En Puerto Rico no podemos continuar aceptando lo habitual como cosa natural. En la percepción pública existe consenso de que la crisis del sistema eléctrico de Puerto Rico es consecuencia de la ineficiencia, la falta de transparencia y la corrupción. En el contexto energético, la transparencia gubernamental se refiere a la capacidad de las instituciones públicas de dar a conocer públicamente información, datos, documentos, políticas y procesos de toma de decisiones sobre la gestión, uso y conservación de los recursos de energía.
Hoy el sector energético sufre de poca transparencia contractual, auditorías poco efectivas, pobres resultados y una rendición de cuentas deficiente. El deterioro y las debilidades en la gestión energética han tenido efectos graves como: negociaciones inequitativas entre el sector público y el sector empresarial, el cobro ineficaz de ingresos, aumento innecesario en tarifas, desvío y mal uso de los recursos públicos por parte del gobierno, opacidad en los datos y falta de transparencia en la información que proporcionan a la ciudadanía en relación a los contratos, subastas, licitaciones e ingresos provenientes del sector energético provocando que la ciudadanía no pueda involucrarse en la evaluación y fiscalización de los procesos y la gestión por falta de información.
La reciente discusión pública relacionada con la aprobación de la legislación y el proceso para la contratación y la firma del acuerdo con Genera PR para la privatización de la generación del sistema eléctrico vuelve a causar cuestionamientos e interrogantes sobre la transparencia y la integridad de los procesos decisionales del gobierno en la formulación de legislación y políticas públicas gubernamentales. Al igual que en el proceso de contratación para la transmisión y distribución de energía otorgado a Luma Energy, la prensa y la discusión de las vistas públicas en la legislatura advierten que la influencia de las empresas y los grupos de interés que mantienen el monopolio en el sector energético aparentan haber capturado nuevamente el proceso de formulación de la legislación, la selección y la contratación del proveedor a su favor.
La captura del estado y la economía es un tipo de corrupción política sistemática en la que los intereses privados influyen significativamente en los procesos de toma de decisiones. Esta modalidad de corrupción se refiere a la forma en que los funcionarios gubernamentales, las empresas respaldas por el estado, las empresas privadas y/o los ciudadanos particulares manipulan los procedimientos formales, como la formulación y aprobación de leyes y normas sociales y la burocracia gubernamental para influir en las políticas públicas y leyes estatales a su favor y proteger y promover a los actores influyentes y sus intereses.
Es evidente que, en las pasadas décadas, numerosos casos de corrupción han deteriorado la administración pública y han impactado adversamente la imagen de los gobiernos de turno. A modo de ejemplo los actos de corrupción y las acusaciones del chat de Telegram del 2019, que surge nuevamente en el caso del empresario Sixto Jorge Díaz Colón, también conocido como Sixto George, revela los intentos de las empresas para influir en la formulación de las leyes y la reglamentación del estado, las políticas y la gestión pública.
Asimismo, hemos visto la proliferación de los casos de corrupción en deterioro del interés público y la vinculación del sector empresarial privado en los esquemas de corrupción en los municipios, la legislatura y varias agencias gubernamentales que culminaron en los arrestos y acusaciones de los empresarios Oscar Santamaría de Waste Collection y Mario Villegas y Raymond Rodríguez de JR Asphalt y Anaudi Hernández, gestor de esquemas de fraude en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en la Administración de Derecho Laboral (ADL) y en la Cámara de Representantes por el cual 11 personas encararon la justicia; los esquemas de fraude y los arrestos en el Departamento de Educación y Whitefish; y los incidentes para la adquisición fraudulenta de pruebas de COVID 19, son ejemplos de la larga lista de casos de corrupción que han incrementado en momentos de crisis de los huracanes, terremotos y la pandemia.
Se percibe que los grandes intereses han capturado al gobierno y estos últimos casos de corrupción lo han hecho evidente porque han llegado a las estructuras y figuras de poder más altas del gobierno. Así que nosotros podríamos estar frente a la captura del Estado por grupos de interés particular, políticos y empresariales- la señal más contundente de lo que es un estado fallido. Esta disfuncionalidad en las prácticas de gobernanza y gestión de lo público recompensa las conexiones más que la competencia, y la influencia más que la innovación y se alimenta de la inversión privada en la política lo que debilita el estado y atenta contra el interés público y el bien común de la sociedad.
Ante este panorama perverso, es impostergable romper con el círculo vicioso, en el cual las reformas del estado de derecho y de las políticas públicas e institucionales necesarias para mejorar la gestión de gobierno se ve obstaculizado entre empresas poderosas y funcionarios públicos o líderes políticos que cosechan beneficios y ganancias si se mantiene la administración deficiente.
