la fortaleza
>Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

El sector público se enfrenta a retos monumentales como consecuencia de un entorno extraordinariamente disruptivo. La crisis comenzó a desplegarse con fuerza cuando el País ya se enfrentaba a un complejo conjunto de condiciones preexistentes entre las cuales estaban las debilidades de la gobernanza pública, el deterioro de las capacidades institucionales, bajos niveles de productividad, un malestar latente de desconfianza por la falta de transparencia en la gestión gubernamental y el aumento en la corrupción.

La crisis de la pandemia, precedida por los huracanes y los terremotos, ha dejado cicatrices profundas en una ciudadanía insatisfecha con las soluciones insuficientes del gobierno que provocan un incremento en la desconfianza en sus instituciones públicas. Más aún, la brecha entre el gobierno y la sociedad se viene ensanchando desde hace varias décadas y crece sin distinguir lo político de lo administrativo, lo gubernativo de lo legislativo y de lo judicial o lo estatal de lo municipal. La falta de transparencia en la gestión de los asuntos públicos y los escándalos de corrupción han dañado seriamente el prestigio y legitimidad del servicio público.

La pandemia de coronavirus es una llamada de alerta para transformar y cambiar el statu quo de manera que podamos regresar, no a la vieja normalidad, sino a una nueva y mejor normalidad. Las disrupciones súbitas de la pandemia en la movilidad humana, los flujos de capital, los negocios y el comercio plantean un desafío monumental sin precedentes. Reparar los daños que ha causado esta crisis va a requerir una auténtica revolución de las prácticas de gobernanza, administración y gestión pública y un diseño inteligente de las políticas públicas, así como disciplina y creatividad para identificar las oportunidades de reforma, desarrollar políticas para sacar la economía de la crisis y generar un crecimiento más sólido, robusto, inclusivo y sostenible.

En términos reales, la pandemia de coronavirus representa un momento de transición de disrupción y cambios. El gran reto que tenemos como país en esta nueva época es afrontar las circunstancias y desafíos actuales con una visión centrada en generar prosperidad y desarrollo para el bien común de la sociedad. La pregunta es, ¿el gobierno y las instituciones gubernamentales poseen la capacidad de resiliencia para recuperarse y adaptarse a la realidad post covid-19 y prepararse para enfrentar los desafíos de próximas disrupciones?

Enfrentar adecuadamente la adversidad propia de este momento histórico requiere que seamos capaces de hacer las cosas mejor y también de hacer mejores cosas. En un momento en que los ciudadanos exigen que el gobierno haga más con menos recursos, pero además con altas expectativas de que lo hagan mejor, se requiere gobernar bien durante y después de la crisis. La clave está en la capacidad para gestionar y liderar eficazmente la situación de adversidad actual, y además aprovechar las oportunidades que emergen de la crisis para focalizar en el futuro formulando políticas públicas con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Estas políticas públicas deben brindar nuevas alternativas de desarrollo y crecimiento económico, una respuesta a los sectores más afectados y crear nuevos empleos.

Si algo ha quedado claro en esta crisis pandémica es que los desafíos que enfrentamos superan las capacidades del gobierno. La crisis ha puesto de manifiesto que el deterioro es sistémico. Está claro que tenemos que retomar el rumbo del buen gobierno para crear oportunidades. Para lograrlo tenemos que ser capaces de darle certeza a diversas formas de capital e inversión mejorando la gobernanza y fortaleciendo las capacidades institucionales y proveer información y datos para generar credibilidad y confianza en los ciudadanos, empresarios e inversores. La prosperidad para todos es posible, es cuestión de estrategia y políticas públicas bien articuladas.

Es indudable que Puerto Rico atraviesa un momento histórico, en el cual tenemos una oportunidad única para repensar y diseñar el país que queremos. El bien común y la prosperidad compartida serán una realidad si cada sector aporta desde su quehacer a su construcción, con auténtico interés por el bien común. Atender la complejidad depende, en gran medida, de que el gobierno pueda articular respuestas inteligentes. El cambio exige instituir la transparencia para ganar confianza y credibilidad. No se trata solo de elaborar leyes o procedimientos, sino de poner sobre la mesa auténticas políticas públicas que viabilicen una transformación real del sector público para dotarle de nuevas y mejores capacidades para reformar la gobernanza; transformar el funcionamiento administrativo y fortalecer la gestión pública; impulsar la economía, la productividad y la innovación; reducir la desigualdad y promover la diversidad.

Resulta evidente que tenemos que ser capaces de construir un mejor país de oportunidades para todos.

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Directora Ejecutiva Centro de Gobernanza Pública y Corporativa