Capitolio

Lado sur del Capitolio. (Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO)

Con la aprobación de la ley Promesa y la instalación de la Junta de Control Fiscal que la misma proveyó como condición para el detente de las acciones judiciales en cobro de dinero contra el gobierno de Puerto Rico, se comenzó un proceso sui generis con un camino lleno de incertidumbres.

Poco a poco la jueza nombrada para dirigir el proceso ha mostrado deferencia en más de una instancia hacia el gobierno del territorio y los directivos de sus instrumentalidades. De la mano de esa realidad, la pérdida de relevancia de la junta en los círculos de poder político en la capital federal ha envalentonado a más de uno aquí en la ínsula. En los mencionados círculos, la ley Promesa y la junta fueron parte de un experimento jurídico poco agraciado respecto al cual con toda posibilidad se distanciarán en ocasión de alguna quiebra futura de cualquier otro territorio y/o posesión. Ahora bien, lo cortés no quita lo valiente.

Aprobado un plan fiscal y habiendo alcanzado acuerdos con los acreedores de las obligaciones generales del gobierno, los llamados GO —la verdadera deuda que puede afectar los servicios esenciales que brinda el gobierno de Puerto Rico— para el ajuste de sus acreencias, solo resta la aprobación de legislación cónsona con el mismo para iniciar el camino a la salida de la quiebra, la reinserción a los mercados de capital y el conteo para la salida de la junta. La única ficha del tranque hasta hace unas semanas lo era el asunto del tratamiento a los pensionados como acreedores no asegurados dentro del proceso.

El asunto no es poca cosa. Se trata de un principio teórico y filosófico dentro de ajustes de deudas “soberanas” que ha sido preservado en muchos ejercicios similares dentro de los EE.UU. y el mundo. En esa realidad la jueza nombró como instrumento de la corte un Comité Oficial de Retirados (COR) que en un ejercicio actuarial y de responsabilidad alcanzó un acuerdo con la junta y acreedores que salva de todo recorte a más de tres cuartas partes de los pensionados y en porcentajes sustancialmente bajos en comparación con otros casos de nivel parecido en cuanto a cantidad y número de pensionados. No obstante, el populismo de los políticos y politiqueros locales los ha llevado a renegar contra el mismo trayendo de los pelos argumentos demagógicos como los de planes de pensionados pequeños de ciudades de EE.UU. insignificantes al tamaño del nuestro o de países de Latinoamérica que simplemente el tamaño de sus economías les permitían cerrarse las puertas de los mercados de capital por periodos prolongados. El populismo se apoderó hasta de los nombres de las leyes que lo recogen.

Dentro de la dinámica populista y la necesidad de presentar un plan de ajuste en el mes de noviembre ante la jueza que dirige el proceso, se anunció un salomónico acuerdo entre Legislatura, el gobierno central y la junta en el que se subió el umbral de mínimo de pensión para los recortes a $2,000 mensuales, lo que reduce la cifra que en esfuerzo hay que identificar para evitar recortes a todos los pensionados año a año. Todo parecía indicar que nos encaminábamos a dibujar la ruta del futuro en los próximos 20 a 30 años para una mejor realidad fiscal. Sin embargo, nuestros bien ponderados políticos han expandido su capacidad para demostrarnos los niveles insospechados de incompetencia a la que pueden llegar. Trastocaron el acuerdo y quizás agarrándose de cuestionamientos pasados de la jueza a la junta en cuanto a cómo se podría viabilizar un plan de ajuste sin aprobación legislativa local, lo echaron por la borda. Ahora, ante los señalamientos de la junta al respecto, arguyen que todo el papelón es parte de un “plan maestro” que ni Dios entiende. Al parecer se les olvidó o nunca leyeron que según la ley Promesa, respecto al tema de las pensiones, si la junta a su plena discreción determina que un sistema de pensiones de un territorio carece de recursos tras un estudio actuarial, a su voluntad, puede presentarle a la corte tasas de descuento a las pensiones conforme a las obligaciones materiales del plan de ajuste acordado.

Nuestros políticos pierden de perspectiva que ante los ojos de cualquier juzgador pierde puntos el litigante que obstruye los acuerdos. Eso es así porque a los juzgadores les encantan los acuerdos. Tengan cuidado con jugar a la ruleta rusa. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir.