Pymes

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) representan la gran mayoría de los negocios en Puerto Rico (91.4%) y casi la mitad (44.8%) de los empleos en el sector privado, según el último informe del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) sobre el estado de situación de las PyMEs. Los ingresos que reciben las PyMEs tienen un mayor rendimiento económico para Puerto Rico pues las ganancias se retienen localmente y sus compras también se realizan a nivel local.

Por otra parte, las PyMEs también mantienen lazos más estrechos con las comunidades donde operan y abonan al cultivo de un próspero ecosistema empresarial local. Es por eso que debemos centrar la estrategia de desarrollo económico de Puerto Rico en apoyar a las PyMEs por sobre empresas multinacionales o inversiones extranjeras, cuyas operaciones y capital están menos vinculados con nuestra economía y nuestras comunidades.

¿Cómo lo logramos? Un buen comienzo sería cumplir con las leyes existentes. Al igual que con muchos asuntos en Puerto Rico, tenemos leyes vigentes para apoyar las PyMEs que al día de hoy el gobierno no cumple. Es el caso de la Ley 62-2014, que requiere que las entidades gubernamentales reserven 40% en sus partidas de compras para destinarlas a las PyMEs. Esto, de manera que el poder de compras se utilice estratégicamente para promover las políticas públicas del gobierno.

En este caso, el bienestar económico de las PyMEs vería una mejoría sustancial si el gobierno le diera fiel cumplimiento a lo que ya es ley, particularmente dada la llegada de miles de millones de dólares en fondos federales que se destinarán a compras de materiales y productos. Asimismo, debemos maximizar el potencial de los incentivos existentes para las PyMEs, tales como los contenidos en la Ley 120-2014, que ofrece reembolsos parciales de salarios y otras exenciones contributivas para aquellas PyMEs que busquen generar o retener empleos.

A esos fines, radiqué el Proyecto de la Cámara 1081, que atempera el reembolso parcial de salarios al nuevo salario mínimo y expande las empresas que son elegibles para cualificar para los incentivos debido a pérdidas operacionales o una expansión de su plantilla. Combinado con una promoción efectiva, estas enmiendas promoverán que el mayor número de empresas sean certificadas como PyMEs elegibles bajo la Ley 120-2014, lo cual figura como una de las recomendaciones puntuales del informe del DDEC sobre las PyMEs.

También necesitamos que nuestras leyes de planificación y permisos estén orientadas al fortalecimiento de las PyMEs y a la retención de empleos. Según el economista José Caraballo Cueto, una PyME crea un empleo por cada $115,000 en ventas, mientras que las megatiendas crean un empleo por cada $280,000 en ventas. Otros economistas han señalado que el establecimiento de una megatienda puede llevar al cierre de PyMEs aledañas y también destruir más empleos de los que crea.

Por eso la buena planificación económica requiere que antes de establecer una megatienda que tenga un efecto desestabilizador sobre la economía se comisione un estudio de impacto económico regional para determinar si se concede el permiso. En esa dirección, radiqué el Proyecto de la Cámara 1102 para restituir ese importante componente de nuestra planificación que obra en favor de nuestras PyMEs y de nuestros trabajadores y trabajadoras.

Por último, tanto organizaciones internacionales como el gobierno local han identificado un reto enorme para la creación y desarrollo de PyMEs: el acceso a capital y fuentes de financiamiento. Eso se acentúa en la actual crisis económica, pues la banca comercial se encuentra más reacia a extender financiamiento a nuevos emprendedores y pequeños comerciantes. El Proyecto de la Cámara 1082, de mi autoría, va dirigido a atender este problema mediante la creación del Programa de Capital Comunitario en el DDEC.

Este programa se basaría en legislación federal vigente para promover que personas comunes y corrientes inviertan en pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas al igual que se invierte en empresas grandes que cotizan en la bolsa, mediante portales de “equity crowdfunding” regulados federalmente. Esto permitirá que las PyMEs gocen de una fuente de financiamiento alterno a la banca tradicional, a la vez que les ofrece a las personas la oportunidad de invertir su capital en el desarrollo de las PyMEs de sus comunidades.

Desafortunadamente, este año la discusión sobre el sector empresarial en Puerto Rico se ha centrado en el presunto impacto adverso en la economía de los actuales avances en la legislación laboral, entre estos el aumento al salario mínimo y la pronta restitución de derechos laborales que la (D)eforma Laboral eliminó para empleados y empleadas reclutadas a partir de 2017. Esa discusión le hace un flaco servicio tanto a los trabajadores como a las PyMEs, que como señala el DDEC en su informe enfrentan múltiples retos en el marco económico local que no se relacionan con asuntos laborales y que actualmente están desatendidos.

En ese sentido, las leyes vigentes sobre PyMEs y las medidas que he radicado van dirigidas, precisamente, a atender los retos que dificultan el desarrollo empresarial y a ofrecerles herramientas de apoyo y expansión. Es hora de darle fiel cumplimiento a nuestra política pública a favor de las PyMEs y de fortalecerla para atender los retos que el mismo gobierno ha reconocido, pero aún no ha atendido.