Seguirá preso pelotero imputado de abuso sexual

(Archivo/El Vocero)

Abril es mi mes favorito del año. En primer lugar, marca el inicio de la primavera, que es cuando el sol nos ofrece ese calorcito que los países del norte envidian y la brisa nos acaricia. Además en abril celebro mi cumpleaños y es el mes que asocio a regalos, bizcocho y velas y amor. Pero profesionalmente y aun más importante, es el mes de hacer conciencia sobre el acoso y la agresión sexual. Por ello, dedico esfuerzos para alertar sobre este grave problema y sus implicaciones sociales y legales.

El acoso sexual y la agresión sexual son cánceres sociales que afectan nuestros hogares, nuestros trabajos y nuestra calidad de vida. Todos estamos expuestos y cualquiera puede ser una víctima.

En términos generales, el acoso sexual es la intimidación o acoso de naturaleza sexual. En el ambiente laboral está regulado por leyes estatales de Puerto Rico y por el Título VII de la legislación federal basada en la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 1964. Esta ley establece que el acoso sexual en el ambiente de trabajo ocurre cuando hay un patrón de conducta sexualizada proveniente de un colega o un supervisor que crea un ambiente hostil. Esta conducta se puede manifestar en comentarios sexuales, “chistes” humillantes destinados a hacer reír discriminando contra un sexo o género, miradas inapropiadas, tocar a una persona en forma sexual sin su consentimiento, entre otras conductas. En otras instancias, el acoso sexual se manifiesta cuando un supervisor, o alguien en una posición de poder, utiliza su posición para requerir favores sexuales.

De acuerdo con estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 125 países han legislado en contra del acoso sexual, pero aún hay muchas naciones que lo permiten.

En Puerto Rico, el acoso sexual está prohibido y la agresión sexual es penalizada criminalmente.

La agresión sexual es un delito en el cual una persona agrede a otra sexualmente o involucra a otra persona en una actividad sexual sin su consentimiento. Esto incluye sostener relaciones sexuales con una persona que no tiene la edad mínima para consentir. La agresión sexual la puede sufrir un infante, una mujer o un hombre indistintamente de su género o cómo se identifique, una persona Lgbtq+, un envejeciente, en fin, cualquiera. La agresión sexual puede ocurrir entre personas casadas entre sí cuando la relación sexual es forzada o producto de intimidación o violencia.

En Puerto Rico, una víctima puede reportar el acoso sexual en el empleo ante el Departamento del Trabajo, buscar asistencia legal o acudir a su representante sindical si es que es miembro de un sindicato. La ley establece que es ilegal tomar represalias contra una persona que alega acoso sexual en el empleo. En caso de una agresión sexual, la víctima puede acudir a la Policía, a oficinas de apoyo como la Procuraduría de las Mujeres o el Departamento de la Familia, o a la Fiscalía. Es el fiscal quien determinará si se van a presentar cargos criminales contra un sospechoso. El tribunal puede conceder órdenes de protección al amparo de la Ley 284 contra el acoso y la Ley 54 que protege a las víctimas de violencia doméstica. En las universidades, estudiantes y empleados pueden buscar ayuda en las oficinas de Título IX y en los empleos los trabajadores pueden acudir a la oficina de recursos humanos.

Las prohibiciones contra el acoso y la agresión sexual no garantizan que estos actos deplorables no vayan a ocurrir, pero proveen recursos legales en defensa de las víctimas, quienes además de los traumas físicos, económicos y sociales, sufren las repercusiones emocionales a largo plazo.