Pedro Pierluisi

En la foto el gobernador Pedro Pierluisi.

El gobernador Pedro Pierluisi ha sido criticado por indultos concedidos a cinco personas que en el pasado cometieron delitos graves. Los casos incluyen asesinato, apropiación ilegal agravada y una convicción por delitos sexuales. En esta última fue contra una menor. Ambos eran novios y los padres de la muchacha los descubrieron y lo informaron a las autoridades. Aunque fue una relación consensual, la ley dispone que es un delito. La perjudicada fue consultada y en lo absoluto se opuso a que se le concediera la clemencia ejecutiva.

El Artículo IV, Sección 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le otorga esa facultad al gobernador: “Suspender la ejecución de sentencias en casos criminales, conceder indultos, conmutar penas y condonar total o parcialmente multas y confiscaciones por delitos cometidos en violación de las leyes de Puerto Rico. Esta facultad no se extiende a procesos de residencia”.

Desde que se promulgó nuestra Constitución los gobernadores han concedido múltiples indultos. Es una facultad constitucional que se ejerce de manera discrecional, pues nadie tiene derecho a ser indultado. La misma Comisión de la Rama Ejecutiva de la Convención Constituyente, al rendir un informe sobre esta figura, señaló claramente que no es aplicable a la imposición de multas o confiscaciones administrativas impuestas por los organismos administrativos del Estado.

La Constitución de los Estados Unidos de América, anterior a la nuestra, establece en su Artículo II, Sección 2 que el presidente tendrá el poder de conceder indultos y perdones en los casos de ofensas contra los Estados Unidos, excepto en los casos de personas condenadas en un juicio político. Es una figura que recibió fuerte respaldo en los Federalists Papers y desde George Washington -el primero en ejercer esa facultad- todos los presidentes lo han hecho.

Muchos de los indultos presidenciales han sido controversiales, como el otorgado por Gerald Ford a Richard Nixon por el caso de Watergate; el dado por Jimmy Carter a los desertores de la guerra de Vietnam y a los nacionalistas puertorriqueños Lolita, Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero y Rafael Cancel Miranda; el de George H. Bush a los implicados en el Irangate; los otorgados por Bill Clinton a varios terroristas de la FALN y el de Barack Obama a Oscar López.

Durante la década de los cincuenta el entonces gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, concedió indultos a muchos líderes nacionalistas que, mediante actos de terrorismo, habían intentado derrocar el gobierno y subvertir el estado de derecho vigente refrendado por el pueblo en las urnas. Entre ellos estuvo el líder nacionalista don Pedro Albizu Campos, que fue arrestado por las revueltas armadas ocurridas en 1950.

El indulto es una figura de raigambre histórica. Se origina en la edad antigua y se practicaba en tiempos de Grecia y Roma. Uno de los famosos casos fue cuando Poncio Pilatos, accediendo al clamor del pueblo, indulta a Barrabás y condena a Cristo. Caso emblemático que usó Borges para criticar la democracia por ser la primera votación al comienzo de la era cristiana donde un delincuente le gana a un santo.

Los indultos concedidos por el gobernador van dirigidos a rehabilitar a la persona, según establecido en nuestro sistema de vida democrática. La misma Constitución del Estado Libre Asociado dispone en su Carta de Derechos que “la dignidad del ser humano es inviolable” y que “no se impondrán castigos crueles e inusitados”. Los castigos continuados luego de su cumplimiento en prisión contravienen estas cláusulas constitucionales.

Un caso emblemático que se dio en Puerto Rico fue el de Rosario Díaz v. Toyota de Puerto Rico. El demandante Wilfredo Rosario Díaz demandó porque su solicitud de trabajo le fue denegada por reflejar su certificado de antecedentes penales expedido por la Policía una convicción previa. El perjudicado perdió en el Tribunal de Apelaciones, pero el Tribunal Supremo, por estar dividido, no pudo decidir, por lo que la opinión del apelativo prevaleció. El argumento fue que había un discrimen por condición social. El juez asociado Jaime Fuster concurrió con lo planteado en las alegaciones hechas por el demandante.

El derecho evoluciona, las constituciones cambian mediante procesos enmendatorios y los tribunales, por acción jurisprudencial, tienen facultad para ampliar los derechos de los ciudadanos. Como dictaminó el juez Douglas en Griswold v. Connecticut, “specific guarantees in the Bill of Rights have penumbras, formed by emanations from those guarantees that help give them life and substance”. Viendo la actualidad social de estas personas fue que el gobernador, con hondo sentido de justicia, concedió estos indultos.

Mario Ramos, Historiador