Junta Control Fiscal

(Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO)

El pasado lunes este rotativo reportó información sumamente preocupante sobre compañías secretas de energía renovable de Ana Matosantos, miembro de la Junta de Supervisión Fiscal. Estas son parte de la compañía de su familia Matosantos Commercial Corporation (MCC) en Vega Baja. La historia levanta varias preguntas sobre posibles conflictos de intereses, posibles violaciones al deber de fiducia, posibles violaciones de leyes criminales federales y de Promesa.

Para comenzar, Ana Matosantos, según los documentos revelando sus finanzas y presentados a la Junta de Supervisión Fiscal, es miembro de la Junta de Directores de MCC y recibe dividendos del negocio familiar.

Lo que no fue revelado en esos documentos, y es el tema del reportaje, es su rol en las compañías que están generando energía renovable, una de las cuales tiene un acuerdo de interconexión con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). De ser cierto, este permitiría a la familia Matosantos vender o transmitir energía a la red de la AEE debido a una capacidad de generación de casi 1,000 kilovatios.

Ya que la Junta de Supervisión Fiscal es la entidad a cargo de certificar el plan fiscal y el plan de ajuste de Prepa, su rol requiere un examen cuidadoso, especialmente si Ms. Matosantos potencialmente se puede beneficiar de un contrato conectado con la AEE ahora o en el futuro.

Todos los miembros de la junta y su personal están sujetos a los requisitos sobre conflictos de intereses federales contenidos en el 18 U.S.C. § 208, que está incorporada en Promesa por la § 109(a}. Estos conflictos deben ser revelados al U.S. Office of Government Ethics; y el no hacerlo puede resultar en hasta cinco años de prisión. Además, existe la posibilidad de penalidades civiles de $50,000 por violación o el monto de lo ganado ilegalmente, cualquiera que sea mayor (Ver, 18 U.S.C. § 216). Además, Fiscalía federal podría solicitar al Tribunal federal una orden para que se prohíba la actividad en entredicho. Estas leyes se escribieron por una razón: para prevenir que transacciones comerciales interfieran con el servicio público y se beneficie a aquellos en el poder. De ser ciertas las alegaciones, Ms. Matosantos se ha expuesto a estar en violación de estas reglas.

Hay otro potencial problema, sin embargo, de ser cierta la noticia sobre Ms. Matosantos: el RSA (Restructuring Support Agreement) de la AEE. Recordarán que la AEE llegó a un acuerdo con sus bonistas antes de que se aprobara Promesa y subsiguientemente, el gobierno de Rosselló negoció cambios al mismo que no alteraban su esencia. Este acuerdo se presentó a la junta por la AEE y los bonistas como un “qualifying modification” bajo la sec. 601 de Promesa. Esto es un acuerdo de reestructuración sin la necesidad de recurrir al Título III, que es un procedimiento de quiebra. A pesar de que este acuerdo probablemente está “grandfathered” bajo Promesa, la Junta de Supervisión Fiscal lo rechazó, supuestamente con un voto de 4-3, con la subsiguiente radicación de un Título III para la AEE. Si las alegaciones del reportaje son ciertas y Ms. Matosantos votó a favor de rechazar el RSA, se levantan banderas rojas ante esa decisión y la motivación para llevar a la AEE al Título III y el apoyo de la Junta de Supervisión Fiscal a la privatización de la misma.

Pero de nuevo, el detalle importante es que Ms. Matosantos no ha reportando ninguno de estos potenciales conflictos sobre bienes energéticos. Desde el comienzo de la quiebra y de la privatización de la AEE, los éticos y las revelaciones han brillado por su ausencia con Ms. Matosantos.

¿Es esto razón para que renuncie Ms. Matosantos? ¿De ser cierta esta información, debería el presidente Trump removerla? La sec. 101(e) de Promesa establece que el presidente puede remover un miembro de la junta por causa, pero no dice qué es causa. Siendo así, ¿sería factible que el presidente Trump, impulsivo como es, sustituya a Matosantos, tal vez con un tweet?

Más aun, ¿qué harán los acreedores con esta información, especialmente los bonistas de la AEE y los acreedores de las líneas de combustible? Podrían tal vez solicitarle a la jueza Swain su remoción o reclamar que la radicación del Título III fue inválida y solicitar descubrimiento sobre ello. Esto podría desencadenar eventos que arrojen luz sobre el funcionamiento interno de la Junta.

Sin embargo, sabemos que la saga de la quiebra del ELA y su tumultuosa historia carente de transparencia continúa sin una luz al final del camino.

(4) Comentarios

Maria Gonzalez

Este abogado MUDD el sabiondo que todo lo sabe , raro que no este viviendo el la estadidad alli seria un GRAN abogado de bufete de 1000dolares la hora y aqui se dedica a hablar chisme s en los,programitas de bulling y ahora en este espacio , hay mijito de sabiondo esta lleno el pnp por eso el congreso les tiene el mote de💸💰🐷🐷🤯🤯🤯💩

vulture62

John Mudd es Pro Junta...nothing else to add.

Yotedigo

Matosanto corrupta.

Pescozon

Todo quedará en nada, como de costumbre. La Matosantos saldrá impune y el pueblo se olvidará en unas semanas de todo...

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