Violencia de género

Arrancarle la vida o violar sexualmente a una mujer en el altar del sacrificio de la violencia machista es una herida mortal a la raza humana, aterrorizándonos para afianzar el ejercicio del poder sobre nosotras las mujeres. Una sociedad que se respete a sí misma como vigía de la dignidad humana, debe erradicar todo vestigio de violencia por razón de género. El forcejeo de organizaciones feministas con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que decretase un “estado de emergencia” fue contestado con una declaración de “alerta nacional”. Con esta gesta, la gobernadora Vázquez Garced actuó con mesura y prudencia, tanto en la forma, como en el contenido. No se debe acceder a fondos públicos de la cuenta de emergencias, si el problema es el incumplimiento con la política pública existente.

El emplazamiento político a la Rama Ejecutiva, exige analizar la lucha de poder entre quienes reclaman ser escuchadas y la gobernadora. Exigir participar activamente en una gobernanza democrática requiere traer a la mesa de negociación propuestas novedosas viables. El reclamo enérgico plasmado por una nueva cepa de activistas feministas debe aquilatar la historia que le precedió. Su aparente desinformación se puso en evidencia en sus exigencias políticas. La petición de un decreto de “estado de emergencia”, avalado por alegadas “propuestas” como si fuesen novedosas —cuando existen o han existido, para atajar la violencia machista— lamentablemente no aporta soluciones nuevas al problema crónico. Por ende, hay que evaluar urgentemente la efectividad cualitativa de los servicios públicos existentes para víctimas de violencia, identificando sus deficiencias en su ejecutoria para su cumplimiento cabal, antes de considerar ampliarlos. Anteriormente, dicha petición cayó en oídos sordos, al recomendárselo a la gobernadora Sila María Calderón durante su convocatoria de emergencia para recibir insumo tras el asesinato de Nicole Muñiz en 2003. Además, debemos evaluar críticamente a las entidades comunitarias dependientes de fondos públicos sirviendo como satélites privatizados del gobierno.

Al igual que se le exige a la Rama Ejecutiva prestar atención urgente para atajar la violencia machista, la Rama Judicial no está libre de responsabilidad. El lente ideológico político no puede estar empañado para proteger a la jueza presidenta del Tribunal Supremo (TSPR), Maite Oronoz. También hay que fiscalizar su cumplimiento con una visión no sexista en su ejecutoria administrativa judicial; promulgando seminarios y adiestramientos obligatorios —con comprobado impacto efectivo— en la Academia Judicial. Tras 24 años del estudio publicado, “El discrimen por razón de género en los tribunales” (TSPR, agosto 1995), hay que evaluar si se han corregido sus hallazgos discriminatorios.

Recientemente trascendió información en dos casos judiciales de cómo togadas con mallete en mano, podrían estar reproduciendo el sexismo al aplicar el derecho. En el caso del asesinato a quemarropa de Arellys Mercado Ríos en la marina en Fajardo (18 agosto 2019), la jueza Irmarie Colón Massó inicialmente ordenó una fianza de $300,000. Posteriormente por petición de la Fiscalía, se alegó que el tribunal no tomó en cuenta la peligrosidad del imputado que había “evadido por varios días a la Policía de Puerto Rico, quienes se personaron en múltiples ocasiones a su residencia…, (en) el lugar de negocio, entre otros, para dar con su paradero, resultando infructuosas todas las gestiones para conseguirle”. Ello constituye “conducta indicativa de su intención temprana de evadir su responsabilidad frente a las autoridades” (Moción urgente solicitando aumento de fianza, 22 agosto 2019). Consecuentemente, la jueza Vanessa Sánchez Velázquez aumentó la fianza de $300,000 a $1,150,000 (Resolución, 23 agosto 2019); encarcelándose al imputado.

Por otra parte, en el trámite criminal del exalcalde Héctor O’Neill por violencia sexual contra dos subalternas, la jueza Nerisvel Durán Guzmán desestimó el cargo por infracción al Art. 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental (1985) (Sentencia, 6 septiembre 2019). Esencialmente se argumentó que exigir obligatoriamente “favores sexuales”, no constituye un beneficio “económico” para el imputado de delitos de violencia sexual. La discusión técnica jurídica giró en torno a que la jurisprudencia aplicable previo a la enmienda de 2012 a la Ley de Ética (1985) exigía un beneficio “económico”; concluyéndose que “solo aplicaba a delitos de índole económica y no sexuales” (Ibid, p.9). No se tomó en cuenta lo obvio: la alegada esclavitud sexual al no pagarse del bolsillo privado del alcalde, se contabiliza con un valor económico como un “ahorro”. Obligar a rendir trabajo sexual en contra de la voluntad de una empleada, como condición laboral, pago con fondos públicos, se podría interpretar, como una apropiación ilegal de las arcas públicas, para su beneficio económico, montándose un esquema de esclavas sexuales a su servicio.

Economizarse el pago de un servicio, ¿es o no un beneficio “económico”? ¿Para cuándo el ALERTA ROJA en la Rama Judicial?