Capitolio

En la foto el Capitolio. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

En 2008, cuando todo tendía a indicar que Luis Fortuño derrotaría a Aníbal Acevedo Vilá, Jorge de Castro Font y el PNP bloquearon todo nombramiento y/o posibilidad de nombramiento para llenar tres vacantes surgidas en el Tribunal Supremo de Puerto Rico durante dicho cuatrienio. El PNP entonces controlaba el Senado y rechazó todo acercamiento a negociación de parte del gobierno de Acevedo Vilá para dividirse las sillas vacantes en ese momento. El hecho histórico antes mencionado perdurará en nuestras mentes matizado por aquella frase de Jorge de Castro Font del “banquete total”. La visión del PNP en ese momento fue hacer un bloque de resistencia hasta 2009 para —con control del ejecutivo y el Senado— nombrar tres jueces al más alto foro judicial, con los cuales —juntos al fenecido Efraín Rivera Pérez— tener la mayoría en dicha curia 4-3. Ello se convirtió en una condición vital para las huestes estadistas toda vez que por décadas señalaban y criticaban con lamento y pesar el control del PPD del Tribunal Supremo por más de cincuenta años.

Indistintamente de que en el mundo ideal los nombramientos a la judicatura deberían ser producto de la implementación del concepto de carrera judicial mediante el cual se nombre a los más depurados y refinados dentro del mismo al —margen de sus visiones ideológicas o partidistas— en la “política real” la práctica es otra. Así pues el control de la visión judicial del Tribunal Supremo sí es importante para las administraciones públicas pues ha tenido gran impacto. Por ejemplo, en 2004, jueces nombrados por gobiernos del PPD decidieron el caso de los llamados “pivazos”, concediéndole la gobernación a Aníbal Acevedo Vilá. En los cuatrienios de Pedro Rosselló, la mayoría del PPD en el Supremo paralizó proyectos insignias de esa administración como lo fueron la ruta 66, el voto presidencial y los vales educativos. Con el cambio de mayoría en 2009, el sector estadista y el PNP no ha tenido grandes impedimentos judiciales para implementar sus programas de gobierno ni sus objetivos ideológicos. Hasta el punto de que votaron por la estadidad en las pasadas elecciones sustentado ese voto por una opinión 6-3 del Tribunal Supremo que avaló el voto presidencial para las elecciones de 2024.

Ahora bien, el PPD podría sentarse desde el 2 de enero ávido y listo para su propio banquete total tras las elecciones de 2024. El PNP se juega mucho con la vacante que dejará la jueza Anabelle Rodríguez el próximo 24 de diciembre, la cual desea llenar antes que culmine el año. Para el PPD el mejor regalo de Navidad sería un tranque desde ese día, de manera talque se posicionen en plan de bloqueo de dicha plaza en el próximo cuatrienio. Con la salida de la jueza Rodríguez, el Tribunal Supremo tendrá en su composición dos jueces nombrados por administraciones populares en las personas de la jueza presidenta y el juez Colón. El juez Edgardo Rivera cumplirá su edad constitucional de retiro el 3 de enero de 2025. La jueza Mildred Pabón Charneco la cumplirá el 27 de noviembre de 2027. Con un tranque del PNP en las próximas semanas, un triunfo del PPD en las elecciones de noviembre de 2024 le brindaría a los miembros de dicha colectividad la oportunidad de nombrar tres jueces entre enero de 2025 hasta diciembre de 2028. Así pues, de no confirmase una figura de consenso y destranque por el PNP en las próximas dos semanas, un Senado controlado por el PPD a partir de enero de 2025 no le confirmará a Pedro Pierluisi ni al Papa Francisco si este fuera su nominado para juez del Supremo. Ello toda vez que el PPD tendría la posibilidad a partir de 2025 de retomar el control de la mayoría de esa curia con tres nombramientos. Sumados a los dos actuales tendrían un 5-4. Lo que se convertiría en el banquete total, parte II.

Será interesante por demás observar si la mayoría de los actuales senadores del PNP evitan que lo antes descrito se convierta en una realidad o si cederán al deseo y afán unilateral de Thomas Rivera Schatz de mantener escolta y chófer, pero desde la posición de juez asociado del Tribunal Supremo.

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