Laura Posada discapacidad

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres me parece oportuno promover algún nivel de reflexión que permita continuar visibilizando la situación de las mujeres que conviven con la discapacidad. Este es un sector amplio y heterogéneo, pero sistemáticamente invisibilizado en procesos de política pública, de servicios y de protección. En los pasados años, datos del censo indicaron que el 19.9% del total de mujeres en el País reportaron tener alguna discapacidad, entre las que se encuentra la discapacidad física, cognitiva, auditiva, visual y dificultades o imposibilidad para realizar las actividades de la vida diaria. La invisibilidad en la que suelen vivir estas mujeres está, en gran medida, fundamentada en las construcciones sociales que se tiene sobre lo que es ser mujer y tener discapacidad. Cabe señalar que al utilizar el concepto discapacidad no hago referencia a que estas mujeres sean incapaces; por el contrario, hago referencia al andamiaje social, económico y político que discrimina a quien es diferente por el solo hecho de serlo, a esa percepción y reacción social hacia la persona que tiene una diversidad funcional, lo que limita su plena integración e inclusión en todas las esferas sociales, en igualdad de condiciones. 

Las mujeres con discapacidad son sujetos de derechos, como todas las demás, y los mismos les son violentados de manera sistemática. Esta violación de derechos y la violencia que encaran suelen estar legitimadas por la sociedad y el estado quienes perpetúan la visión histórica en la que una persona con discapacidad era considerada como defectuosa, incapaz, no productiva. En el caso de las mujeres, se añaden adjetivos de vulnerabilidad, sumisión, enfermedad y dependencia. No se les reconoce capacidad para llevar a cabo roles y tareas tradicionales entre las mujeres como son las relaciones erótico-afectivas, la maternidad y la independencia económica. Sus derechos sexuales y reproductivos son violentados, sus cuerpos son considerados desviados o inferiores, viviendo la estigmatización y la desvalorización que las hace, con frecuencia, más vulnerables a ataques y a abusos. De esta manera se invisibilizan las capacidades, los intereses y las necesidades de estas mujeres, no se toman en cuenta las interseccionalidades y suelen ser relegadas a una categoría ciudadana de segunda.

Es en este contexto en el que se desarrollan y viven muchas de las mujeres que tienen discapacidad. Documentos internacionales confirman que las niñas y las mujeres con discapacidad, sobre todo si tienen discapacidad intelectual, tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir diferentes tipos de violencias al comparárseles con sus congéneres sin discapacidad. Es relevante señalar que existen unas circunstancias habituales en la vida de las mujeres con discapacidad que se convierten en espacios y en experiencias de violencias y abusos. Entre ellos se encuentra la dependencia de otros en cuidados de larga duración, la dificultad de que les crean cuando informan una situación de violencia, el bajo nivel de educación acerca de la sexualidad apropiada o inapropiada y la necesidad de ayuda física.

Aun en estas circunstancias sociales y familiares el tema de la violencia contra las niñas y las mujeres con discapacidad no está siendo atendido de manera proactiva. Muchos pudieran pensar que no es un problema social y estructural, pero lo es. A las circunstancias antes descritas se añade el que las mujeres con discapacidad no son visibilizadas en las campañas de prevención sobre violencias y agresiones sexuales, razón por la cual no se sienten representadas y, en ocasiones, ni siquiera reconocen que son víctimas por lo que buscar ayuda no lo identifican como una necesidad. Por otro lado, los gobiernos no suelen tener estadísticas sobre este tema, no porque no existan las agresiones, sino porque no hay denuncias y no se sistematiza la información.

Existe suficiente información y estrategias para promover la seguridad de las niñas y las mujeres con discapacidad. Se recomienda que el estado y las organizaciones no gubernamentales promuevan campañas de prevención y atención a la violencia que incorpore de manera explícita a las mujeres con discapacidad; que a través de las estadísticas se pueda evidenciar si una niña o mujer maltratada tiene una discapacidad; que los servicios dirigidos a mujeres y los dirigidos a las personas con discapacidad incorporen los temas de género y discapacidad de manera transversal para que sean tomados en consideración al diseñar programas y ofrecer servicios. La educación sexual continúa siendo una gran necesidad en esta población, igual que las campañas de orientación para las familias y los profesionales. Estos pasos pueden ser el inicio de una sociedad más justa, libre de opresión, discrimen y violencia contra las niñas y las mujeres que conviven con la discapacidad. A pesar de todo lo expuesto, reconocemos que muchas de estas mujeres luchan y superan las condiciones de opresión impuestas, logrando vivir la vida que desean y merecen.