Capitolio de Estados Unidos

En su trabajo Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Antonio Cassese esboza que el derecho a la autodeterminación de los pueblos se compone de una dimensión interna y otra externa. Según su tesis, la dimensión interna del derecho a la autodeterminación de los pueblos se refiere a la relación de las personas en su carácter individual, como sujeto de derecho —a la luz de los pactos internacionales de derechos humanos de los ‘60— frente al Estado que tiene la responsabilidad de respetarle ese derecho inalienable.

La dimensión externa se refiere en cuanto a los pueblos colonizados al derecho de libremente elegir su status internacional. Al respecto Cassese señala que: claramente ese derecho no puede ser adelantado y ejercido con el sistema legal doméstico del Estado Contratante, sino solo a nivel internacional.

Sería artificial e ilógico argumentar que en el caso de la autodeterminación externa los Pactos otorgan un derecho internacional, mientras que en el caso del derecho a la autodeterminación interna el mismo existiría y se manifestaría solamente dentro del sistema interno de cada Estado Contratante (fin de la cita).

Es entendible que funcionarios y constitucionalistas estadounidenses en la dimensión interna de la autodeterminación comparen la libre asociación con la independencia. Eso toda vez que en esa relación interna con los individuos sujetos de derecho residentes en este territorio, en una u otra de esas fórmulas descolonizadoras, ellos, los EE.UU perderían el control unilateral que ostentan sobre éstos y sobre el mismo.

Sin embargo, como muy bien señala Cassese, sería un contrasentido dejar que ese derecho “exista y se manifieste únicamente dentro del derecho interno de los EE.UU. Eso sería análogo a permitir que fuera la opinión unilateral del hacendado —del ejemplo de la semana anterior— determinar según su criterio si la familia afroamericana en su sótano son o no sus esclavos.

Desde los juicios de Nuremberg, la Comunidad Internacional estableció un consenso respecto a que en materia de derechos humanos no podía dejarse la preservación de los mismos única y exclusivamente en manos del derecho constitucional interno de cada Estado. Toda vez que el exterminio judío al interior de la Alemania Nazi se intentaba justificar bajo el argumento de que el ordenamiento legal que lo viabilizó se erigió bajo los preceptos y parámetros de su Constitución.

Por lo tanto, el derecho a la autodeterminación de los pueblos —respecto al cual los EE.UU está obligado— es materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las fuentes de Derecho Internacional Público conforme al Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, son; (1) las convenciones o tratados internacionales, (2) la costumbre internacional, (3) los principios generales del derecho reconocido y (4) las decisiones judiciales junto con las doctrinas de los publicistas de mayor reconocimiento dentro de las distintas naciones. De ninguna de esas fuentes de Derecho Internacional se desprende que la libre asociación sea una variante de la independencia ni que sea lo mismo que la independencia como han esbozado algunos genios por ahí.

Más aún, los EE.UU junto con sus aliados al seno de la ONU, fueron los principales propulsores de la Res/AG/1541 (XV) que establece las tres fórmulas descolonizadoras. Como cuestión de hechos, la carga principal de defensa de la redacción de la misma estuvo sobre los representantes de EE.UU al interior del comité de redacción que trabajo sobre dos años en el texto. En ninguna parte del lenguaje del mismo se estableció la libre asociación como “una variante o modalidad de la independencia”. Decir lo contrario sería como decir que aquellos americanos eran torpes o incompetentes.

En resumen, a los efectos prácticos de la dimensión interna del derecho a la autodeterminación, algunos en EE.UU podrían indicar que son similares a la independencia porque perdería el Congreso el control unilateral sobre el territorio. Pero en la dimensión externa no serían similares los efectos.

En la independencia se daría un salto al vacío sin certeza de cuál sería el tracto y parámetros comerciales, sociales y económicos de la relación futura entre ambos países. En la libre asociación los mismos serían producto de negociaciones duales simultáneas que realizarían los representantes del pueblo de Puerto Rico con los del Congreso de EE.UU y los de la Rama Ejecutiva Federal a través de la Casa Blanca.

En una columna futura explicaré como tampoco es correcto que habría que declarar la independencia para erigir un pacto de asociación bajo la cláusula de tratados de la Constitución de EE.UU, ya que existen otros mecanismos procesales legalmente validados bajo su propio ordenamiento jurídico.