La erosión de la confianza en las organizaciones gubernamentales, empresariales y sin fines de lucro ha venido aumentando hace décadas y le ha restado posibilidades al desarrollo económico y social del País. En tiempos recientes han aumentado los señalamientos de casos de corrupción en las municipalidades, las agencias y la legislatura. Estos señalamientos han develado de manera contundente el deterioro de las capacidades institucionales y la negligencia en el otorgamiento de fondos, contratos y permisos, haciendo evidente las relaciones contractuales incestuosas entre instituciones gubernamentales y empresariales que le abren espacio a las prácticas de corrupción.
También han proliferado los cuestionamientos del uso de los fondos públicos. La prensa ha publicado sobre la negligencia en los contratos y los fondos otorgados para el manejo de las crisis de los huracanes, terremotos y la crisis pandémica. En la mayoría de los casos no sabemos ¿cómo se otorgaron los contratos y los fondos? ¿Quiénes son los actores que controlan dichas organizaciones? ¿A quiénes representan?, o ¿cómo se financian?
La negligencia en los procesos de otorgamiento de fondos, contratos y permisos y la falta de supervisión y fiscalización exige reafirmar que cuando el Estado otorga fondos públicos para financiar causas sociales y comunitarias, establece la obligatoriedad de que las entidades gubernamentales, empresariales y sin fines de lucro receptoras de estos fondos sean transparentes en la utilización de los fondos públicos y los donativos que reciben y rindan cuentas sobre sus operaciones. Por su parte, el gobierno viene obligado a fiscalizar el uso prudente de los fondos otorgados con parámetros claros y de acuerdo con los estándares aceptados internacionalmente. La fiscalización debe ser un mecanismo para controlar, mejorar, modificar, incentivar y, en última instancia, sancionar el incumplimiento en la ejecución y los resultados y la negligencia en el uso de fondos públicos.
Los estudios de investigación realizados por el Centro de Gobernanza en la pasada década plantean que la desconfianza en el gobierno en general ha debilitado el apoyo a las reformas trascendentales requeridas para generar bienestar y prosperidad para todos y ha polarizado la ciudadanía. En particular, los resultados de las investigaciones señalan que las debilidades institucionales en varias dimensiones de la gobernanza pública pueden explicar las vulnerabilidades del presente por las ineficiencias causadas por el mal uso y el desperdicio de los recursos públicos. Asimismo, destacan una formulación de políticas públicas en favor de intereses particulares y no del interés público. Además, plantean que aun cuando se introducen políticas públicas correctas, su implantación no es efectiva y no logran traducirse en la práctica y generar cambios por falta de capacidad administrativa y liderazgo y una resistencia a la implantación efectiva.
La erosión de las capacidades y la confianza se refiere a un proceso que debilita, restringe o elimina posibilidades sin las cuales no podemos avanzar hacia la prosperidad y la búsqueda del bien común. El universo de las instituciones de nuestros tiempos -gubernamentales, empresariales y sin fines de lucro- se enfrenta a retos monumentales como consecuencia de un entorno extraordinariamente complejo. Crece la erosión de la confianza y las capacidades institucionales, aumenta la incertidumbre y los riesgos económicos, ambientales, sociales y tecnológicos y el universo de actores es cada vez más fragmentado.
La confianza es condición indispensable para la convivencia en la sociedad y para los negocios y la prosperidad económica. Como pilar de la gobernanza, la confianza es considerada un eje de la gobernabilidad y el desarrollo económico eficiente. Asimismo, facilita las transacciones entre individuos, gobierno y empresa; impulsa la inversión y la innovación, permite la formulación de políticas públicas eficaces y genera un mayor crecimiento económico.
Los problemas de gobernabilidad y de gobernanza y sus implicaciones en la vida democrática como forma de gobierno requieren que seamos capaces de dar respuestas adecuadas y ágiles a las demandas de la sociedad en el ámbito económico, social, político y cultural. La necesidad de cerrar la brecha entre un entorno que cambia a ritmo vertiginoso y el aumento en la relevancia de las instituciones para el desarrollo de la sociedad y la economía son razones suficientes para enfrentar el desafío de salvaguardar la confianza y fortalecer las capacidades institucionales para impulsar la prosperidad y el bien común.
