juez tribunal juicio

A pesar de que en el Departamento de Justicia existen contados(as) funcionarios(as) y empleado(as) públicos(as) comprometidos(as) con su misión primordial de velar por la seguridad de la ciudadanía, existe una contracorriente socavando la confianza en la fiscalía. Independientemente de algunas convicciones logradas, la desconfianza sigue creciendo ante controversias recientes que se suman a polémicas anteriores de alegadas intromisiones indebidas para desviar, transigir y hasta paralizar investigaciones.

Parecería que los conflictos de interés de los(as) fiscales son insalvables, sino recogen vela y hacen examen de conciencia. Su razón de ser esencialmente es velar por los intereses de las víctimas de crímenes. Dependen de abogados(as) de carrera en la oficina del Procurador General quienes son los(as) que recurren a foros apelativos hasta el Tribunal Supremo de PR, y si necesario, al de EE.UU. En su pugna por justificar cobrar un salario más alto que los(as) abogados(as) de carrera, el P de C 1343, falta a la verdad cuando expresa que son los(as) fiscales quienes “recurre(n) de las determinaciones adversas con la asesoría del Procurador General para proteger al interés público durante las fases apelativas reconocidas…”(Exposición de Motivo, Inciso 8, p. 5). Invisibilizan que “el Procurador General, Subprocurador y los Procuradores Generales Auxiliares tendrán las atribuciones y facultades de un fiscal…” (Art. 59, Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Ley 205-2004). La única opción que tenían abogados(as) de carrera para lograr un aumento salarial era solicitar una designación política para fiscal; reteniendo su puesto de carrera. Al día hoy, éstos han sido congelados, impidiendo el reclutamiento de más personal necesario en Litigio Generales, Opiniones, Recursos Extraordinarios, y Oficina del Procurador General.

La Reforma Administrativa del Servicio Público de reclasificación de recursos humanos con sus respectivos ajustes salariales en la Rama Ejecutiva promulgada por el gobernador Pierluisi Urrutia, impacta a 45,000 empleados(as) bajo 65 agencias gubernamentales a un costo de $132 millones. Los(as) fiscales, procuradores(as) y registradores(as) de la propiedad pretenden construirse un nicho zafándose de la camisa de fuerza como abogados(as) bajo dicha reforma de clasificación, y del cortapisa de la escala salarial de la judicatura. Por ser funcionarios(as) públicos(as) designados(as) por el gobernante-con consejo y consentimiento del Senado-buscaron el aval de la Rama Legislativa para que sus salarios no fuesen menor que otros(as) abogados(as) en la Rama Ejecutiva. El P de C 1343 (5/mayo/2022) de autoría bipartita elimina toda referencia a la Rama Judicial, y transfiere al Departamento de Justicia la autoridad para establecer la escala salarial aplicable a ellos(as).

No obstante, mientras un nutrido grupo de fiscales se encontraba en las gradas del hemiciclo senatorial cabildeando por un aumento sustancial salarial, ¿dónde estuvieron los(as) fiscales alzando su voz encontra de la hoy Ley 85 (11/octubre/2022) que flexibiliza la excarcelación temprana de los criminales convictos de delitos de violencia contra la persona? ¿Por qué no se movilizaron como se hizo bajo la entonces secretaria Dennise Longo Quiñones frenándose la aplicación retroactiva del derecho a un veredicto por jurado unánime, luego del caso Ramos vs. Louisiana (18-5924, 20/abril/2020)? Este asunto es medular al trabajo del Ministerio Público por el cual pretenden ahora exigir un alza salarial, incluso por encima de los salarios en la Rama Judicial. La aprobación de la Ley 85 sustituye el criterio de la Rama Judicial por el de una entidad cuasi-judicial administrativa, como es la Junta de Libertad Bajo Palabra. Por otra parte, si el gobernador convierte en ley el P de C 1343, ya hay movimiento en la Rama Judicial para exigir aumento salarial. La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura en carta a la jueza presidenta Maite Oronoz caracteriza “el valor adquisitivo de nuestro ingreso sea uno paupérrimo”…“Es una aberracción que un Fiscal de Distrito”…“devengue un sueldo mayor que el Juez Superior que va a juzgar…”(26/octubre/2022). ¿Se renovará la petición que hace unos años la jueza presidenta presentó infructuosamente ante la Rama Legislativa (P del S 1444, 5/noviembre/2019)? 

Luego de promulgar la Ley 85 (11/octubre/2022), el gobernador también debe hacer un examen de conciencia sobre su crasa contradicción si se aumentan los salarios tan drásticamente a unos(as) funcionarios(as) públicos(as) que guardaron silencio restándole importancia a su trabajo de procesamiento criminal de asesinatos, secuestros, violación, entre otros. ¿Para qué aumentar salarios ante una función crasamente debilitada? ¿No están enterados(as) que poco importan las convicciones que puedan lograrse al flexibilizar la excarcelación temprana de asesinos con múltiples convicciones, eliminándoles cumplir sentencias consecutivas y abriéndoles los garrotes a la excarcelación temprana incluso cuando matan con armas ilegales? Quienes no defendieron la seriedad del alcance de su trabajo, ¿ahora se les recompensa?

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