Senado

Senado de Puerto Rico.

Existe una desconexión absoluta entre el reclamo de justicia para víctimas de violencia de género como Rosimar Rodríguez Gómez, Arellys Mercado Ríos, Andrea Ruiz Costas y Nilda Álvarez Lugo —entre tantas otras mujeres despiadadamente asesinadas— y el castigo que recibirán sus asesinos. Afloran contradicciones abominables en legisladoras(es). No entienden la razón tras criminalizar la violencia doméstica mediante la Ley 54 (1989), ni empoderar a víctimas de delitos de violencia machista para declarar ante sus victimarios propiciando su convicción y sentencia a una pena carcelaria proporcional al agravio ocasionado como medida de seguridad. Parecería que de niños(as) nunca aprendieron a conectar los puntos en dibujos para colorear el cuadro completo. Si llegase a convertirse en ley el P del S 437 de la autoría de Joanne Rodríguez Veve (PD) y Gretchen Hau (PPD) aprobado en el Senado —con el aval de MVC, PNP, PPD, PIP y senador independiente— el recién convicto secuestrador Jay O’Neill González, quien asesinó a Rosimar Rodríguez Gómez, solo tendría que cumplir 25 años en lugar de 35 años naturales de cárcel, independientemente sea sentenciado a una perpetua (Art. 308, Código Penal 2012). El hecho de matarla con un arma tampoco impedirá que cualifique para libertad bajo palabra, puesto que se derogaría la prohibición del beneficio de dicho privilegio de excarcelación temprana a toda persona convicta por el uso de arma de fuego ilegal (Art. 3, Inciso (4), Ley Núm. 118, 22/julio/1974, según enmendada). Lo mismo pasaría con Jensen Medina si se lograse una convicción por el asesinato vil de Arellys Mercado Ríos. Así de ignorantes e hipócritas son las autodenominadas feministas senadoras que tanto critican la visión machista de Joanne Rodríguez Veve. Violentando la dignidad de víctimas de violencia de género, al unísono favorecieron eliminar tranquillas para la libertad bajo palabra. No obstante, contradictoriamente prohíben la excarcelación temprana de asesinos de funcionarios(as) de orden público (Art. 93(c)).

Como una vitrola vieja cuya aguja quedó encajada en un disco rayado sin permitirle sonar la melodía de paz, el Senado se ensaña en hacerle la vida imposible a las víctimas sobrevivientes de asesinato, entre otros delitos aborrecibles de violencia de género. Las senadoras “feministas” se hacen eco de la excarcelación temprana a toda suerte de malhechor desalmado sexista. De un plumazo el Senado borra la maleficencia de convictos confinados que violentaron la dignidad, integridad física y emocional de sus víctimas y sus allegados(as). Tras décadas de luchar por la seguridad de las víctimas sobrevivientes mediante la separación de la sociedad de nuestros victimarios convictos, el Senado se une para liberar de forma temprana a quienes deshumanizaron a su prójimo. El desconocimiento e insensibilidad de la secuela en la vida de las víctimas sobrevivientes de violencia, unido a la falta de programas que aseguren el cambio de conducta de confinados convictos de violencia de género, les hace repetir una falacia crasa. Equivocadamente equiparan la excarcelación temprana como sinónimo de “rehabilitación”.

El nuevo Senado multisectorial deshonra la esperanza de hacerles justicia a todas las víctimas de crímenes violentos. Poco les importó la batalla campal para frenar la retroactividad de jurados unánimes, que por la dificultad de celebración de juicio nuevo era una revocación legislativa de toda convicción por jurado mayoritario desde 1948. Ahora buscan destrancar los cerrojos penales de otra forma, sin solicitar la opinión de las víctimas quienes accedemos a los expedientes de confinados convictos de delitos de violencia para defendernos no solamente de nuestros victimarios, sino del engaño del Estado. La gran mentira del sistema correccional se evidencia en dichos expedientes; tanto lo que incluyen, como lo que omiten. El Senado está completamente ajeno de la falta de investigación administrativa y penal de crímenes de violencia que ocurren dentro del sistema penal. La tentativa de asesinato, las fugas de las cárceles y comisión de nuevos delitos de agresión sexual sin procesarse criminalmente, perpetrados estando “supervisados” en libertad bajo palabra, es una realidad que no les interesa conocer, pues destroza su ficción “rehabilitadora”.

El Senado carece de una conciencia social plena empática con las víctimas sobrevivientes de delitos odiosos contra la persona. Hacerse de la vista larga, sin escudriñar cómo sus determinaciones legislativas afectan la vida de nosotras las víctimas sobrevivientes, le hace cómplice de la revictimización y la reproducción de delitos de violencia contra la persona.

Que se dejen de hipocresía. Atrévanse a derogar el Código Penal, ordenen el cierre de las cárceles, eliminen la Policía, fiscalía, y salas judiciales penales, cesanteando todo su personal. De paso se achica el gobierno y nos ahorramos millones en salarios y gastos superfluos. ¡Por sus actos le conoceréis!