Juez

El trastoque provocado por la pandemia del Covid-19 en la celebración de juicios presenciales en los tribunales, abona hacia la falta de claridad en cuanto al procesamiento criminal de delitos de violencia contra la persona y el cumplimiento de sentencias carcelarias. Hay varios frentes en que se persigue excarcelar a criminales violentos, ya sea mediante jurisprudencia o legislación. El País está ajeno a la situación compleja que el Departamento de Justicia tiene ante sí, con la secuela de la aplicación del derecho a juicios por jurados unánimes acorde con la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. (TSEU) en el caso Ramos v. Louisiana, (590 US_2020, No. 18-5924, 20/abril/2020). Aparte de expresiones dudosas -de que el Departamento de Justicia estaba listo para asumir dichos litigios- emitidas por la exjefa de fiscales, Arlene Gardón Rivera en la vista de transición celebrada para entregar la administración al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, poco se conoce. Nada se ha informado sobre la cantidad de casos, ni las circunstancias de los delitos graves por los cuales habrá de celebrarse juicios nuevos. No sabemos si el Departamento de Justicia está proactivamente ubicando la prueba documental y citando a los(as) testigos de los casos anulados conforme a la norma establecida del derecho fundamental de juicio por jurado unánime. Tampoco se ha dado a conocer en qué etapa se encuentran los casos en que les aplique la celebración de juicios nuevos.

En medio del encierro por la pandemia, dos casos han despertado el interés público al respecto. El anuncio inmediato de la anulación de la convicción por el asesinato de Carmen Paredes (14/julio/2012) para la celebración de juicio nuevo en contra de Pablo Casellas; y la petición infructuosa de Jensen Medina Cardona en el caso de asesinato de Arellys Mercado Ríos (18/agosto/2019) para solicitar juicio por jurado, habiéndolo renunciado para ser juzgado por tribunal de derecho. Sin embargo, no existe un cuadro completo de los casos que actualmente están pendiente de litigio. Tan siquiera se ha informado qué movimiento, si alguno, ha ocurrido en el caso de las siete menores de edad víctimas de actos lascivos de parte de su maestro de matemáticas que dio pie a la aplicación de jurados unánimes en Puerto Rico (Pueblo de PR v. Torres Rivera, CC-2019-0916, 8/mayo/2020). ¿Fiscalía pretenderá transigirlo debajo del radar escudándose tras la excusa de evitarle a las jóvenes tener que declarar nuevamente?

Por otra parte, estará por verse el impacto que pueda tener sobre Puerto Rico, la decisión pendiente del caso Edwards v. Vannoy (TSEU, No. 19-5807, 29/agosto/2019) para la aplicación o no retroactiva del derecho a juicios por jurados unánimes a casos que advinieron finales y firmes. Al día de hoy, la mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) aparentemente está en espera de la decisión de Edwards v. Vannoy antes de expresarse. A pesar de que la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, la exjueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez y el juez asociado Luis Estrella Martínez interesaban tomar postura al respecto, la mayoría de la curia optó por no expresarse cuando tuvo la oportunidad en el caso de Pueblo de PR v. Ernesto Ramos Amador (CC-2017-179, 3/junio/2020). Ni tan siquiera el asesinato en segundo grado de una víctima impactada por un carro tras una acalorada discusión -cuyo cuerpo fue arrastrado por un tramo considerable en un gesto perverso malvado- movió la discreción de la mayoría del TSPR, para evitar el vía crucis de remolcar su caso a través del tribunal de primera instancia, y el apelativo, para regresar nuevamente al más alto foro.

Pescando votos de los(as) confinados(as) en plena pandemia, otro mecanismo nuevo para excarcelar aceleradamente a confinados(as) tiene abacorado al Departamento de Corrección y Rehabilitación por las liberaciones masivas de aproximadamente 452 confinados(as) beneficiados(as) por la Ley 87 (4/agosto/2020) aprobada evidentemente con fines electoreros. La misma persigue instaurar inequitativamente bonificaciones a confinados(as) sentenciados(as) bajo los códigos penales menos severos de 2004 y 2012 enmendado, con sentenciados(as) bajo el Código Penal de 1974. Contrario a su justificación de equiparar la posibilidad de bonificar a todo(a) preso(a), da al traste con la filosofía de “sentencias reales” legisladas en el Código Penal de 2004 y 2012 que bajaron las penas al absorber automáticamente las bonificaciones que anteriormente se otorgaban a presos(as) sentenciado(as) con penas más severas bajo el Código Penal de 1974. Irónicamente, convictos(as) cumpliendo sentencias en programas de comunidad prefieren solicitar su reingreso a la cárcel para reducir el tiempo pendiente. ¡Quien hizo la ley por debajo del radar covidesco, hizo la trampa!