Dinero

Puerto Rico se enfrenta a una nueva paradoja fiscal. Por un lado, es reconocido que la deuda pública no es sostenible y debe ser reestructurada, mientras que, por otro lado, la reestructuración de la deuda es una condición necesaria, pero no suficiente para la transformación del País. En este sentido, la transparencia de la deuda pública ha cobrado una importancia crítica por diversas razones: los ciudadanos necesitan fiscalizar el uso de los recursos públicos y exigir que el gobierno rinda cuentas de la deuda contraída; los acreedores necesitan evaluar a fondo la sostenibilidad de la deuda de sus posibles prestatarios, y los prestatarios necesitan diseñar estrategias basadas en una comprensión clara del nivel y el perfil de costos y riesgos de su cartera de deuda.

El debate sobre el ajuste a la deuda pública ha hecho evidente la debilidad recurrente de las políticas públicas, las deficiencias del estado de derecho vigente y la falta de voluntad política relativo a la transparencia fiscal y presupuestaria. Más aún, una mirada a los portales electrónicos de las entidades gubernamentales responsables de las finanzas públicas del País revela que las debilidades principales se relacionan con las deficiencias en las normas sobre la divulgación de la deuda.

De igual forma, hemos observado que la opacidad de la información se ha tornado más persistente y peligrosa en el debate. Por un lado, la saturación de información de baja calidad y, por otro lado, la viralización de desinformación, incluyendo datos incompletos o manipulados sobre el manejo de la deuda pública y la protección a las pensiones de los servidores públicos. Al parecer no se ha entendido que frente a la desinformación el antídoto más efectivo es mayor transparencia y acceso a la información pública. Más bien se ha tratado de atender la transparencia fiscal con propuestas y discursos opacos y deficientes.

La coyuntura actual de incertidumbre y cambios disruptivos constituye una oportunidad favorable para sentar las bases de una cultura de transparencia fiscal en la gestión pública. En este sentido, la transparencia de la información es el principio fundamental que guía el proceso administrativo y obliga a que el Estado atienda los asuntos públicos de manera abierta y transparente, lo que permite el escrutinio de la ciudadanía, amparándose en el derecho de acceso a la información y en la obligación legal de rendir cuentas acerca del uso de los recursos públicos. De esta forma, se puede generar una dinámica tal que las exigencias de la ciudadanía y la voluntad política coincidan para que se genere un proceso de transformación económica y social que nos movilice a mejorar la gobernanza y propiciar el desarrollo económico inclusivo, la prosperidad y el bien común de la sociedad.

Por ello, tenemos que continuar propiciando que el comportamiento transparente en la gestión pública sea exigido y premiado por la ciudadanía, y que su incumplimiento se traduzca, casi automáticamente, en una sanción política (como la reducción de la probabilidad de un nuevo éxito electoral), profesional (pérdida de imagen entre sus pares y superiores) o económica (como la destitución del cargo). En la medida en que la ciudadanía se muestra desinteresada frente a temas de transparencia, estos mecanismos de sanción no serán efectivos y los funcionarios públicos podrían continuar cediendo al impulso natural de esconder información sobre sus actos. La pasividad y el desinterés ciudadano por fiscalizar y exigir más de sus funcionarios públicos puede ser inversamente proporcional al grado de eficiencia, predictibilidad y calidad de los resultados.

En este momento excepcional, encausar la salida de la crisis económica, fiscal y social que vivimos requiere una combinación de sacrificios, reducir significativamente la deuda y formular presupuestos abiertos para viabilizar una inversión en mejores condiciones y con el equilibrio distributivo más adecuado. Todo ello servirá para generar una cultura de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en todas las etapas y ámbitos de la planificación, decisión y ejecución de la política económica y fiscal y permitirá reducir al mínimo el comportamiento ineficiente y arbitrario de las instituciones y funcionarios públicos.

La transformación económica y social que requiere el País exige que seamos capaces de llegar a acuerdos para que exista balance y reciprocidad entre los servicios esenciales, el ajuste a la deuda, el plan fiscal, el presupuesto gubernamental, la salud fiscal de los municipios y el financiamiento adecuado de la universidad. En poco tiempo sabremos si la legislatura, el ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal van en esa dirección.