Juez, Justicia, Tribunal

Las redes sociales y el internet nos han abierto el espacio para hacer lecturas e investigaciones acerca de cómo enfocar la política y ponerla al servicio de las necesidades de los ciudadanos, de la gente. A través de periódicos internacionales nos hemos podido enterar de forma inmediata de quién ha ganado elecciones presidenciales en Perú, del asesinato del presidente de Haití, el resultado de las elecciones constitucionales en Chile y de las protestas populares en Cuba, entre muchos otros temas interesantes. Cuando hacemos un análisis más sosegado de la coyuntura internacional actual, nos percatamos de que uno de los elementos fundamentales para que ocurran estos eventos es el fracaso de la política para lograr conseguir o preservar la justicia social para la mayoría social. El deterioro de las condiciones de vida de la gente siempre ha sido un detonante para protestas que pueden llevar a cambios políticos determinantes. Por ello, es imperativo que respondamos la pregunta fundamental: ¿qué significa “justicia social”?

La justicia social es un concepto muy amplio que goza de múltiples interpretaciones, de acuerdo al proyecto político que lo elija como elemento descriptivo. Sin embargo, una de las definiciones más aceptadas es la que expresa que la política debe estar en función de crear instituciones para mejorar la vida de los ciudadanos en general, siempre y cuando se respeten las leyes, los derechos, y las responsabilidades de todos los componentes de la sociedad. Es decir, la justicia social es una meta que se alcanza cuando la política es efectiva y genera instituciones que permitan canalizar las demandas de los ciudadanos y dar una respuesta efectiva. Esto lleva a que las personas se sientan a gusto con las instituciones, gocen de buena calidad de vida y legitimen la política como instrumento de progreso social. Cuando las instituciones son incapaces que cumplir con las exigencias ciudadanas, el modelo político entra en crisis, lo cual trae como consecuencia el que se polarice la sociedad y comiencen enfrentamientos de unos contra otros, conduciendo a una ruptura que puede terminar en formas no democráticas de gobierno como el autoritarismo y la dictadura.

En el caso de Puerto Rico, la justicia social ha sido el norte de múltiples proyectos políticos a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, el partido que más ha aportado en la teoría y la práctica para definir este concepto para el país ha sido el Partido Popular Democrático. Desde la década del 40 del siglo pasado, este partido entendió que la base para la justicia social eran los derechos humanos, según reza el Artículo 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que para lograr cumplir con los derechos humanos, se hacía imperativo que los creadores de política pública desarrollaran leyes e instituciones que estuvieran en función de lograr el bienestar de la mayoría de los puertorriqueños. Instituciones como la Universidad de Puerto Rico, el Banco Gubernamental de Fomento, los departamentos de Salud y Educación, estuvieron en función de crear una clase media amplia, robusta y con bienestar.

Con sus luces y sus sombras, ya a finales del siglo pasado se reconocía que la calidad de vida en el País era superior al resto de los países de la región caribeña, y se valorizaba que en Puerto Rico la justicia social había sido alcanzada para el conjunto de la sociedad a través del acceso a la salud, educación, carreteras, universidades, electricidad y agua potable. Hoy vemos que el modelo de bienestar y justicia social está roto. Las personas han perdido la confianza en la política y en sus instituciones.

El reto que tenemos los funcionarios electos es devolver esa confianza en que la política es el instrumento para lograr la justicia social. El haber aprobado el primer presupuesto balanceado es solo el primer paso para lograrlo, pero aún falta mucho recorrido. Nuestro compromiso, como miembros de la clase política, es trabajar con compromiso y pulcritud para que los puertorriqueños vuelvan a confiar en la política, y demostrar que existen servidores públicos que tienen presente que el norte tiene que ser la justicia social para todos los ciudadanos.