Plantón Feminista

En lo que va de año se han reportado 18 feminicidios. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

Es un comentario revelador del ambiente en la discusión pública que entienda necesario comenzar esta columna haciendo constar mi repudio y condena de la violencia contra las mujeres, tan trágicamente marcada en días recientes por los asesinatos de Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas. Hay que atender estos casos con premura e inteligencia, salvaguardando los derechos de todos las partes en el siempre difícil y sufrido ejercicio de la justicia.   

Resulta, sin embargo, que, si uno presenta observaciones o reparos a la forma y manera en que las ideas de feminicidio, perspectiva de género y estados de emergencia son caracterizadas por sus promotores, queda uno pintado con la brocha del patriarcado. A riesgo de señalar lo obvio, uno puede estar a favor de la igualdad ante la ley de todos los seres humanos, del trato digno y equitativo, sin necesidad de asumir el lenguaje, la terminología o la narrativa política de ciertos sectores que lo contextualizan en función de sus predilecciones ideológicas.  

La concepción tribal de las ideas –si no estás conmigo estás en contra mía– tan corriente hoy día en tantos órdenes del debate público representa, a mi juicio, una genuina amenaza al estado liberal democrático que informa nuestro ordenamiento. De ordinario no se les prestaría mayor atención a estas diferencias de opinión. A fin de cuentas, son tan solo eso, opiniones. Creemos y esperamos que nuestro ordenamiento sea capaz de reconciliar tales diferencias en atención a un bien común. Esa reconciliación, sin embargo, se hace más difícil cada día cuando los diversos grupos que conforman una sociedad ni siquiera comparten un entendido de lo que sería un mínimo de bien común. 

La dignidad del ser humano es inviolable, sentencia el Artículo II, Sección 1, de la Constitución de Puerto Rico. Creo que la inmensa mayoría de las personas, independiente de sus creencias, acoge este pronunciamiento. Ahora bien, los principios generales –sean jurídicos, filosóficos o religiosos- se dan en un espacio de abstracción que no atienden casos específicos. La dificultad histórica siempre ha sido cómo concretizar esos principios en las realidades y exigencias del momento. A la vez que se intenta pormenorizar su aplicación y alcance se comienza a distinguir. Normar es discriminar. El hecho de que todos podamos estar de acuerdo con algún principio general no significa que estaremos de acuerdo en cómo se entiende y aplica en situaciones particulares.

Desde esta perspectiva, la intuición medular de nuestro ordenamiento liberal democrático, ganado a lo largo de siglos de violencia y guerras, es que la organización política reside en la protección de los derechos individuales en condiciones de igualdad frente al poder del Estado. Esa concepción de igualdad se ha ido ampliando al calor de las reivindicaciones históricas. El marco institucional de estos procesos reside en el reconocimiento –demasiadas veces tardío- de los derechos civiles de los individuos en todas sus expresiones, sean raciales, nacionales, culturales, económicas, sexuales o religiosas.

Hay sectores políticos que no comparten esta intuición liberal democrática, que reducen el fenómeno político-jurídico al común denominador del ejercicio del poder y la fuerza en atención a sus creencias ideológicas. Desde esta concepción de lo político, la arena normativa es concebida como un instrumento a utilizarse para adelantar sus visiones. Allí donde nuestro ordenamiento parte de la necesidad de limitar el poder del Estado, algunos lo ven como un obstáculo que hay que superar.

Los últimos años han visto un recrudecimiento de lo que en inglés llaman the politics of identity. Se privilegia la identificación de la persona en atención a su grupo de preferencia. Definimos nuestra individualidad de conformidad a una idea colectiva de la identidad. Ya no basta con ser humano. Esta concepción sociológica de la persona socava la concepción político-jurídica.

Una consecuencia inmediata de esta forma de entenderse es que acentúa la oposición entre grupos de una misma sociedad, desarticulando la idea de un bien común y exacerbando las diferencias entre ciudadanos. Las contradicciones no tardan en florecer. Algunas voces que reclaman justicia para Keishla Rodríguez Ortiz no tienen problemas con alentar la violencia contra el acusado en la cárcel. Muchos defensores de los derechos de los acusados callan cuando la jurisdicción federal no le reconoce el derecho a la fianza a Félix Verdejo. El acusado tiene derecho al debido proceso de ley hasta que lo encontremos culpable, anticipando cínicamente la conclusión. Los jueces deben actuar con imparcialidad de acuerdo con los hechos y la ley conformes a su mejor criterio jurídico sin dejarse presionar por el afán público, pero los sancionamos cuando estamos en desacuerdo con sus determinaciones. Escoja en qué grupo se quiere ubicar.

En este ambiente tóxico, la prudencia y la mesura han quedado relegadas para otro día. La ya acostumbrada declaración de estados de emergencias (en el espíritu de Carl Schmidt), la legislación expedita y problemática del feminicidio como un asesinato en primer grado, entre otros, son instancias de una falta de apreciación de los límites de la normatividad y de valoración de los derechos libertarios de los individuos. En la democracia liberal, fundamentada en el respeto al ser humano, la protección a los derechos de uno es la protección al derecho de todos. De estos principios emanan la igual protección de las leyes, el debido proceso de ley y la presunción de inocencia. Después nos preguntamos por qué estamos en crisis.