Coronavirus Puerto Rico

La extensión, por dos semanas adicionales, de la cuarentena que, por orden ejecutiva,

culminaría originalmente el 30 de este mes, constituye una decisión responsable y acorde

con el deber ministerial de poner en vigor todas las medidas posibles para detener en el País la expansión del Covid-19. Ese paso dado en el día de ayer por la gobernadora Wanda Vázquez – con el que a partir del 31 de marzo el toque de queda regirá de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. y en el que los supermercados cerrarán los domingos – no solo refuerza el estado de aislamiento social que ella impuso desde el pasado 15 de marzo, sino que va acompañado de nuevas directrices encaminadas a tratar de sentar las bases de nuestro restablecimiento económico tras este desafío.

Esta es una decisión arriesgada y acertada, consistente con la imposición inicial de la cuarentena y con la aceptación inmediata de la “renuncia” del entonces secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, tras este convertirse en un potencial obstáculo a la estrategia salubrista. También es consistente con el posterior nombramiento del “task force” de expertos, presidido por el rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, doctor Segundo Rodríguez Quilichini, equipo del que ella recibió la recomendación de mantener por más tiempo la cuarentena.

Se hace más pertinente aún la extensión, cuando expertos advierten que Puerto Rico entra en el período más crítico de la pandemia por el número de casos que pueden aflorar. También, cuando registra 64 positivos confirmados, dos muertes, tres muertes sospechosas y alrededor de 340 pruebas a espera de resultados.

Detener la expansión de la pandemia, es un deber de todos. Es una responsabilidad compartida de cada sector, individuo e institución gubernamental.

Otra área que debe reforzarse es el de la administración de pruebas, de manera que más ciudadanos sean atendidos a tiempo; para identificar con más efectividad los focos de contagio ya sembrados a nivel comunitario y para seguir el tracto de los contactos que hayan tenido los enfermos en la población.

Desde los momentos de la inacción de Salud y de la oficina de la Epidemióloga del Estado, los expertos vienen planteando también la necesidad de una mayor liberalización de las pruebas, a fin de que puedan ser hechas incluso a personas que no presentan ningún síntoma. Porque una persona con el virus, aún sin síntomas, puede contagiar a otras.

De capital importancia en la respuesta a este reto son también las medidas de corte económico y fiscal anunciadas por la primera ejecutiva, con el apoyo de la Junta Federal de Control Fiscal, pues van dirigidas a aliviar y a bonificar a empleados de la salud, de seguridad y de emergencia, a micro, pequeños y medianos negocios, así como a empleados del sector privado y por cuenta propia, entre otros.

Estas medidas, sostenidas en una partida cercana a los $1,000 millones, atienden a una comunidad de individuos, familias y negocios severamente afectados por el golpe que esta pandemia le ha infligido a la economía. Sería muy justo, sin embargo, que este programa de medidas económicas y fiscales cubra, además, a empleados del

sector privado, que también luchan por sobrevivir a un escenario de reducción de ingresos, en unos casos, y de pérdida de sus empleos, en muchos otros.

En cuanto al Departamento de Salud, ayer, tras solo una semana en el cargo, renunció la secretaria interina Concepción Quiñones de Longo, quien, al ser cuestionada sobre las razones de su dimisión, se limitó a referir la pregunta a la gobernadora. Eso debe ser informado al País.

Pero, en definitiva, el País necesita estabilidad en la conducción de su salud pública. Confiemos en que esa estabilidad se alcanzará con la llegada como secretario del doctor Lorenzo González Feliciano, un experimentado salubrista que ocupó ese

puesto tres cuatrienios atrás. Su éxito será ganancia para el País en esta lucha contra la pandemia