Justicia

Los resultados que ha arrojado una investigación cameral, así como el referido a distintas agencias de una serie de funcionarios gubernamentales y empresarios en relación al escándalo de la compra de pruebas de detección del Covid-19, habrán de poner a prueba a las agencias fiscalizadoras de todo tipo y al mismo sistema de justicia del País.

Lo expresamos de esta manera, porque el tropel de gestiones y contrataciones como mínimo sospechosas de incumplir con los estándares de sana administración, tienen que ser examinadas con el crisol riguroso de la ley. Porque es necesario que, si hubo delito, haya consecuencia, sin importar quién sea – o al círculo económico o de poder que pertenezca – la persona que, por comisión u omisión, haya atentado contra el erario.

La administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced tiene que responder a la altura de las circunstancias, empezando porque, entre los 11 referidos a instancias como el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, figuran tanto el secretario como la subsecretaria de la Gobernación, Antonio Pabón y Lilliam Sánchez, respectivamente, a quienes se les imputa de incumplir con su deber de fiscalizar la famosa transacción con la compañía Apex Contractor, con la que se puso en riesgo, temerariamente, una partida de $38 millones de fondos públicos.

También fueron referidos otros servidores públicos, como la directora de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos; y el exadministrador de Servicios Generales y actual director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Ottmar Chávez.

La credibilidad y la confianza, en circunstancias como esta y siempre, constituyen activos principales para el manejo integral de una emergencia. Pero ambas entraron en una crisis mayor, cuando salió a relucir la supuesta gestión del presidente del “Task force” médico, doctor Segundo Rodríguez Quilichini, en relación al contrato con Apex, por lo que también fue referido por presunta influencia indebida, usurpación de funciones, incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber.

Muchas cosas sospechosas a la vez; y es por eso que urge que se atienda en los foros adjudicativos todo este entramado hostil a la transparencia, en relación al cual también fue referida, entre otros, la exempleada del Departamento de Salud y La Fortaleza, Mabel Cabezas. Enfrentan igual situación Roberto Rodríguez y Juan Maldonado, dueño y representante legal, respectivamente, de Apex; y Ricardo Vázquez, presidente de la compañía 313 LLC.

Cada agencia está llamada a abrir ahora su propia pesquisa para aquilatar los elementos de evidencia en que se basa la Comisión de Salud de la Cámara para concluir que en distintas instancias de la administración pública y en varias etapas del proceso pudo haberse cometido delitos y burlado la Ley de Ética Gubernamental.

No está en discusión el nivel de daño que, en medio de una emergencia de salud, los denunciados comportamientos le han causado a nuestro país, tanto en imagen como en pérdida y dilación en la llegada de recursos necesarios para afrontar la emergencia.

Que cada instancia estatal y federal haga su parte con la diligencia que amerita y, si hubo delito, que los autores paguen ejemplarmente la consecuencia.