Rosselló

>Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

La democracia se mantiene viva, solamente si la ciudadanía es su más fiel guardián. Nos toca a todos(as) ser vigilantes de sus instituciones para que no ceda ante movidas claras oscuras ejecutadas por funcionarios(as) públicos(as) —que embriagados(as) del poder— pierden la brújula como garantes de sus preceptos democráticos. Debemos estar prestas(os) a defenderla contra ataques internos. Ello es así, particularmente cuando quienes ostentan el poder desvirtúan su cargo, traicionando nuestra ya precaria democracia. Por la relación maltrecha territorial colonial bajo los poderes plenarios del Congreso, aprobada la Ley Promesa (2016), el ámbito limitado que queda de movimiento del llamado “autogobierno” ha sufrido serios azotes de parte de quienes violentan nuestra dignidad.

Como si en Puerto Rico no tuviésemos las manos llenas manejando la secuela del desgobierno que se arrastra desde hace décadas, Ricardo Rosselló Nevares pretende borrar la historia reciente de su propia maleficencia provocando su propio desbarajuste. La burla repulsiva de parte de este hacia el sufrimiento del pueblo tras la secuela devastadora del huracán María, despertó su indignación para lanzarse a las calles exigiendo su remoción. La renuncia de Rosselló Nevares en 2019 acarreó conflictos internos en el PNP, requiriéndose que el Tribunal Supremo de PR (TSPR) interviniese para resolver constitucionalmente la línea sucesoral. Posteriormente, añadiendo sal a la herida, la gobernadora constitucional perdió en unas primarias amargas. Superada las elecciones altamente álgidas en 2020, ¿este señor de la pequeña burguesía estadista criolla ayer buscó colarse nuevamente en las estructuras políticas, negándose la seriedad de sus actos? ¿Cuán enajenado está de la severidad de la cadena de dominó que sus actos nefastos desataron? Una esperaría que la base del PNP actuara respetándose a sí misma, como hizo el PPD repudiando a su contraparte Aníbal Acevedo Vilá que también intentó colarse tras denuncias criminales federales en su contra.

Por otra parte, la estocada de marca mayor que propinó la mayoría de los jueces en el TSPR designados(as) por gobernadores proestadistas, peligrosamente derrumban pilares fundamentales democráticos. ¿Estos(as) son los(as) paladines judiciales que quieren ser estado en una nación predicada en la transparencia de procesos judiciales públicos? De un plumazo socavan el principio democrático que presume la transparencia de los trámites judiciales públicos al negarle acceso a la prensa a la grabación de tres vistas celebradas en el Tribunal de Caguas a las que compareció la hoy fenecida Andrea Ruiz Costas. La mordaza a la prensa no es ‘peccata minuta’, sino un acto de alta traición en una democracia. El pueblo tiene derecho a conocer las ejecutorias de dos juezas que intervinieron en trámites distintos, negándole a la hoy fenecida protección contra la violencia doméstica a manos de su abusador. En una democracia se persigue la fiscalización para frenar el potencial abuso de parte de funcionarios(as) públicos(as) a cargo de privarle la libertad a acusados, sopesando los derechos de sus víctimas a quienes le arrancaron la vida.

En un acto de destemplado contradictorio jurídico, la opinión mayoritaria argumenta que “tomamos esta decisión expresa con el fin de proteger la vida, la seguridad, la dignidad, y la intimidad de las futuras víctimas de violencia doméstica” (CT-2021-0008, Sentencia, 10/mayo/2021, p. 10). ¿Estarán enterados de que esa secretividad, ya le costó la vida a Andrea Ruiz Costas? Prohibir el acceso a la prensa a las grabaciones de las vistas judiciales a las que compareció la hoy fenecida, violenta derechos democráticos fundamentales. No solamente se amordaza el ejercicio del derecho a la libertad de prensa de la más alta jerarquía constitucional de los EE.UU. bajo la Primera Enmienda para fiscalizar trámites judiciales que se presuponen públicos bajo la Sexta Enmienda (Carta de Derechos, 1791). Por otra parte, la familia de la víctima queda desprovista de poder ejercer su derecho a solicitar la reparación de agravios, también bajo la Primera Enmienda. Sin acceso a la información, no hay forma de conocer las ejecutorias de las juezas que le dieron la espalda a una víctima que solicitó el auxilio del tribunal. Además, el pueblo tiene derecho a saber lo que en dicha sala discurrió para exigir las debidas sanciones en contra de funcionarias(os) de haber incumplido con su deber, incluso su remoción del cargo. Ello tiene como corolario emitir su sufragio informado para sacar del poder a quienes abusan del mismo.

En fin, divorciados(as) de su obligación constitucional de velar por los principios fundamentales democráticos, la mayoría en el TSPR disfraza un acto dictatorial. ¿Qué esconden tras las faldas de las víctimas de violencia doméstica cuando su familia autorizó su divulgación? ¿El interés de quién el TSPR ‘motu proprio’ protege inconstitucionalmente?