tiempo del que habían estimado.

“Quisiéramos seguir multiplicando los números. Hay días que hemos tomado varios hogares”, expuso al indicar que le ha comunicado esta preocupación a González. “Quien dicta la política pública es el secretario de Salud y yo tengo que seguir esa política pública. El Departamento de la Familia establece que tiene que haber una autorización de los tutores y las clínicas 330 no pueden hacer la prueba sin eso”, puntualizó.

Aspectos legales

La epidemióloga Idania R. Rodríguez —quien fue contratada hace unas semanas para asistir al Departamento de Salud en este programa— sostuvo que las limitaciones son legales. Dijo que los envejecientes tienen tutores a quienes hay que consultar antes de realizar un procedimiento invasivo, como es la prueba de Covid-19.

Agregó que las pruebas siempre son voluntarias, por lo cual tanto los centros de cuido de adultos mayores como los residentes y empleados, deben estar de acuerdo con que se les realicen estos exámenes.

“Estamos haciendo un proceso que es invasivo al hacer una prueba serológica y molecular a estas personas de edad mayor cuya potestad de cuido fue conferida a ese hogar. Hay unas salvaguardas legales que tenemos que trabajar y tenemos que identificar si podemos atender esto sin poner en riesgo a la Guardia Nacional, al Departamento de Salud y a los centros 330”, explicó Rodríguez.

“Hay unos aspectos legales que tenemos que evaluar. Pero eso no significa que puedo obligar a los centros o a las personas a participar del proceso”, manifestó la epidemióloga.

Alcaldesa pide información

Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan expresó en declaraciones escritas que ya es hora que Salud trabaje de “buena fe” y en coordinación con los municipios. Sobre los centros de cuido de personas de edad avanzada, Cruz dijo que “varias veces he pedido el Plan de Trabajo de muestreo en las égidas que anunciaron con bombos y platillos que se iban a hacer 55 mil en dos semanas y todavía van por el 15%, pero no nos han dicho dónde han ido, ni cuáles han sido los resultados”.