FBI

El asedio al que el destructivo fenómeno de la corrupción ha tenido sometido a Puerto Rico demanda del gobierno una respuesta contundente y sin tregua, porque si algo urgente necesita un pueblo para levantarse, es sentir que tiene plena confianza en sus instituciones.

Sí, el País necesita tener esa confianza que hoy —y durante mucho tiempo— la corrupción ha destruido, ha impedido y ha violentado.

Son muchas las investigaciones en curso, fundamentalmente llevadas a cabo por el gobierno federal, que delatan esquemas de diversos tipos y que tienen el común denominador de estar dirigidos al robo del dinero público.

El más reciente desenlace de esas pesquisas fue el arresto ayer del senador y exalcalde del municipio de Yauco, Abel Nazario, y de otras seis personas.

Al político se le acusa de montar un esquema con empleados fantasmas para desviar fondos de programas federales hacia el pago, no solo de su campaña partidista, sino también para apoyar a otros líderes de su partido, que eventualmente le ayudarían a él a salir electo al Senado y así buscar la presidencia de ese cuerpo legislativo.

Es sin precedente este caso de Nazario, porque se trata de la primera ocasión en que un funcionario electo es acusado dos veces en casos no relacionados. La primera ocasión enfrentó 39 cargos enrelación a un supuesto fraude a la Ley de Normas Laborales federal.

Si bien a todo acusado le asiste el derecho a que se le considere inocente hasta tanto —y tras un proceso justo— un tribunal competente dictamine lo contrario, el asunto es más complejo y delicado cuando se trata de figuras que ocupan puestos de gobierno. Porque en lo que el asunto se dilucida y se adjudica, la confianza pública se lacera en medio de la sombra de la duda.

Junto con informar en primicia sobre múltiples investigaciones federales —como lo hizo en este caso el pasado 2 de octubre— EL VOCERO ha sido consistente desde este mismo espacio editorial, reclamando del liderato gubernamental de todas las ramas firmeza y proactividad en la lucha contra el flagelo de la corrupción.

Como medida precautoria —y como gesto de prudencia por el respeto a las instituciones— una figura bajo investigación o que haya sido acusada no debe continuar ni un segundo más al frente de una agencia, un escaño u otro puesto gubernamental.

La consigna de “cero tolerancia a la corrupción” debe hacerse buena con hechos, en todo momento y en todo lugar. Porque la corrupción es un mal que no solo malversa partidas del presupuesto público, sino que impide el desarrollo y deja sus efectos dañinos sobre toda la sociedad.

De hecho, en el estudio “Los costos macroeconómicos de la corrupción en Puerto Rico” —auspiciado en 2010 por la Oficina del Contralor— su autora, la doctora Alicia Rodríguez Castro, catedrática del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto, sostiene que “la corrupción contribuye al deterioro de la sociedad y al problema de la ingobernabilidad que se manifiesta en nuestras instituciones públicas, erosionando cada vez más la confianza que el pueblo ha depositado en sus gobernantes, funcionarios y empleados públicos”.

Es hora de que en toda la administración pública se emprenda una operación limpieza decidida, proactiva y comprobable.