Pedro Pierluisi
>Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

En el tramo del siglo XXI que transitamos, Puerto Rico se encuentra hoy en una encrucijada mayor respecto al reto de mejorar las capacidades de gobernanza, gestión y administración pública para avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. En este contexto, la gobernanza de los asuntos públicos tiene a la sociedad como primera destinataria y partícipe necesaria de lo que se hace en la búsqueda del bien común, la satisfacción de las necesidades de la sociedad y la aceptación y legitimación de la ciudadanía.

Por ello, las condiciones de cambios acelerados e incertidumbre colocan al centro de la gestión pública la capacidad y eficiencia directiva del gobierno. Los debates más recientes en la esfera pública sobre el fracaso en las decisiones gubernamentales en asuntos críticos tales como: entregar el control de los muelles del puerto de San Juan a una sola empresa; el manejo deficiente de los procesos de otorgamiento de permisos de construcción en Rincón y Aguadilla; la negligencia e incompetencia del municipio de Mayagüez en el manejo de la cartera de inversiones sin la adecuada protección de los activos municipales y el patrimonio histórico; y la incapacidad del Estado de generar respuestas para atender de manera eficiente los casos de maltrato de niños, mujeres y adultos mayores, atestiguan el descalabro de un proceso de gobernar que no atiende las necesidades de la sociedad.

Los desafíos que encara el País exigen gobernar, accionar y gestionar los asuntos públicos integralmente para satisfacer las necesidades de salud, educación, vivienda, obras y servicios y convivir con mayor seguridad y justicia y con menos desigualdades. De ahí que es impostergable articular un sistema de buena gobernanza pública que movilice la acción hacia las áreas críticas que hay que atender. No es aceptable continuar en el círculo vicioso de las malas decisiones sobre los problemas medulares que impactan la vida de todos.

Los retos que enfrentamos para instituir una buena gobernanza, luchar contra la ineficiencia económica, la corrupción política, la debilidad institucional y la anomia social exigen fortalecer la capacidad y eficiencia directiva del gobierno. El proceso de transformación necesario hace imperioso articular una visión de país y un modelo de desarrollo incluyente, sustentable y socialmente justo que propicie la prosperidad compartida y la igualdad en la sociedad.

Es evidente que el País necesita impulsar cambios radicales para romper con la incapacidad institucional y la irresponsabilidad administrativa que hemos vivido por décadas. Los resultados de los estudios realizados por el Centro de Gobernanza durante la pasada década puntualizan que los problemas que encara el País han deteriorado la gobernabilidad y la formulación de políticas públicas eficaces para propiciar el bien común de la sociedad. Hemos llegado a una coyuntura crítica donde se tienen que institucionalizar políticas coherentes e integradas de transparencia y rendición de cuentas como parte de una estrategia para fortalecer la gestión de los asuntos públicos y la gobernabilidad del País. Estas iniciativas requieren una articulación estratégica y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en beneficio de la cultura de buen gobierno que exigen los ciudadanos.

En tiempos de gran turbulencia como el que vivimos las decisiones sobre los complejos problemas que nos afectan son fundamentales para hacer frente a las situaciones más apremiantes que encaramos como sociedad. Nos urge mejorar la gobernanza y fortalecer las capacidades institucionales y directivas que permitan que el Estado retome su rol como el principal responsable de mejorar la capacidad institucional y la eficiencia política y diseñar y gestionar políticas públicas para el bien común.

Para gobernar y administrar con responsabilidad es imperioso lograr sincronía entre las instancias del proceso de gobernar. Gobierno y administración pública son anverso y reverso de la realidad estatal. El Estado acciona a través del gobierno mediante una administración pública. Por ello, un gobierno que no toma decisiones no gobierna. Asimismo, una administración pública que no implementa acciones no administra. Claramente, no hay estado sin gobierno y sin administración.

Por ello, es apremiante atender los desafíos para luchar contra la ineficiencia económica, la corrupción política y administrativa, las debilidades institucionales y la anomia social. En este sentido, los desafíos extraordinarios que vivimos se convierten en una oportunidad con un horizonte estratégico para atender problemas recurrentes que superan con creces el ciclo político. Estos retos solo serán superados si se logra articular un sistema de gobernanza pública que provea una verdadera respuesta a los problemas de la sociedad, una profunda mejora de la calidad institucional y de la eficiencia de las organizaciones públicas.

Se trata de consolidar los progresos y corregir los retrocesos. Sabemos que se puede… todos estamos convocados para emprender la gesta de transformar el País.

Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa