Junta Fiscal

El presidente de la Junta Federal de Control Fiscal, José Carrión y el representante del gobierno ante el ente, Elí Díaz Atienza.

El 27 de septiembre, la Junta de Supervisión Fiscal emitió el plan de ajustes que formalmente le permitiría al gobierno de Puerto Rico y a varias de sus instrumentalidades incumplir con una cantidad significativa de sus compromisos financieros. Una vez se apruebe ese plan, se oficializa la quiebra del gobierno.

Hace unos años, era prácticamente impensable que un evento como ese pudiera ocurrir. Por lo tanto, debido a la naturaleza histórica y sin precedentes del mismo, es importante hacer un recuento, por breve que sea, de los eventos y los gobernantes que nos trajeron hasta aquí.

Contrario a la opinión generalizada, esta quiebra no es el producto de “décadas” de malas administraciones gubernamentales. En específico, Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández Colón y Pedro Rosselló González no tuvieron nada que ver con la misma. Por un lado, la evidencia que surge de los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico demuestra que desde el año fiscal 1970 hasta el año fiscal 2000, los ingresos y los desembolsos del Fondo General estuvieron balanceados. Por otro lado, en 1992 la deuda representaba el 57% del Producto Nacional Bruto y luego de las muchas obras que se hicieron en los 1990, en el año 2000 ese por ciento terminó en 56%, su nivel más bajo en más de 40 años.

Esta quiebra tuvo su génesis bajo la administración de Sila Calderón, cuando comenzó el gasto deficitario desmedido financiado por deudas. Incluso se llegó a aprobar el presupuesto del año fiscal 2004-2005 contando con un préstamo desde el inicio y no para cubrir desbalances al final del año.

Bajo el gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá, la Legislatura controlada por el PNP le siguió aprobando presupuestos deficitarios al gobernador. Esto demostró que los pesos y contrapesos de nuestra Constitución no son suficientes para frenar a los políticos, ni siquiera cuando ambas ramas de gobierno las controlan enemigos acérrimos.

Luego siguió la administración de Luis Fortuño quien, contrario a la percepción de muchos de haber controlado el gasto público, fue responsable de los mayores déficits presupuestarios financiados por los más altos niveles de deuda pública en la historia de Puerto Rico.

Cuando Alejandro García Padilla llegó a la gobernación, algo diferente había que hacer pues la acumulación de tanta deuda para financiar gastos no se podía sostener. En esa encrucijada, él tuvo que escoger entre solucionar el problema por el lado de los gastos, lo cual tenía un costo político, o si buscaba el alivio por el lado de los acreedores. Su decisión era sencilla: su futuro político o Puerto Rico. Lamentablemente escogió su futuro político. Irónicamente, con esa decisión, no solamente perjudicó al País, sino que de paso también perdió su vida política.

Durante la campaña para la gobernación, Ricardo Rosselló dio a entender que él vendría a rectificar ese curso de acción y a reivindicar a Puerto Rico, argumentando que pagaría la deuda. Cuando tomó posesión de su cargo, sin embargo, la realidad fue otra, pues implantó la misma estrategia de Alejandro García Padilla. Peor aún, bajo la administración de Ricardo Rosselló se liquidó el Sistema de Retiro de los empleados públicos y se comenzó a pagar las pensiones a base de asignaciones presupuestarias anuales (“pay as you go”), lo cual es ahora el mayor escollo para la recuperación financiera del gobierno de Puerto Rico.

La preparación y experiencia de Wanda Vázquez son en el campo legal y no en el financiero. Por lo tanto, cuando advino al poder, ella simplemente le dio continuidad a lo que otros habían hecho.

Mientras todo esto pasaba, el pueblo clamaba porque, en efecto, no se pagara la deuda. Al así hacerlo, parecía ignorar que esa decisión es principalmente responsable de que no se hayan resuelto los problemas que aquejan servicios tan esenciales como los de la infraestructura de agua, energía, transportación y desperdicios sólidos, entre otros.

Lo cierto es que la evidencia disponible en los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico demuestra que si las acciones correctivas se hubiesen tomado a tiempo todo esto se pudo haber evitado. Lamentablemente, ya es muy tarde y la suerte parece estar echada. Ahora la historia se encargará de emitir el veredicto final sobre los responsables de la quiebra del gobierno de Puerto Rico y “de lo que pudo haber sido y no fue”.