Pierluisi

El gobernador Pedro Pierluisi. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

Entre los torbellinos naturales, fiscales y políticos que precedieron al gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia, el País añora tener un bálsamo de tranquilidad. La tensión hierbe en ebullición. El arribo accidentado de Pierluisi Urrutia a La Fortaleza le dejó magullado, juramentando como gobernador con el respaldo del 33.24% de quienes votaron, y solamente el 18% del universo del electorado inscrito, ya que el 45% se abstuvo. La legitimidad de su autoridad pende de un hilo. El electorado conformó un gobierno compartido obligándole a negociar entre adversarios(as). Después de todos los escollos que Pierluisi Urrutia tuvo que superar, su gobierno debió arrancar con paso firme. No ha sido así.

De inmediato los tambores de guerra repicaron al son del estatus político con respecto al 52.3% de quienes votaron, y solamente el 25.6% del universo del electorado inscrito, que favoreció la estadidad en el plebiscito de 2020. Contradictoriamente, como fuerza unificadora de las tribus definidas por su preferencia de estatus político, se remacha la división obstruyendo un frente en común para superar la ingobernabilidad que se arrastra. Por otra parte, el gobierno de Pierluisi Urrutia no está libre para delinear su propio plan de trabajo. Está ceñido a la camisa de fuerza de la Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta por el Congreso de EE.UU. Habiendo participado como comisionado residente en la aprobación de la ley Promesa, y posteriormente como asesor legal de dicho organismo, todavía no se percibe el fruto de dicha experiencia atajando sus tranquillas.

Al cumplirse un año del cierre del País para prevenir la propagación del covid-19, como pie forzado para Pierluisi Urrutia, estrenó su gobernación, trazando el mapa para torear la pandemia. Calcando el discurso de la vacunación novedosa experimental – ajeno a largo plazo de su eficacia y reacciones adversas – de inmediato se implantó un plan masivo. El gobernador tampoco ha puesto en cintura al turismo indisciplinado. La apertura escalonada económica y las aulas educativas, chocó con la renuencia de trabajadores(as) beneficiados(as) con ayuda económica federal mayor que sus salarios precarios. La solución no debe ser tomar represalias en contra del sector trabajador, sino mantener los beneficios federales, sumándolos al precario salario para recibir una compensación justa.

Todo ello toca a la puerta de la reestructuración de la deuda pública astronómica que dirige la JCF – a partir de la austeridad – cortando el gasto público de nómina y pensiones e imponiendo una reforma laboral en el sector privado que promulgue el despido a voluntad. Sin mayor resistencia, Pierluisi Urrutia le deja el camino libre a la JCF. Aparentemente su esperanza está cifrada en la promesa multibillonaria de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico. En sintonía con la JCF para corregir el servicio deficiente de la AEE que afecta el clima de sobrevivencia comercial y personal, Pierluisi Urrutia le da el visto bueno al contrato con LUMA Energy, sin aquilatar las advertencias sobre la falta de compromiso contraído de LUMA Energy en momentos de crisis; el vacío en que quedan los(as) empleados(as) de la AEE, y el alza en la factura de luz que promoverá el nuevo monopolio privatizado.

Tampoco se escucha un alto a la gentrificación, desplazándose progresivamente una población por otra de mayor capacidad adquisitiva. El desfalque de los municipios para poder pagar su plantilla, no se puede resolver aumentando los impuestos a la propiedad. La comercialización de áreas residenciales – abusando de la variación de permiso de uso, sin cambiar la zonificación – en la práctica promulga la expropiación de propiedad privada ocasionando un desparrame urbano salvaje. La flexibilización de permisos – convirtiendo casas en negocios sin estacionamiento – promueve el desplazamiento residencial. Los condominios enfrentan su propio infierno convirtiéndose en espacios de renta a corto plazo, también desplazando la seguridad y paz residencial. Igualmente, la gentrificación se manifiesta violentándose el derecho a transporte marítimo asequible a viequenses y culebrenses para conseguir servicios esenciales en la “isla grande”. La amenaza de privatización del transporte, subiendo sus tarifas, pone al descubierto que “soñar con un Puerto Rico, sin puertorriqueños” es el plan.

En lugar de trazar un camino iluminado por la transparencia de información pública, la opacidad se afianza. Pierluisi Urrutia desvía la atención con un teatro de sombras para aparentar atender reclamos de urgencia del pueblo. Aprovechando que declaró el estado de emergencia en contra de la violencia de género, también lo hizo para atender la infraestructura. Con ello, se abren las compuertas a la tan esperada “lluvia” de fondos federales. El escenario está listo para distribuirlos sin filtros anticorrupción. Señor gobernador, usted sabía en el lío que estaba metiéndose. ¡A cuentagotas no se gobierna!