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01 de enero de 2020. San Juan, PR. Conferencia de prensa en el Cuartel General en Hato Rey para recuento del Negociado de la Policía sobre eventos ocurridos en el primer día del año 2020. 

Dos estudiantes del Colegio San Ignacio de Loyola comenzaron a ser investigados formalmente en la tarde de ayer, cuando se oficializó la primera querella en la que los padres denunciaron que sus hijos menores de edad habían recibido cheques mediante solicitudes fraudulentas al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).

Uno de los menores recibió un cheque de $7,458 y el otro por $6,126.

Los cheques llegaron por correo a sus residencias en San Juan y Aguas Buenas, siendo detectados por los padres, quienes —tras confrontar a sus hijos— optaron por informar los hechos y devolver el dinero al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Hasta la tarde de ayer, las especulaciones en las redes sociales sumaban que en el fraude podrían estar involucrados alrededor de 30 estudiantes, y que alumnos de otras escuelas públicas y privadas pudieron haber realizado solicitudes sin ser detectados por la falta de controles para corroborar la información.

También se mencionaban nombres de los supuestos padres. Por tratarse de menores y por la protección que tienen bajo legislación federal, no se ha revelado la identidad de los investigados.

Entregarán subpoena

En la mañana de hoy, los investigadores de la División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras de la Policía acudirán al Colegio San Ignacio de Loyola, para entregar un subpoena.

El fiscal Emmanuel Santiago firmó ayer una orden, requiriendo los nombres de los estudiantes matriculados para cotejar con la lista de personas que presuntamente solicitaron de forma fraudulenta los beneficios del PUA.

La Fiscalía de San Juan aguardaba por información requerida al Departamento del Trabajo y a la firma Evertec, quienes supuestamente tramitaron las solicitudes.

EL VOCERO ha venido reseñando los distintos esquemas, que fueron detectados el 14 de julio, cuando deambulantes intentaron cambiar cheques que habían sido emitidos a nombre de personas a las que se había robado la identidad.

Una organización criminal obtenía los cheques y preparaba las licencias de conducir falsificadas, sumando hasta ayer 33 arrestados.

Mientras los agentes federales de la Oficina del Inspector General y del Servicio de Correos detectaban otros esquemas que apuntan a sumas millonarias, de los cheques solicitados y obtenidos fraudulentamente surgió el caso de los estudiantes de San Ignacio de Loyola.

La denuncia de los padres de los alumnos abrió la puerta a los investigadores a mediados de la semana pasada. Los estudiantes sospechosos tienen edades entre los 14 a 18 años y solicitaron los beneficios del PUA dando sus nombres y direcciones, y ofreciendo información falsa sobre supuestos empleos que habían perdido. También informando sobre sus edades, como si fueran mayores.

Al llegar los cheques a las casas, los padres se percataron. No se ha determinado si alguno usó otra dirección.

Los estudiantes han usado las redes sociales para comentar sobre el éxito en requerir los pagos del PUA.

De corroborarse que hubo fraude, se anticipan acusaciones y no se descarta que agentes federales de la Oficina del Inspector General asuman eventualmente la jurisdicción en los casos.