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Con la frente en alto debemos rescatar la denuncia pública a nuestros ofensores sexuales en los foros oficiales correspondientes. Tras más de cuatro décadas de una lucha ardua exigiendo respeto a nuestra palabra, es un retroceso que víctimas de violencia de género actualmente se escondan detrás de una pantalla tecnológica para acusar anónimamente, sin ofrecer criterio alguno de confiabilidad para sostener su veracidad. Con ello se cierra un círculo peligroso que llevamos combatiendo de subterfugios de tácticas que continúan legitimando la vergüenza de las víctimas. Esconder la identidad de las víctimas en los medios noticiosos, cerrar las salas de tribunales para evitar que la prensa escuche sus testimonios, hasta prohibir la entrega de regrabaciones de dichos procesos judiciales, son modalidades de una “mordaza rosa” que coartan la libertad de expresión y prensa.

El espacio creado por administradores(as) anónimos(as) —“Yo te creo”— se ha arrinconado con su propia táctica de levantar una lista de alegados(as) agresores(as) sexuales. Sin distinguir, en un mismo zafacón agrupan actos de violencia con dedo acusador contra presuntos(as) victimarios(as). Utilizar las redes sociales para circunvalar las reglas del contrato social fundamentado en derechos democráticos es andar en terreno movedizo perjudicial. Reconocemos que todavía se perpetúa un sistema de injusticia judicial que en la práctica impide que se dilucide con el respeto merecido las voces de mujeres para relatar dignamente cómo se les marchitó su dignidad. No obstante, debemos ponderar si esta táctica cibernética resarce el daño ocasionado o si les revierte como un bumerán derrotando su propósito de denuncia poniendo en entredicho su propia credibilidad sin el peso de su palabra vertical.

Desde el anonimato en redes sociales se violenta la regla de oro requerida para ejercer la libertad de expresión para acusar públicamente a presuntos(as) victimarios(as). Saltando el filtro legal que rige la prensa, recurrir directamente a las avenidas informáticas cibernéticas sin criterio de confiabilidad alguno, le resta fuerza a su denuncia publicando dicha lista de alegados(as) agresores(as) sexuales. Sin identificar a la víctima, ni presentar una declaración jurada, querella, denuncia o documento desglosando los hechos de violencia sexual perpetrados, usando una burka tecnológica, ¿se esconden para tirar la piedra y esconder la mano? Esta nueva táctica de “guerrilla urbana” se presta para posible difamación y violación de derechos constitucionales.

En teoría, ventilar públicamente los alegados hechos pasando por un filtro judicial o cuasi-judicial vela garantizar el debido proceso de ley permitiéndole al acusado o demandado conocer quién y de qué se le denuncia para poder defenderse. Un ente supuestamente neutral dictamina la credibilidad o no de las alegaciones. Una convicción por violencia sexual requiere incluir al victimario en el Registro de Ofensores Sexuales levantado oficialmente por el Estado. No obstante, estamos consciente de cómo dichos procesos jurídicos en muchas ocasiones reproducen el patriarcado cancelando las voces de verdaderas víctimas. Por ello, la fiscalización de una prensa libre es vital. La doctrina de reportaje justo y verdadero avala el ejercicio de la libertad de expresión y prensa cuando se informa sobre “un procedimiento judicial, legislativo u oficial, u otro procedimiento cualquiera o de algo dicho en el curso de dichos procedimientos” (32 LPRA, Sec. 3144; New York Times Co. vs Sullivan, 376 US 254, 1964). Procurado las salvaguardas legales para presentar información verídica documentada sobre uno de mis violadores en una vista pública, enfrentamos exitosamente junto a un rotativo implicado, una demanda viciosa por su publicación (Caso Núm. KLAN200901317, Sentencia, 30/abril/2010).

Las autoridades correspondientes deben evaluar la lista publicada en la página cibernética “Yo te creo” para verificar si los nombres aparecen en algún banco forense de datos —sean de investigaciones, denuncias, casos judiciales, confinados, entre otros— para cotejar posible historial que recoja información de alegada violencia por razón de género para evaluar su trámite. De no existir, debiesen identificar alegadas víctimas para indagarles sobre la violencia que motivó incluir los nombres de sus victimarios(as) en “la lista”. Podrían empezar instaurando una línea caliente telefónica para establecer contacto respetando sus necesidades. Hay que explorar la posibilidad de instar una querella formal, ofreciéndoles servicios para empoderarlas a exigir que se les respeten sus derechos como víctimas de crímenes violentos. Aun cuando el sistema le ha fallado repetidamente a las víctimas, la lucha se da de frente para fiscalizar al patriarcado. No hay que esconderse tras puertas cerradas en los tribunales, ni burkas tecnológicas. ¡Levantemos nuestras voces de cara al sol!