Reunion Junta Control Fiscal en Hotel Conquistador en Fajardo

El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó en 2016 la Ley Promesa, que procura la reestructuración de $72,000 millones en deuda bajo un nuevo proceso, y que estableció una Junta de Control Fiscal. >ARCHIVO

Nos encontramos en un momento crucial para nuestro País, en el comienzo de un nuevo año, cuando el gobierno inicia el proceso de diseñar la propuesta fiscal que regirá los gastos públicos. 2021 representa el cuarto año en que la Junta de Control Fiscal funge como ente regulador del contenido de este documento y hacer las proyecciones de los gastos, de acuerdo con lo establecido por la Ley Promesa.

A pesar de que Puerto Rico atraviesa una de sus peores crisis económicas y fiscales desde 2006 —recrudecida por los eventos devastadores de los últimos cuatro años que han trastocado a los sectores productivos y a toda la sociedad— el gobierno ha recibido el insumo de fondos federales y asignaciones para la recuperación tras los terremotos y paliar los efectos de la pandemia. Esto último ha tenido como efecto amortiguar esta caída, especialmente la más reciente merma en los recaudos registrada durante el segundo trimestre de 2021 por el necesario cierre total decretado para detener la cadena de contagios y contactos del Covid-19.

Otro de los acelerantes de esta crisis del cuatrienio Rosselló-Vázquez fue la manera irresponsable en que fueron manejados los asuntos públicos: desde aspectos administrativos del gobierno, incluyendo los fondos asignados para atender la destrucción de propiedad pública y privada ocasionada por los huracanes y los terremotos, hasta la incapacidad de articular un solo presupuesto balanceado que fuera negociado exitosamente entre el gobierno y la Junta. Recordemos que la Ley Promesa establece que nuestro país continuará bajo la supervisión de este ente exógeno a nuestro sistema de gobierno hasta tanto no se cumpla con ciertas disposiciones, entre ellas, diseñar presupuestos balanceados durante al menos cinco años consecutivos.

Ya sabemos la manera deficiente con la que los gobernantes más recientes manejaron un asunto tan puntual y sus consecuencias. También conocemos la forma en que se desperdiciaron y dejaron perder miles de millones de dólares de fondos federales y locales que pudieron destinarse a la restauración de hogares destruidos, la reparación y construcción de infraestructura de carreteras y eléctrica más resistente e identificar instrumentos dirigidos a estimular el desarrollo económico a través del fortalecimiento de nuestros pequeños y medianos negocios que son los que emplean más del 60 por ciento de la fuerza trabajadora del País.

Nuestro compromiso desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes es trabajar de la mano con el gobierno, utilizando los mejores recursos con el peritaje en asuntos económicos y de política pública. Esta faena la realizaremos promoviendo la transparencia en todos los flancos, incluyendo la observancia puntillosa del presupuesto destinado a las operaciones de nuestras dependencias de gobierno y sus municipios, asegurando que el dinero que refrenda el pueblo regrese al pueblo.

También, es esencial restablecer la credibilidad ante el gobierno federal y los mercados de inversión. Para ello, desde la legislatura ejerceremos nuestra responsabilidad fiduciaria y de fiscalización, porque el dinero del País no seguirá siendo destinado al lucro de los amigos del poder como tampoco lo será para pagar indiscriminadamente deuda contraída de forma ilegal e inmoral.

En el inicio de un mandato de gobierno, que por diseño del pueblo tendrá que ser ejercido de manera consensuada, toca a todos los actores públicos en esta encomienda definir cuáles son las necesidades apremiantes de la gente y definir los servicios esenciales, de manera que el presupuesto se diseñe alrededor del pueblo, no a expensas de él.

Todos queremos disponer de la Junta de Control Fiscal y recuperar el manejo de las finanzas públicas. Para lograrlo, es necesario cumplir, de una vez, con el diseño de un presupuesto responsable a largo plazo, que priorice a la gente y sus necesidades, que restaure las infraestructuras necesarias para devolver a Puerto Rico la funcionalidad como destino de inversión, y que apueste a los sectores que podrán devolver dinamismo económico al País y crear empleos dignos y bien pagos.

Esta debe ser la meta de todo el componente de este nuevo gobierno plural: compromiso y consenso para favorecer a los distintos grupos del pueblo que representa.